Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala V, 24 de Agosto de 2021, expediente CAF 089739/2018/CA001

Fecha de Resolución24 de Agosto de 2021
EmisorCamara Contencioso Administrativo Federal- Sala V

Poder Judicial de la Nación CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

FEDERAL- SALA V

89739/2018 J.R., S.J. c/ EN-M INTERIOR OP Y

V-DNM s/RECURSO DIRECTO DNM

Buenos Aires, de agosto de 2021.-

VISTOS Y CONSDIERANDO:

  1. Que, por medio de la sentencia del 30

    de diciembre de 2019, el Juez de primera instancia rechazó el recurso interpuesto por S.J.J.R., de nacionalidad uruguaya,

    contra la Disposición nro. 156.211 del 11 de septiembre de 2014, y su confirmatoria nro. 156.356, del 2 de agosto de 2018, de la Dirección Nacional de Migraciones, por medio de las cuales se había declarado irregular la permanencia de la demandante, ordenado su expulsión del territorio nacional, y prohibido su reingreso con carácter permanente.

    Todo ello, por haber sido condenada a la pena de 10 años de prisión por considerarla responsable del delito de homicidio por el Tribunal Oral en lo Criminal nro. 3 de la Capital Federal. Además, autorizó a concretar la retención de la demandante una vez que la sentencia se encontrara firme y consentida, e impuso las costas a la actora vencida.

    Como fundamento, en primer término,

    señaló que el planteo de la recurrente no resultaba atendible porque la decisión de la Dirección Nacional de Migraciones resultaba ajustada a derecho. Destacó que, en el caso, se había configurado una de los supuestos que obstaban la permanencia de la extranjera en el país previstos en el artículo 29 de la ley 25.871, y los actos impugnados habían sido dictados como consecuencia de su incumplimiento. Por ello,

    sostuvo que la autoridad migratoria no había actuado en forma ilegítima o arbitraria sino que había aplicado la normativa migratoria usando las potestades legales reconocidas en ella.

    Por otra parte, y con respecto a la dispensa por reunificación familiar invocada por la actora, sostuvo que se trata de una facultad discrecional de la Dirección Nacional de Migraciones que debe analizar en cada caso en particular. Destacó que, en la especie, la autoridad migratoria había examinado el planteo de la demandante y lo Fecha de firma: 24/08/2021

    Firmado por: G.F.T., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: PABLO GALLEGOS FEDRIANI, JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: M.N.P., PROSECRETARIO LETRADO

    Firmado por: J.A., JUEZ DE CAMARA

    había desestimado, al considerar que la naturaleza del delito por el cual fue condenada obstaba a su concesión, lo que encontraba sustento en las constancias del expediente administrativo, y daba cuenta de un ejercicio razonable de la facultad discrecional de la administración. Al respecto,

    recordó que la ley de migraciones tiene como objetivo tanto garantizar el ejercicio del derecho a la reunificación familiar como promover el orden internacional y la justicia, denegando el ingreso y permanencia en el territorio argentino a personas involucradas en actos reprimidos penalmente por nuestra legislación (cfr. artículo 3, incisos d) y j), de la ley 25.871).

  2. Que, por medio de la presentación del 7

    de febrero de 2020, apeló y expresó agravios la Comisión del Migrante en representación de S.J.J.R., los que fueron replicados por la contraria mediante la presentación del 19 de febrero de 2020.

    En primer término, sostiene que la sentencia apelada es inconstitucional por afectar su derecho a la reunificación familiar, y porque no se realizó el test de razonabilidad de la medida expulsiva. Ello, pues de las constancias de la causa surge que reside en el territorio nacional desde su ingreso cuando era menor de edad, es decir, prácticamente toda su vida; y, además, aquí se encuentran todos sus vínculos familiares. En particular, sus 5 hijos menores de edad argentinos, que - según sostiene - dependen de su cuidado, tanto en términos afectivos como económicos.

    Indica que, tanto la Ley 25.871 como los tratados internacionales con jerarquía constitucional reconocen una protección especial a la familia y a la vida familiar. Agrega que “la sola comisión de un delito no es suficiente para que la autoridad migratoria dicte la expulsión de una persona migrante,…, sin valorar las circunstancias fácticas personales de mi pupila y su núcleo familiar conformado en Argentina” (fs. 293).

    Destaca que ingresó al país hace aproximadamente 30 años cuando tenía solo 9 años de edad, y que aquí

    conformó su familia. Precisa que es madre de 11 ciudadanos argentinos,

    y 5 de ellos, son menores de edad. Por ello, sostiene que se “ha obviado Fecha de firma: 24/08/2021

    Firmado por: G.F.T., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: PABLO GALLEGOS FEDRIANI, JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: M.N.P., PROSECRETARIO LETRADO

    Firmado por: J.A., JUEZ DE CAMARA

    Poder Judicial de la Nación CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

    FEDERAL- SALA V

    toda consideración tanto de las disposiciones mencionadas como de los alcances disvaliosos que la separación familiar tendrá para el desarrollo de los niños involucrados”. Concretamente, refiere que ni “la autoridad administrativa ni el sentenciante, han atendido en momento alguno que la restricción de reingreso permanente romperá el vínculo directo entre los niños y su madre o, con idéntica gravedad, impondrá forzadamente que niños nacionales argentinos hagan abandono del país para acompañar a su progenitor” (fs. 296vta.).

    Además, se agravia de que no se haya tomado en cuenta el interés superior del niño. Destaca que es obligación del Estado examinar dichos extremos en todas aquellas situaciones en la que los niños y niñas puedan resultar afectadas, y, al omitir considerar los intereses de los niños y niñas involucradas en la causa, se ha vulnerado sus derechos. Señala que los Estados deben respetar el derecho a ser oído de los niños y niñas, y resulta ineludible conferirles participación “debido a su especial condición y a la vulnerabilidad propia de su edad y de la dependencia que tienen los niños con su madres, directamente afectados por la decisión adoptada” (fs. 295).

    En otro orden, se agravia de que en el caso se haya aplicado el artículo 70 de la Ley 25.871, pues sostiene que con la modificación introducida por el Decreto de Necesidad y Urgencia nro.

    70/17, en lo relativo a la extensión del plazo de la retención, se pasó de un plazo de 15 días, prorrogable hasta un máximo de 30 días, a uno de 30 días prorrogable por otros 30 días más. De manera tal que la retención se podría extender hasta 60 días sin exigir la acreditación de situaciones excepcionales que justifiquen la privación de la libertad con esa extensión. Además...

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