Sentencia Definitiva de SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA, 10 de Mayo de 2017, expediente C 100085

PresidenteNegri-Pettigiani-de Lázzari-Kogan-Soria-Genoud
Fecha de Resolución10 de Mayo de 2017
EmisorSUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA

A C U E R D O

En la ciudad de La Plata, a 10 de mayo de 2017, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctoresN., P., de L., K., S., G.,se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa C. 100.085, "J., J.F. contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Expropiación inversa".

A N T E C E D E N T E S

La Sala III de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de La Plata revocó la sentencia de primera instancia, elevó el capital indemnizatorio e impuso las costas, en ambas instancias, al Fisco vencido (fs. 443 vta.).

Se interpuso, por el demandado, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (fs. 446/452 vta.).

Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente

C U E S T I Ó N

¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?

V O T A C I Ó N

A la cuestión planteada, el señor Juez doctor N. dijo:

  1. La Cámara consideró que la sentencia de primera instancia no se ajustaba a derecho y, en consecuencia, la revocó. Elevó el capital indemnizatorio e impuso las costas, en ambas instancias, al Fisco vencido (v. fs. 437/443 vta.).

  2. Contra dicho pronunciamiento se alza la demandada por vía del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denunció absurdo y violación de los arts. 17 y 18 de la Constitución nacional; 16, 499, 520, 1068 del Código Civil; 163 incs. 5 y 6, 164 del Código Procesal Civil y Comercial; 8 y 35 de la ley 5708 y doctrina legal que cita. Hizo reserva del caso federal (fs. 446/453).

    Aduce que el fallo se aparta del texto claro y expreso de la ley y de la doctrina legal aplicable, resolviendo más allá de lo peticionado por la actora al establecer el monto dinerario conforme a los precios y valores de plaza, vigentes al momento de las pericias (conf. art. 8, ley 5708; fs. 448).

    En este sentido, sostiene que si los jueces consideraban injusta la norma, debieron declarar previamente su inconstitucionalidad y, al omitir tal procedimiento, han vulnerado el derecho de defensa en juicio de la provincia (fs. 448 vta.).

    Agrega que la sentencia incurre en el vicio de absurdo al concluir que la aplicación de valores "a la fecha de la desposesión" resulta inconciliable con los principios de raigambre constitucional que ordenan establecer "valores actuales" (fs. 449 vta.).

    A., asimismo, que existe doble indemnización por el mismo concepto, toda vez que la ley compensa la privación de uso a través de los intereses compensatorios que corren a partir del momento de la desposesión (fs. 450).

    Por último, se agravia por la suma establecida en concepto de desvalorización del remanente, habida cuenta que la misma excede la calificación de "justa", al comprender daños que no son consecuencia forzosa y directa de la expropiación sino el producto del funcionamiento de la obra hidráulica (fs. 451/452 vta.).

  3. El recurso no prospera.

    1. La Cámara señaló que la sujeción estricta al texto del art. 8 de la ley 5708 cuando la desposesión se ubica en el tiempo que regía la ley de convertibilidad y los valores de esa época han quedado relegados por los valores actuales del bien en el mercado inmobiliario, conculca el derecho de propiedad que consagra el art. 17 de la Constitución nacional (v. fs. 438).

      Aclaró que, en el presente caso, los valores establecidos a la fecha de desposesión, acaecida en el mes de junio de 1995, ya no representaban el valor objetivo del bien. Que no se estaba frente a una actualización, reajuste, o indexación de valores históricos, sino ante el deber constitucional de aplicar valores adecuados a la realidad económica de la fecha en que se pronuncia el fallo (fs. cit.).

      Así, luego de analizar el art. 17 de la Constitución nacional, interpretó los arts. 8 y 35 de la ley 5.708 y 2511 del Código Civil considerando que"... si en el estadio en que debe fallarse el proceso está debidamente acreditado que el monto referido a la desposesión no refleja ya el valor real del bien a la época de la sentencia, va de suyo que esa circunstancia debe ser expresamente ponderada por el juez"(v. fs. 439).

      En consecuencia, en la sentencia dictada el 31 de octubre de 2006, tuvo en cuenta el valor promedio de la tierra establecido a la fecha de realización de las pericias obrantes a fs. 169 vta. y 305.

    2. Esta Corte tiene dicho que determinar el justo valor expropiatorio a través del análisis de la prueba producida en la causa -fundamentalmente la pericial- constituye una tarea propia y privativa de los jueces de las instancias ordinarias, que sólo puede ser objeto de revisión en la sede extraordinaria si se demuestra que en el pronunciamiento impugnado se ha incurrido en absurdo (Ac 41.879, sent. del 26-XII-1989; Ac 83.008, sent. del 21-V-2003; C 98.612, sent. del 10-XII-2008, entre muchos otros).

      Vicio lógico que no encuentro configurado en autos.

      La indemnización debe ser justa e integral. Ello no está dicho expresamente en la Constitución, pero surge del carácter de la indemnización, que es un resarcimiento. Indemnizar quiere decir dejar indemne o sin daños, lo que equivale a dar al expropiado el mismo valor de la propiedad que se le expropia. La expropiación no debe empobrecer ni enriquecer al expropiado: debe dejarlo en igual situación económica. De allí que el valor que se le expropia sea el objeto de la obligación resarcitoria que tiene el expropiante, y que si bien ese valor se expresa o mide en dinero, la deuda no sea dineraria sino de valor (Bidart Campos, G.J., "Régimen Constitucional de la expropiación" LL 155-956).

      A tenor del desfase económico vivido en nuestro país, puesto en evidencia a través de las pericias acompañadas en autos, advierto que de establecerse la indemnización estrictamente conforme el sistema previsto en el art. 8 de la referida ley, no se reemplazaría el valor de la cosa en el patrimonio del expropiado y de ese modo, se vería vulnerado el derecho de propiedad del actor.

      Es por ello que, para establecer la cuantía de la indemnización, corresponde efectuar una interpretación sistémica del esquema indemnizatorio establecido por la ley expropiatoria provincial a la luz de lo normado por el art. 17 de la Constitución nacional, con el objeto de establecer, en cada caso, la "justa" indemnización que el propietario desposeído reclama (conf. mi voto en C. 101.107, sent. del 23-III-2010).

      Ello no implica una actualización, reajuste o indexación, sino el cumplimiento del deber de indemnizar a valores actuales, en consideración a derechos constitucionales debidamente reconocidos (arts. 14 y 17, Constitución nacional; 2511, Código Civil).

      En ese orden de ideas, considero que no se han demostrado las infracciones legales denunciadas (conf. doct. art. 279, C.P.C.C.).

      El monto de condena determinado por la Cámara resguarda el derecho de propiedad del expropiado, quien fue desposeído en el año 1995 sin haber recibido su debida indemnización (conf. arg. arts. 14, 17, 19, 28, 31, 33, 75 inc. 22 y concs., C.. nac. y 1, 11, 31 y concs., C.. prov.).

    3. Tampoco se evidencia la conculcación del derecho de defensa que el impugnante denuncia. Como señalé, los jueces conforme facultades que le son propias han establecido el monto indemnizatorio cumpliendo la manda constitucional y teniendo en cuenta valuaciones que fueran determinadas en los informes periciales obrantes en autos, de los que se corrió debido traslado (v. fs. 172 y 308; art. 18, C.. nac.; Ac. 84.701, sent. 18-XI-2003; Ac. 88.317, sent. del 24-V-2006; C. 97.124...

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