Sentencia nº 96 de Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial (Sala I) - Rosario, 11 de Septiembre de 2017

Presidente386/17
Fecha de Resolución11 de Septiembre de 2017
EmisorCámara de Apelación en lo Civil y Comercial (Sala I) - Rosario

Auto N° 172 R., 11 de Setiembre de 2017

Y VISTOS: Los presentes caratulados "JOVOVIC, M. de los Ángeles contra MUNICIPALIDAD DE ROSARIO y otros sobre Medida autosatisfactiva", E.. N.. 96/2017, C.U.I.J. N.. 21-02877042-9, venidos del Juzgado de Primera Instancia de Distrito Civil y Comercial de la 16° Nominación de R. para resolver los recursos de apelación y nulidad interpuestos por la Municipalidad de R. a foja 230 y por la parte actora a foja 232, contra el auto N° 376 de fecha 23.03.2017 (fs. 224/229); habiendo expresado sus agravios la parte actora a fojas 255/269 (los que fueron contestados por las codemandadas y por la citada en garantía a fojas 285/286, 315/320 y 335/339, respectivamente) y la Municipalidad de R. a fojas 287/291, los que fueron contestados por la actora a fojas 301/306.

Y CONSIDERANDO:

  1. - Antecedentes:

    1.1.- La Resolución impugnada: Mediante auto N° 376 de fecha 23.03.2017, obrante a fojas 224/229, el juez de primera instancia hizo lugar a la medida autosatisfactiva planteada por M. de los Ángeles J. y, en consecuencia, otorgó el plazo de 20 días corridos desde que adquiera firmeza la resolución para que la Municipalidad de R. y/o el Consorcio de copropietarios procedan a apuntalar y/o demoler las construcciones siniestradas de forma tal que no exista peligro de derrumbe, bajo apercibimiento de aplicarse las sanciones conminatorias que correspondan y que serán evaluadas por el Tribunal en caso de incumplimiento, e impuso las costas a los codemandados condenados. Asimismo rechazó la acción instaurada contra S.M.G. Compañía A.entina de Seguros S.A., con costas por su orden.

    Relató el sentenciante que la actora inició el presente proceso invocando su calidad de copropietaria del denominado Consorcio de Propietarios Brown 2084 y Balcarce 23 bis, demandando al citado Consorcio, a la Municipalidad de R. y a la Cía. Aseguradora SMG Compañía A.entina de Seguros SA, tendiente a obtener de la parte demandada la demolición o el apuntalamiento de las partes estructurales del citado edificio, atento la situación en la que se encuentran a consecuencia del siniestro ocurrido en fecha 23 de marzo de 2016. Sostuvo que a tenor de lo preceptuado por el artículo 1.712, la actora posee en su carácter de copropietaria del edificio siniestrado la legitimación para el ejercicio de la presente acción; y que el hecho que desencadena la promoción de la presente demanda constituye a todas luces un hecho notorio, y por ende exento de prueba.

    Analizó en primer lugar la responsabilidad del consorcio de copropietarios a partir del intercambio epistolar acompañado por las partes, del cual destacó que en fecha 22/08/16 la actora intimó al administrador Valencia Propiedades SRL para que informara las gestiones que hubiere realizado en relación al siniestro acaecido y solicitó la convocatoria a una asamblea extraordinaria para debatir entre todos los consorcistas las acciones a seguir como consecuencia de aquél; que dicha intimación fue contestada por el administrador manifestando que habían comparecido en el proceso penal y efectuado la denuncia ante la compañía aseguradora SMG Cía. A.. de Seguros SA, a fin de ejercer los derechos derivados de la póliza contratada, y rechazando la posibilidad de convocar a una asamblea extraordinaria como consecuencia de no contar el pedido con la tercera parte de los votos de los consorcistas tal como se desprende del artículo 16 del Reglamento de Copropiedad. Consideró el A-quo que la actitud asumida por el administrador del consorcio resultaba violatoria de las normas contractuales y del principio de buena fe, dado que el evento dañoso provocó la inutilización de una buena parte del edificio, la muerte de una persona y generado una entendible situación de incertidumbre de los consorcistas, motivo por el cual no se explica su negativa a convocar la asamblea peticionada aún cuando no se hubiere cumplido con el estricto requisito del artículo 16 del reglamento de copropiedad. Añadió que del art. 21 inc. I de dicho reglamento, analizado en conjunto con los artículos 2.067 inc. c) y 2.055 del Código Civil y Comercial de la Nación, se desprende de manera clara la imperiosa necesidad de convocar una asamblea. Por último, descartó el argumento del administrador para no convocar una reunión basado en la presunta imposibilidad de los inspectores pertenecientes al estudio liquidador designado para acceder al inmueble, en tanto consideró que este extremo podría dilatarse sine die si no se toma una decisión definitiva al respecto.

    En segundo lugar, estudió la responsabilidad que le podía caber a la codemandada Municipalidad de R.. Infirió de las constancias de autos que, apenas producido el siniestro, aquélla tomó intervención a través de Defensa Civil y de la Dirección de Obras Particulares, labrándose las actuaciones respectivas, luego agregadas al legajo del Ministerio Público de la Acusación CUIJ N° 21-06422418-9, caratulado: "s/ Estrago Culposo Agravado", reservado en Secretaría. Narró que luego de las diligencias judiciales ordenadas por la F. Piazza Iglesias, ésta puso en conocimiento a la Municipalidad de R. de la existencia de un grave peligro de derrumbe y que autorizaba a llevar adelante las tareas necesarias para prevenir posibles daños; que pocos días más tarde, y ante la inacción de la Municipalidad, en fecha 18.08.2016 la F. se comunicó telefónicamente con personal de la Municipalidad reiterando la situación por la que atravesaba el inmueble, dejando constancia que el pedido de apuntalamiento o demolición ingresó a la Dirección de Obras Particulares en fecha 05.08.2016. Analizó también el A-quo el informe pericial llevado a cabo por la Facultad de Ciencias Exactas Ingeniería y Agrimensura de la Universidad Nacional de R., cuyo original obra en el legajo mencionado supra, y advirtió que en el mismo se encuentra determinada la profunda peligrosidad de la estructura remanente de la explosión, así como el consejo de los peritos intervinientes respecto de la demolición y/o el apuntalamiento dejando la decisión final acerca de la extensión en uno u otro sentido a la Dirección de Obras particulares de la Municipalidad. Afirmó que la Ley Orgánica de las Municipalidades N° 2756 en su artículo 39 establece que es obligación del municipio en materia de obra pública reglamentar la construcción de los edificios particulares, con el fin de garantizar la solidez e higiene, y ordenar la compostura o demolición de aquéllos que por su estado ruinoso ofrezcan peligro inminente (art. 39 inc. 27), y que asimismo pueden y deben disponer lo conducente para que las construcciones particulares posean condiciones de seguridad e higiene (art. 39 inc. 26). Concluyó que las constancias derivadas del proceso penal y su confrontación con la normativa vigente denotan un severo incumplimiento de las obligaciones que pesan sobre el municipio, en tanto nada ha hecho desde el mes de agosto de 2016, cuando tomó conocimiento del dictamen pericial señalado, del peligro del edificio que en esas condiciones representaba y de la comunicación emanada del fiscal actuante en el sentido de que se podían realizar todas las actividades tendientes a conjurar dicho peligro potencial.

    Analizó también la cuestión a la luz de los nuevos principios generales de la responsabilidad civil incorporada al Código Civil y Comercial de la Nación, en particular en los artículos 1.710 y 1.711 que establecen el deber de prevención que debe regir en esta materia; señaló que habiéndose producido la explosión que provocó la destrucción parcial del edificio, es necesario impedir el agravamiento de los menoscabos que pueden seguir produciéndose por omisión de aquellos sujetos que tienen el deber legal y contractual de actuar en esta situación, en particular la Municipalidad de R. en el ejercicio de su poder de policía y el consorcio de copropietarios.

    Finalmente, rechazó la acción intentada respecto de la compañía de seguros citada, SMG Compañía A.entina de Seguros S.A., por considerar que la obligación contractual de la misma consiste en responder patrimonialmente por los gastos que las tareas de demolición, apuntalamiento, o remoción de escombros, o cualquier otra que estuviere contenida en el riesgo asegurado, con lo cual independientemente de las acciones resarcitorias que puedan ejercerse en su contra por parte de los co-demandados no le corresponde encargarse de las tareas de apuntalamiento o demolición del edificio siniestrado, particularmente en el marco del estrecho proceso cognoscitivo que se la ha dado al presente proceso.

    1.2. Los agravios de la actora: La parte actora expresó sus agravios a fojas 255/269. En su primer agravio, se queja en relación al plazo otorgado para el cumplimiento de la sentencia y a los efectos de la concesión del recurso. Explica que la acción entablada tenía por fin dar una solución urgente al inminente peligro de derrumbe que revisten las estructuras de los bloques habitacionales involucrados en autos; que los requisitos de procedencia se encontraban acreditados y fueron advertidos por el A-quo en la sentencia; y que tanto el consorcio demandado como la Municipalidad de R. omitieron actuar diligentemente para hacer cesar el peligro. Alega que la fórmula de condena utilizada por el sentenciante, que otorgó a los accionados "un plazo de veinte días desde que quede firme la resolución", echa por tierra dicha finalidad del proceso, en tanto adelanta que los recursos interpuestos contra la resolución tendrían efecto suspensivo, privándose a su parte de discutir dicho efecto en segunda instancia atento que ello se encuentra expresamente establecido en la resolución. Hace notar además que pese a haber sido solicitado desde la interposición de la demanda, el juez no adoptó en la sentencia medida cautelar alguna tendiente a resguardar la salud de los ciudadanos en general y los intereses patrimoniales de su parte. Solicita se resuelva condenando a los demandados a cumplir con las medidas ordenadas en un...

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