Sentencia Definitiva de SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA, 17 de Julio de 2003, expediente P 64522

PresidenteSoria-de Lázzari-Salas-Soria-Hitters
Fecha de Resolución17 de Julio de 2003
EmisorSUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA

Dictamen de la Procuración General:

La Sala III de la Cámara de Apelación en lo Criminal y Correccional de S.M. condenó a C.A.J. a la pena única de seis años y ocho meses de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor responsable de robo simple (hecho de la presente causa), robo calificado en grado de tentativa (hecho de la causa nº 1.624 del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de Sentencia Letra V) y robo (hecho de la causa nº 7.093 del Juzgado de Sentencia Letra E). Art. 164 del Código Penal (fs. 314/316 vta.).

Contra este pronunciamiento interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley la defensora oficial del procesado (fs. 328/330).

Denuncia la violación de los arts. 40 y 41 del Código Penal.

Cuestiona que la Cámara haya incorporado como circunstancia agravante -además de las valoradas en la sentencia de fs. 274/281 vta.- el hecho de que el objeto desapoderado fuera automotor. En el caso, considera que valorar esa pauta de agravación en esta instancia implica una clara violación del principio de congruencia.

Sostiene, además, que no se debería computar como agravante el considerable valor que reviste el automotor dentro de la sociedad, pues -a su juicio- dicho valor resulta superior o igual al que poseen otros objetos.

Opino que el recurso no puede tener acogida favorable.

En el caso que me ocupa, la impugnante entiende que se ha vulnerado el principio de congruencia en razón de que el primer pronunciamiento de fs. 274/281 vta. no incluyó la circunstancia agravante cuestionada.

A mi modo de ver, el fallo no transgrede el principio de congruencia, toda vez que la descripción del hecho efectuada en el escrito acusatorio (v. fs. 205/209) y la que resulta del contexto del fallo no son, objetivamente y en sustancia, distintas (conf. doct. causa P. 38.520 del 14-11-89). Ello no implica que el sentenciante deba valorar las mismas circunstancias atenuantes o agravantes que fueron tenidas en cuenta por el Fiscal de Primera Instancia, ni que deba ceñirse estrictamente a la calificación legal propiciada por el acusador público (conf. doct. dictamen de esta Procuración General en causa P. 59.584).

Es que como bien ha señalado V.E. en reiteradas oportunidades, los jueces de la instancia ordinaria son soberanos en la apreciación de las circunstancias agravantes y atenuantes mencionadas en los arts. 40 y 41 del Código Penal a los efectos de la graduación de la pena, siendo revisables sus conclusiones en casación únicamente cuando se denuncia y demuestra, que con violándose las leyes de la prueba se ha omitido computar un motivo de atenuación o se ha valorado como agravante lo que debe ser atenuante o que medie infracción de las escalas penales fijadas para el delito (conf. doct. causas P. 33.082 del 14-4-87 y P. 40.570 del 12-12-89; entre otras; y dictamen de esta Procuración General en causa P.57.808), lo que no sucede en el pronunciamiento en crisis.

Sin perjuicio de lo anterior, la recurrente no indica cuál o cuáles de las pautas enunciadas en la normativa que se dice violada habría transgredido el juzgador, por lo que corresponde desestimar el planteo.

Al respecto, también ha decidido V.E. que es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que no se relacionan los agravios sobre la valoración de una circunstancia como agravante con el contenido de los arts. 40 y 41 del Código Penal que se citan como transgredidos (conf. doct. causa P. 51.581 del 19-9-94).

Por lo que llevo dicho, propicio el rechazo de...

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