Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal, 6 de Septiembre de 2010, expediente 9.715

Fecha de Resolución 6 de Septiembre de 2010

CAUSA Nro.

JEREZ, S. s/recurso de c Cámara Nacional de Casación Penal Año del Bicentenario MARTÍN JOSÉ GONZALES CHAVES

Prosecretario de Cámara REGISTRO NRO.

la ciudad de Buenos Aires, a los 6

días del mes de septiembre del año dos mil diez, se reúne la Sala IV de la Cámara Nacional de Casación Penal, integrada por el doctor M.G.P. como P. y los doctores G.M.H. y A.M.D.O. como Vocales, asistidos por el Prosecretario de Cámara doctor M.J.G.C., a los efectos de resolver los recursos de casación interpuestos a fs. 557/558 vta. y 559/567, de la presente causa Nro 9715 del registro de esta Sala, caratulada: “JEREZ,

S.E. y otra s/recurso de casación”, de la que RESULTA:

  1. Que el Tribunal Oral en lo Criminal Nro 5 de la Capìtal Federal, con fecha 21 de julio de 2008, en la causa Nro 2862 de su Registro, en lo que aquí interesa:

  2. CONDENÓ a S.E.J., a cumplir la pena de diez años de prisión, accesorias legales y costas por resultar coautor penalmente responsable de los delitos de robo agravado por el uso de armas y privación ilegal de la libertad agravada por el compelimiento de la víctima y por el concurso de tres personas,

    ambos en concurso ideal y

  3. CONDENÓ a C.E.C.,

    a cumplir la pena de diez años de prisión, accesorias legales y costas por resultar coautora penalmente responsable de los delitos de robo agravado por el uso de armas y privación ilegal de la libertad agravada por el compelimiento de la víctima y por el concurso de tres personas, ambos en concurso ideal. Citó en ambos casos los arts. 12, 29 inc. 3°, 45, 54, 142 bis, primer párrafo e inc. 6°, del C.P. (fs. 524/524 vta.).

    −1−

  4. Que contra dicha resolución interpusieron recurso de casación, por un lado, la señora Defensora Pública Oficial doctora M.L.N., asistiendo a C.E.C. y, por otro, el doctor C.B., asistiendo a S.E.J., los que fueron concedidos a fs. 570 y mantenidos a fs. 595 y 596, sin adhesión por parte del señor F. General ante esta Cámara doctor R.N. (fs. 593

    vta.).

  5. Que la defensa de J. encarriló su impugnación por vía del primer motivo previsto en el art. 456 del C.P.P.N.. Por esta vía sostuvo que el tribunal aplicó erróneamente las figuras contenidas en los arts. 166, inc. segundo y 142 bis del C.

    señaló que el tiempo por el cual la víctima permaneció privada de su libertad no era suficiente para sustentar la confi-guración de un delito autónomo y además solicitó que debió haberse concluido en que el accionar desplegado no alcanzó la etapa final del iter criminis en tanto los objetos fueron recuperados de modo tal que no se superó la etapa de conato.

    En segundo lugar, se quejó de la aplicación que de los arts. 40 y 41 de C.P. efectuó el a quo. En tal sentido, aseveró que el tribunal no tuvo en cuenta las verdaderas condiciones personales de su defendido ni la mani-festación concreta y sincera de arrepentimiento que éste evidenció.

    Tachó de arbitrario al pronunciamiento que impugnó e hizo reserva del caso federal.

  6. Que, en segundo término, la defensa de Castro encauzó su recurso por vía del primer motivo previsto en el art.

    456 del ordenamiento procesal.

    En esa dirección, cuestionó la significación jurídica −2−

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    Prosecretario de Cámara dada por el tribunal al hecho que se tuvo por cierto en relación a su defendido.

    En lo que a la utilización del arma respecta, destacó

    que equiparar un arma impropia -jeringa y tijera- al concepto de arma escogido por el legislador sin dar un razonamiento que lo avale no resulta lógico. Cuestionó así que el tribunal no diera las razones de porqué los elementos secuestrados constituyeron, a su parecer, armas y, por ende, su incautación contribuyera a agravar el ilícito contra la propiedad que se le ha endilgado.

    Señaló que la equiparación efectuada (objetos punzo cortantes - armas) viola la prohibición de la interpretación analógica in malam partem y que, a su modo de ver, “un legislador razonable no pudo haber entendido que las armas se trataban de cualquier objeto, por la sola circunstancia de su capacidad ofensiva o defensiva o por aumentar el poder vulnerante del autor”.

    Explicó porqué ni las tijeras ni las jeringas podían ser consideradas armas en el caso concreto y cuestionó la argumentación dada por el tribunal para otorgar poder vulnerante a la jeringa conteniendo P. que los imputados utilizaron para llevar a cabo su plan desapoderativo. Iteró que el potencial poder ofensivo de los elementos mencionados no los convierte per se en armas blancas, dado que éstos no se adecuan al concepto de arma en sentido jurídico y concluyó en que dicha utilización formó parte, en definitiva, de la violencia propia del robo simple que se halla tipificado en el art. 164 del Código Penal.

    −3−

    Citó doctrina en aval de su postura.

    Al igual que la defensa de Jerez, cuestionó que el tribunal considerase configurado el delito de privación ilegítima de la libertad.

    Sostuvo que la permanencia de la damnificada dentro de su automóvil coincidió con el tiempo que insumió el robo que,

    a su juicio, tuvo distintas etapas consumativas a lo largo de algunos barrios de la ciudad pero dicha retención no lo convierte automáticamente en una figura indepen-diente.

    Señaló que si bien en ningún lado se encuentra establecido cuánto tiene que durar un robo, lo cierto es que la intención convergente de los sujetos debería contribuir a dilucidar si se trata de una figura o un concurso de dos o más.

    En el caso, dijo, la retención de la víctima sólo tuvo por objeto la concreción del robo y asegurar la impunidad de los autores sin que se verifique, menoscabo alguno a la libertad más allá de aquél que importa la violencia propia de la figura que protege la propiedad. Finalizó afirmando que la privación ilegítima de la libertad que se le ha imputado a su defendida quedó

    íntegramente subsumida por el robo pues “quedó claro en la audiencia que el único designio delictivo que guiaba el accionar de los imputados era el despojo patrimonial”.

    Hizo reserva del caso federal.

  7. Que en la oportunidad prevista en los arts. 465,

    primer párrafo, y 466 del C.P.P.N., se presentó a fs. 599/601 vta.

    el señor F. General ante esta Cámara, doctor P.N.,

    y solicitó el rechazo de los recursos deducidos. En la misma oportunidad procesal se presentó a fs. 602/603 vta. la señora Defensora Pública Oficial ante esta instancia doctora L.B.P. y reiterando los argumentos dados por su antecesora, solicitó que se haga lugar al recurso deducido.

  8. Que luego de superada la etapa procesal prevista −4−

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    Prosecretario de Cámara por el art. 468 del C.P.P.N., de lo que se dejó constancia a fs.

    617, quedaron las actuaciones en estado de ser resueltas.

    Efectuado el sorteo de ley para que los señores jueces emitan su voto, resultó el siguiente orden sucesivo de votación: doctores G.M.H., A.M.D.O. y M.G.P..

    El señor juez G.M.H. dijo:

  9. Dado que los recursos resultan formalmente admisibles a la luz de los arts. 438, 456, 457, 459 y 463 del C.P.P.N., cabe analizar entonces los puntuales cuestionamientos traídos a estudio por ambos recurrentes para fundar la vía casatoria intentada.

  10. Previo a ello, formularé una breve sinopsis de los hechos tenido por ciertos por el tribunal a quo y de las pruebas en las que dicha decisión halló sustento.

    Así, se tuvo por acreditado que la noche del día 15 de octubre de 2007, E.N.L. fue víctima de un robo protagonizado por tres personas mediante el empleo de distintos elementos esgrimidos y usados como arma, una jeringa y una tijera, en cuyo transcurso fue, a su vez, sometida a un cautiverio que tuvo por objeto despojarla de las pertenencias que llevaba consigo y además, obligarla a aportar la clave que, mediante la tarjeta de débito Visa que también le fue sustraída, permitió el acceso a su cuenta del Banco Francés, de la que obtuvieron una suma de doscientos noventa pesos ($ 290).

    Se pudo demostrar que el suceso comenzó alrededor de las −5−

    22:30 del día consignado y que terminó pasada la medianoche. A lo largo de ese lapso, L. fue retenida dentro de su automóvil Renault 9,

    dominio RMW - 405, bajo permanentes amenazas de muerte verbales y gestuales. El itinerario se inició en la avenida J.M.M. nro.

    1074 donde L. esperaba en su auto a que bajara de su domicilio su amiga S.F. y abarcó distintos barrios de la ciudad y culminó

    en el barrio de Caballito donde el vehículo fue abandonado y la víctima liberada.

    Dos de los autores del hecho -los aquí imputados- fueron aprehendidos a dos cuadras del lugar, más precisamente en la intersección de las Calles Méndez de los Andes y P. y se hallaron en su poder varias pertenencias de la mujer damnificada (vid. fs.

    528/529).

    Para así concluir, se tuvieron en consideración fundamentalmente, el relato de la víctima, íntegramente transcripto y analizado en la sentencia recurrida, el testimonio de Ferrari que fue quien dio aviso al 911, J.P.G., empleado de Lo J. que relató

    los pormenores del seguimiento efectuado respecto del vehículo por rastreo satelital, el testimonio del S.M.D.A., del S.A.A.G. y los preventores P.B. y F.A. quienes relataron los tramos vinculados al hallazgo del vehículo, persecución y aprehensión de los imputados y las actas de secuestro de los automóviles Renault 9 y Fiat Palio, dominio EWJ-173

    -contra el que colisionaron los imputados y donde lo dejaron abandonado-, de un bolso con varias prendas de vestir y la jeringa con su aguja colocada (fs. 13), actas de detención de Jerez y Castro (fs. 18 y 19/20) y de incautación de las pertenencias de la mujer en poder de uno de ellos (fs. 19 y 24 respectivamente), croquis del lugar donde se produjo el primer encuentro con la policía y del sitio donde abandonaron el auto y se llevó a cabo la detención (fs. 14 y 15), acta de secuestro de fs. 12,

    informes de fs. 70 vta. y 308/313, inventarios de automóviles de fs.

    −6−

    CAUSA...

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