Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala II, 6 de Febrero de 2020, expediente CAF 055304/2019/CA001

Fecha de Resolución 6 de Febrero de 2020
EmisorCamara Contencioso Administrativo Federal- Sala II

Poder Judicial de la Nación CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

FEDERAL- SALA II

Nº 55304/2019 “JCR SA - SERVICIOS VERTUA - UNION TRANSITORIA DE

EMPRESAS - EPC4 Y OTROS c/ INTEGRACION ENERGETICA ARGENTINA SA s/

DILIGENCIA PRELIMINAR”

Buenos Aires, de febrero de 2020.-

Y VISTOS, “JCR SA Servicios Vertua Union Transitoria de Empresas –

EPC4 y otros c/ Integración Energética Argentina SA s/ diligencia preliminar”

CONSIDERANDO:

  1. Que mediante la resolución que obra a fs. 190/192 la Sra. Jueza de primera instancia, desestimó el pedido de producción de prueba anticipada formulado por la parte actora por considerar que en autos, no aparece conformado el supuesto enunciado en el artículo 326 del CPCCN.

    En ese sentido, desestimó la demanda por prueba anticipada promovida por JCR SA - Servicios Vertua SA que es una unión transitoria de empresas conformada a los fines de ejecutar las obras del Gasoducto del Noreste Argentino conforme los contratos suscriptos en el marco de las licitaciones públicas nros. 0004/2014-renglón 1 (EPC4) y 006/2014-

    renglón 1 (EPC7) siendo la comitente INTEGRACION ENERGETICA

    ARGENTINA SA (en adelante IEASA – antes denominada ENERGIA

    ARGENTINA SA –ENARSA) y con base en que en el futuro demandarán la nulidad y cese de los actos administrativos que le fueran notificados con fecha 17 de agosto de 2018 respecto a ambas contrataciones (licitaciones nros. 004/14 y 006/14) mediante los cuales se les ordenó la suspensión de los trabajos y pagos correspondientes a dichas obras.

    Al respecto, se destacó en el pronunciamiento referido que, la sospecha del demandante no resulta suficiente si no está acompañado de antecedentes objetivos que demuestren la posible destrucción de la prueba o su imposible realización en el marco de un futuro proceso de conocimiento.

  2. Que contra esa decisión interpuso la parte actora el recurso de apelación que obra a fs. 193 y que fundó a fs. 195/200.

    Se agravió por cuanto -según sostiene- la resolución en crisis pretender sustentarse en un presunto “estudio de los hechos” que en realidad consiste en una enumeración de los relatados en el escrito de inicio sin hacer el más mínimo estudio de sus implicancias a los fines del procedimiento incoado por su parte.

    Fecha de firma: 06/02/2020

    Alta en sistema: 07/02/2020

    Firmado por: J.L.L.C., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: L.M.M., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: M.C.C., JUEZ DE CAMARA

    En ese sentido, afirmó que, se ha omitido con palmaria arbitrariedad considerar la repetida negativa (por omisión) a otorgar vista de las presuntas actuaciones seguidas a fin de revisar los costos de las obras del caso (auditoría de precios), o la también reiterada negativa (por omisión) a disponer la apertura a prueba de los recursos planteados en contra de la suspensión de ejecución de las obras. Asimismo, sostuvo que la resolución en crisis, guarda un absoluto y arbitrario silencio acerca de las fundadas sospechas que se yerguen sobre la conducta de IEASA, calificada y demostrada como “desviación de poder” en el capítulo IV del escrito de inicio.

    Sobre el punto, destacó que, en la demanda se demostró que IEASA,

    transcurridos más de 14 meses de suspensión de obra y de pagos, sigue sin informar cuál es la causa u orden judicial referida en la nota suspensiva, así

    como cuáles han sido los estudios destinados a verificar la corrección de los valores ofertados y adjudicados y su eventual resultado y en los que, de haberse realizado, no se dio participación a las accionantes.

    Añadió que, se demostró (tanto en sede administrativa como en el escrito que da inicio a las presentes) la nulidad absoluta del acto administrativo impugnado, señalando entre otros vicios, la falsedad de la causa, la violación de la garantía del debido proceso adjetivo de ser oído y producir prueba, la falta de motivación suficiente del acto, y, sobre todo, la desviación de su finalidad, constituyendo una verdadera desviación de poder que pone en evidencia la conducta dolosa de las autoridades de IEASA, la que manifestada en la negativa a conceder vista completa de las actuaciones (lo que es lo mismo que su ocultamiento) así como a abrir aquéllas a prueba, sumado a la calidad de...

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