Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de La Plata - CAMARA FEDERAL DE LA PLATA - SALA II - SECRETARIA CIVIL, 8 de Mayo de 2017, expediente FLP 005696/2013/CA001

Fecha de Resolución 8 de Mayo de 2017
EmisorCAMARA FEDERAL DE LA PLATA - SALA II - SECRETARIA CIVIL

Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE LA PLATA - SALA II La Plata, de mayo de 2017.

Y VISTOS: Este expediente n° 5696/2013 caratulado “Iturria, O. y

Otros c/ Estado Nacional s/daños y perjuicios”, proveniente del Juzgado Federal de

Primera Instancia N° 4 de ésta ciudad.

Y CONSIDERANDO:

LA JUEZA CALITRI DIJO:

I La sentencia apelada.

El juez de primera instancia rechazó la demanda interpuesta por Oscar Enrique

Iturria, W. y P. contra el Estado Nacional e

impuso las costas a los actores vencidos (fs. 549/561).

Para así decidir, el juez de primera insta ncia entendió que, en el caso, el J. a cargo

de la instrucción, luego de recibir declaración en los términos del artículo 294 del CPPN a

los imputados, había dictado el auto de procesamiento (art.312 CPPN) contra José Martín

Irrutia, O. E. I., P. F. B. y W. R. P. L., y

convertido en prisión preventiva su detención, expresando los motivos por los cuales había

arribado a la convicción de que el encerramiento cautelar resultaba necesario.

En efecto, consideró que la resolución impugnada de ilegitimidad había tenido como

sustento circunstancias objetivas de la causa, sin que se hubiera configurado un apartamiento

grosero, caprichoso o imparcial de la doctrina legal y judicial aplicable al caso, por lo que

podría discutirse el acierto o desacierto de la medida, la calidad de la fundamentación, mas

no cabía descalificarla mediante la doctrina del error judicial Expresó que la responsabilidad del Estado por error judicial no significa erigir a unos

magistrados en jueces de otros, revisando resoluciones que se hubieran adoptado en el marco

de sus respectivas competencias, requiriéndose un desacierto notorio e inexcusable, es decir,

inconciliable con una racional administración de justicia. Completó que sólo correspondería

cuando el auto de prisión preventiva se revelara como incuestionablemente infundado o

arbitrario o configurara un apartamiento objetivamente comprobable, de la tarea de hacer

justicia a través de la aplicación del derecho.

Fecha de firma: 08/05/2017 Alta en sistema: 11/05/2017 Firmado por: CESAR ALVAREZ, JUEZ DE CAMARA Firmado por: O.A.C., JUEZ DE CAMARA #15938645#178017508#20170505120028833 Así, agregó que el sistema judicial se encuentra diseñado para evitar los errores in

procedendo e in iudicando en que los magistrados de las instancias inferiores pudieran

incurrir, previéndose distintos remedios procesales en las normas adjetivas a fin de que el

propio sistema permita la subsanación mediante la revocación de las resoluciones no

ajustadas a derecho. Que el sistema de instancias diversas se edifica justamente sobre el

presupuesto del error.

Asimismo, refirió que la Sala I de esta Cámara Federal había confirmado la prisión

preventiva de los imputados y que su libertad fue ordenada recién el día 28 de septiembre de

2012, es decir, casi nueve meses después de haberlos puesto a disposición del Tribunal Oral,

detalle que estima no es menor, dado que de haber resultado palmaria la ilegalidad de la

detención, los integrantes del organismo hubieran podido o debido excarcelarlos de oficio,

conforme el artículo 318 del CPPN en la primera oportunidad en que tomaron contacto con

el expediente.

Descartó falta de servicio.

En cuanto al tiempo insumido por los trámites, descartó un anormal funcionamiento

del servicio o denegación de justicia por una dilación indebida del proceso que permitiera

atribuir responsabilidad en los términos de la doctrina de la Corte in re “Poggio” (en ese caso

las actuaciones se habían extendido temporalmente por más de dos décadas, con una

morosidad grave y manifiesta, que vulneraba el plazo razonable y la defensa en juicio).

En conclusión, consideró que la prisión preventiva se había dispuesto en el marco de

una actividad judicial formalmente regular, dentro de un razonable criterio jurídico y acorde

a una apreciación provisional de los hechos y que por ello la eventual absolución de los

imputados no generaba derecho a reclamar resarcimiento y atribuir responsabilidad al Estado

(la prisión preventiva no fue arbitraria o infundada, el acto judicial es lícito y por lo tanto se

encuentra ausente el requisito de antijuridicidad).

En cuanto a las costas las impuso a las accionantes vencidas.

Finalmente, reguló los honorarios del representante letrado de la parte actora Dr.

M. de I. en la suma de pesos $ 120.000 y a los apoderados representantes

del Estado Nacional –Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Dr. J.,

Fecha de firma: 08/05/2017 Alta en sistema: 11/05/2017 Firmado por: CESAR ALVAREZ, JUEZ DE CAMARA Firmado por: O.A.C., JUEZ DE CAMARA #15938645#178017508#20170505120028833 Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE LA PLATA - SALA II en la suma de pesos $ 80.000, Dra. C. en la suma de pesos $ 35.000, al Dr. Juan

Enrique Abre en la suma de pesos $ 35.000 y al Dr. S. en la suma de

pesos $ 50.000. Asimismo, reguló los honorarios de la perito Psiquiatra, Dra. Silvia Viviana

Schoo en la suma de pesos $40.000.

II Los recursos interpuestos.

Contra dicho pronunciamiento, la parte actora interpuso recurso de apelación a fs.

578, expresando agravios a fs.336/344, con réplica de la parte demandada (fs. 616/619vta.).

Los agravios de la parte actora giran en torno del rechazo de la acción y a las

conclusiones arribadas por sentenciante sobre la problemática del error judicial. Asimismo,

consideran que en el análisis de la resolución de la prisión preventiva el juez obvió lo

dictaminado por el Tribunal Oral. En tal sentido, manifiestan que el juez se erigió por encima

del Tribunal de sentencia cuestionando los fundamentos y negando la violación de las

garantías constitucionales que había sido sostenido por el Tribunal Oral en su sentencia.

A su vez, se quejaron de que el juez les haya achacado la falta de individualización

suficiente de la ilegalidad en la cautelar atacada, cuando la arbitrariedad surgía de la

sentencia penal dictada por el Tribunal Oral al haber expresado los magistrados que “lo fue

en violación a las garantías constitucionales”. En efecto, solicitan se revoque la sentencia y

se haga lugar a su demanda.

A fs. 579 los apoderado del Estado Nacional interpusieron recurso de apelación

contra la regulación de sus estipendios, por considerarlos bajos.

III Antecedentes del caso.

Corresponde señalar que O. E. I., W. R. P. L. y

P. Bareiro por derecho propio y con el...

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