Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Sala 10, 30 de Septiembre de 2013, expediente 48446/2009

Fecha de Resolución30 de Septiembre de 2013
EmisorSala 10

Poder Judicial de la Nación SENT. DEF. Nº: 21556 EXPTE. Nº 48.446/09 (31597)

JUZGADO Nº: 10 SALA X

AUTOS: “ISLA EDUARDO Y OTRO C/ NACION AFJP S.A. S/

DIFERENCIAS DE SALARIOS”

Buenos Aires, 30/09/2013

El Dr. DANIEL E. STORTINI dijo:

  1. Llegan las presentes actuaciones a esta alzada a propósito de los agravios que contra la sentencia de fs. 886/894 formulan la demandada Nación AFJP

    S.A. a fs. 897/920 y el actor a fs.922/928, mereciendo réplicas adversarias a fs.

    947/950 y 934/944, respectivamente.

    La demandada se considera agraviada porque la magistrada que precede admitió parcialmente los requerimientos por diferencias salariales e indemnizaciones derivadas de la extinción de los contratos de trabajo de los actores,

    con costas. La demandada requiere que se analicen en esta instancia las excepciones de prescripción y de defecto legal cuyo tratamiento fue diferido a la oportunidad del dictado de la sentencia de fondo. Además, recurre la admisión de las diferencias salariales pretendidas en concepto de “diferencias escala”, “fichas impagas” y “rotadores” y cuestiona la base salarial considerada para la determinación de las mismas. En otro orden, critica que la extinción del contrato de la actora M. haya sido encuadrada en las previsiones del tercer párrafo del art. 212 LCT como despido incausado; objeta la base salarial considerada para la determinación de la indemnización por antigüedad; apela que se haya tomado la mejor remuneración mensual, normal y habitual del último año como base salarial para el cálculo de las diferencias que resultaron admitidas en concepto del preaviso, la integración del mes del despido, la 2da. cuota del s.a.c. 2006, el s.a.c. proporcional 2007, las vacaciones 2006 y las vacaciones proporcionales 2007; recurre la fecha de ingreso tomada para el cálculo de la antigüedad en el empleo del actor E.I.; cuestiona la admisión de los requerimientos del art. 2º de la ley 25.323 respecto de los tres actores y del art.

    45 de la ley 25.345 respecto de Isla y U.C.; cuestiona la condena a la confección y entrega a los actores de los certificados previstos en el art. 80 de la LCT;

    objeta que se haya considerado probado que hizo retención por Impuesto a las Ganancias sobre rubros indemnizatorios abonados a los actores; cuestiona la imposición de las costas y apela los honorarios fijados a favor de la representación letrada del actor y el perito contador.

    Los actores, a su turno, apelan el rechazo del requerimiento del art. 45 de la ley 25.345 respecto de la actora M.; el modo en que fueron dispuestos los astreintes; el rechazo de las diferencias salariales por los básicos y adicionales de convenio que reclamaron con sustento en su encuadramiento en las disposiciones del CCT 264/95, con más la incidencia de tales conceptos en los demás rubros de la liquidación; el rechazo del rubro básicos, rotadores, operaciones de 4.800 y sus incidencias en s.a.c., vacaciones y feriados; el plazo de los “astreintes” por falta de entrega de los certificados por estimarlo exiguo; el rechazo de la declaración de inconstitucionalidad del tope indemnizatorio del CCT 264/95.

    También apela a fs. 895 la perito contadora por estimar bajos los honorarios regulados a su favor.

  2. Al responder la demanda, la demandada Nación AFJP S.A. opuso, entre otras defensas, la excepción de prescripción que mereció réplica de los actores y cuyo tratamiento fue diferido para la oportunidad del dictado de la sentencia sobre el fondo de la controversia del modo previsto en el art. 95 LO (cfr. resolución de fs. 603). Por ello, dado que el planteo no ha sido analizado en la sentencia de la magistrada que precede, cabe subsanar en esta instancia la falta de tratamiento de la excepción.

    Adelanto que la defensa opuesta merece una recepción parcial.

    Al tratarse de créditos de naturaleza salarial y/o indemnizatoria resulta de aplicación el plazo bianual de prescripción del art. 256 de la LCT, cuyo término empieza a correr desde la fecha de exigibilidad de cada crédito. En punto a las causales de suspensión y/o interrupción, la interpelación fehaciente de pago posee un efecto suspensivo de la prescripción que opera una sola vez y durante el plazo máximo de un año, de conformidad con lo previsto en el artículo 3986, segundo párrafo, del Código Civil, al igual que la iniciación del trámite obligatorio ante el SECLO que, según lo expresamente dispuesto en el artículo 7º de la Ley Nº 24.635,

    suspende

    (y no interrumpe -aclaro) el cómputo de plazo de prescripción de las acciones judiciales durante un lapso de seis meses, aunque el trámite administrativo haya demorado menos tiempo (cfr. doctrina del fallo plenario Nº 312 de esta Cámara dictado en autos “M.A. c/ Y.P.F. S.A. s/ part. accionariado obrero”).

    Desde la precitada perspectiva, en atención a la fecha de desvinculación de cada uno los actores (20/12/08 M., 12/10/2007 Isla y 17/12/2007 U.C.,

    según fs. 716/717 vta. de la experticia contable), las fechas en que cursaron intimaciones fehacientes de pago por los créditos que aquí reclaman (9/12/2009

    M., 28/05/2008 Isla y 3/06/2008 U.C.) y las fechas de iniciación de los respectivos trámites ante el SECLO (2/09/2010 M. y 2/07/2008 Isla), cabe concluir que a la fecha de interposición de la presente demanda (3/12/2010, según el cargo de fs.36 vta.) se hallaban prescriptos los créditos anteriores al: 16/12/2007 en el Poder Judicial de la Nación caso de M.; 12/12/2006 en el caso de Isla y 22/12/2006 en el caso de U. y así

    se declara (cfr. art. 256 ya cit.).

  3. En orden al encuadramiento convencional pretendido por los actores, el agravio que formulan contra el rechazo de las diferencias reclamadas en concepto del salario básico y los adicionales por permanencia, antigüedad, refrigerio y almuerzo del CCT 264/95 de la actividad de seguros no merece favorable recepción.

    Ante un conflicto de encuadramiento como el suscitado, en el que se discute la aplicación de un convenio colectivo de actividad o de empresa, deben...

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