Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil - Camara Civil - Sala D, 12 de Febrero de 2019, expediente CIV 041536/2010/CA001

Fecha de Resolución12 de Febrero de 2019
EmisorCamara Civil - Sala D

Poder Judicial de la Nación CAMARA CIVIL - SALA D “IRUSTIA LILIANA CARINA c/ MEGAMENTAL S.A. Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS” (Exp. N°41.536/2010)

En Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los días del mes de febrero de dos mil diecinueve, reunidos en Acuerdo los señores jueces de la Excma. Cámara Nacional de la Apelaciones en lo Civil, S. “D”, para conocer en los recursos interpuestos en los autos caratulados “I.L.C. c/ MEGAMENTAL S.A. Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS”, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?

Practicado el sorteo resultó que la votación debía efectuarse en el siguiente orden: señores jueces de Cámara doctores V.F.L., L.E.A. de B. y P.B..

A la cuestión propuesta el doctor V.F.L., dijo:

  1. Por sentencia obrante a fs.502/513 se hizo lugar a la demanda interpuesta y se condenó a Megamental S.A. y a Medicus S.A. de Asistencia Médica y Científica, en forma concurrente, a abonar a la actora la suma de ciento treinta y ocho mil pesos ($138.000), más intereses y costas. Se hizo extensiva la condena a SMG Compañía Argentina de Seguros S.A. y a TPC Compañía de Seguros S.A., en los términos y con el alcance establecido en el artículo 118 de la ley 17.418. Por último se difirió la regulación de honorarios para una vez cumplido con lo dispuesto en el artículo 51 del Reglamento para la Justicia Nacional.

    Fecha de firma: 12/02/2019 Alta en sistema: 14/02/2019 Firmado por: B.P.-L.V.F. -A.L.E. -, JUEZ DE CAMARA #13221504#226131341#20190207094405491 Apelaron las partes. La actora fundó sus quejas a fojas 525/533, cuestiona que el magistrado de grado haya rechazado la incapacidad física y psicológica solicitadas oportunamente, el monto otorgado por el sentenciante en concepto de tratamiento odontológico, por considerarlo reducido, y la tasa de interés fijada en el fallo de grado.

    La codemandada Medicus S.A. de Asistencia Médica y Científica expresó agravios a fojas 534/540. Se queja del encuadre jurídico efectuado en la sentencia, en punto a que la misma pretende imponer obligaciones excesivas a su parte. También cuestiona la interpretación de la prueba producida en autos y, finalmente, los montos indemnizatorios fijados a favor del actor, por considerarlos elevados.

    La aseguradora SMG Compañía Argentina de Seguros S.A.

    fundó su recurso a fojas 541/550. Cuestiona la responsabilidad resuelta por el magistrado de la anterior instancia y, de modo similar a su asegurada, se agravia del encuadre legal y de la extensión del reclamo en contra de Medicus; subsidiariamente, de las sumas otorgadas en concepto de daño moral y de tratamiento psicológico.

    Finalmente, a fojas 551/552 luce la fundamentación de las coaccionadas Megamental S.A. y TPC Compañía de Seguros S.A. Se agravian de la responsabilidad resuelta por el juzgador y de la cantidad asignada por el juez de grado para resarcir el daño moral.

    Los traslados fueron contestados por Medicus a fojas 554/556, por la actora a fojas 557/561, por SMG a fojas 562/566, y por M. y TPC a fojas 568/570.

  2. En virtud de las quejas de las demandadas, en primer término corresponde practicar algunas precisiones en cuanto al encuadre jurídico que corresponde aplicar en el presente caso.

    Como juez integrante de la Sala L del Tribunal, por sentencia del 24 de junio de 2003 (en autos “Bono c. Clínica”) dije, citando a Fecha de firma: 12/02/2019 Alta en sistema: 14/02/2019 Firmado por: B.P.-L.V.F. -A.L.E. -, JUEZ DE CAMARA #13221504#226131341#20190207094405491 Poder Judicial de la Nación CAMARA CIVIL - SALA D K., que la responsabilidad en psiquiatría, como especialidad de la medicina, participa de la estructura y características de la responsabilidad civil sanitaria, aunque con algunas notas especiales (K., A.J.: “Responsabilidad civil de los profesionales de la salud mental”, en: Bueres - Highton, “Código Civil...” ed.

    H., Buenos Aires, 2003, tomo 4, vol. B, pág. 453). De modo que, en general, caben las mismas consideraciones referibles a las demás especialidades de la medicina; que como contrato de prestación profesional pueden predicarse similares adjetivos y notas que a las demás responsabilidades profesionales. Y éstas, a su vez, sin mayor diferencia con el sistema de responsabilidad civil en general.

    Pero por otra parte he entendido que no siempre es necesario hallar culpa de un profesional médico, o en general de un dependiente o auxiliar de la institución emplazada, para imputar responsabilidad institucional. La responsabilidad institucional, corporativa o empresaria puede derivar de evidentes faltas o fallas en el servicio, no siempre atribuibles a una persona física determinada o determinable.

    En algunos casos la obligación de seguridad genera responsabilidad directa, sea por el obrar de individuos o grupos humanos prestadores en relación jurídica de dependencia (en el más amplio sentido) o de los organizadores o supervisores del sistema médico corporativo o empresario.

    Esta “objetivación” de la responsabilidad institucional, aunque sea empresaria -con su correlato de afán lucrativo- no tiene como consecuencia a mi entender que, sea cual fuese el supuesto fáctico o el origen del daño, obligue ineludiblemente a la institución a invocar y probar la ruptura de nexo causal como vía para eximir responsabilidad. No hay una genérica obligación de indemnidad absoluta (voto de mi autoría como vocal de la Sala L, en autos “D., G.

    G. c. Instituto Dupuytrén de Traumatología y Ortopedia S.A”, del 02/09/2011, AR/JUR/49916/2011).

    Fecha de firma: 12/02/2019 Alta en sistema: 14/02/2019 Firmado por: B.P.-L.V.F. -A.L.E. -, JUEZ DE CAMARA #13221504#226131341#20190207094405491 En este punto, cabe hacer referencia a un aspecto determinado del deber de seguridad que se exige a las clínicas, el cual puede servir para fundar su responsabilidad por hechos propios, consistentes en servicios defectuosos, omisiones o acciones dañosas en perjuicio de los pacientes, y en las que pudieron haber intervenido médicos u otros auxiliares. Este deber consiste en hacer todo lo posible para evitar daños al paciente y su fundamento, es la buena fe-contractual (Bueres, A., "Responsabilidad de las clínicas y establecimientos médicos", págs. 57 y 58 y "Responsabilidad de los médicos", T. I, págs. 376/380 y su nota 53, 381/383, y síntesis en pág. 421).

    La responsabilidad de la clínica, o de cualquier otro asistencial público o privado, nos transporta a la idea de "falta o falla en el servicio", o también al "defecto de organización empresarial" cuando no pueden identificarse conductas culposas determinadas, no se le atribuye el hecho de otro, sino que se le imputa o bien una culpa personal, o bien que el servicio que él creó no funcionó, o funcionó

    mal o defectuosamente; por eso, aunque no se identifique al dependiente, ni se pruebe una culpa individualizada igualmente se lo hace responsable, si se acredita que la causa del daño se encuentra en la organización humana que él titulariza (K. de C., A., "Daños causados por los dependientes", pág. 36).

    Dicha cuestión se encuentra estrechamente vinculada con la obligación de seguridad que pesa sobre los establecimientos médicos.

    Dicho concepto, en sentido estricto, se relaciona con la adopción de medios suficientes para evitar que el paciente sufra daños previsibles.

    En este sentido y en cuanto a la potencial responsabilidad del establecimiento sanitario, cabe destacar que una entidad asistencial asume, junto al deber principal de prestar asistencia médica, una obligación de seguridad que siempre es objetiva. Claro está que a veces dicho deber de seguridad va referido a una obligación de medios (caso de los actos puros de profesión de los facultativos), y en Fecha de firma: 12/02/2019 Alta en sistema: 14/02/2019 Firmado por: B.P.-L.V.F. -A.L.E. -, JUEZ DE CAMARA #13221504#226131341#20190207094405491 Poder Judicial de la Nación CAMARA CIVIL - SALA D otras ocasiones está destinado a afianzar resultados (p.ej., las cosas utilizadas: ámbitos físicos, instrumentos quirúrgicos, aparatos de rayos, etc, que pueden ser riesgosos o viciosos). (ésta S. in re “D´A.

    R. J. c/Instituto Argentino de Diagnostico y Tratamiento S.A y Otros S/Daños y Perjuicios”, Expte. N° 40.035/11, del 04/02/2015)

  3. Antes de analizar las quejas vertidas por los recurrentes haré una breve reseña de los hechos que motivaron la presente acción.

    Así pues, sostuvo la actora que el día 24 de mayo de 2018 fue asistida en el Sanatorio...

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