Por irregularidades, revisan más de un millón de pensiones por invalidez

RESUMEN

El cruce de bases de datos identificó, en lo que va del año, que 7000 titulares del beneficio habían muerto y que 5600 no tienen el grado de incapacidad que exige la norma vigente

 
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En lo que va del año, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación identificó irregularidades en unas 70.000 pensiones por invalidez. Este beneficio lo pueden recibir las personas con un 76% o más de incapacidad física o mental para trabajar.

Según pudo conocer LA NACION, precisó que 7000 titulares que estaban recibiendo ese beneficio habían muerto y que 5600 no tienen el grado de invalidez que requiere el decreto 432/97.

La norma contempla que el Estado puede suspender o cancelar la prestación cuando el beneficiario no cumple con los requisitos. En este caso, Guillermo Badino, presidente de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, explicó a LA NACION que esas 70.000 prestaciones se suspendieron preventivamente.

Además de un monto económico, el beneficio incluye el acceso a la cobertura de salud. La ejecución del pago queda a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), que recibe el listado de beneficiarios del ministerio que está a cargo de . En este caso, la Anses no audita ni da altas o bajas. Badino insistió: "Las suspensiones no significan que los beneficiarios dejan de recibir asistencia de salud".

Uno de los requisitos para acceder a la pensión es "no estar amparado el peticionante ni su cónyuge por un régimen de previsión, retiro o prestación no contributiva alguna". Sin embargo, el 30% de los titulares de las pensiones que están suspendidas tiene una pareja con alguno de las ayudas enumeradas.

El 8% -o sea, 5600- no posee una incapacidad del 76% para trabajar. Esto contradice uno de los requisitos del decreto. Hay registros que indican que hay beneficiarios con menos de un 66% de invalidez.

Un 10% tiene empleo en blanco y había omitido informarlo, según surgió al cruzar las bases de datos. Para recibir la pensión, quien la solicita "no debe poseer bienes, ingresos ni recursos que permitan su subsistencia".

Al 3% se le detectó que era propietario de automóviles con dos o tres años de antigüedad u otros bienes.

A pesar de que un 3% había renunciado al beneficio por motivos personales, seguía cobrando los 4776 pesos de la pensión. O, si vive desde La Pampa hacia el sur del país, son 6686 pesos.

Un 4% de las pensiones que se investigan corresponde a titulares que conviven con familiares que tienen un ingreso de 19.200 pesos o más. El decreto indica que el titular no debería "tener parientes que estén obligados legalmente a proporcionarle alimentos (...) ni vivir con otros familiares...

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