Introducción

• Autor: José Milton Peralta - Bruno Rusca
• Páginas: 5-8

INTRODUCCIÓN

Los delitos de cuello blanco presentan ciertas particularidades filosóficas y dogmáticas

que, en muchos casos, contradicen principios reconocidos por el derecho penal. Esta tensión

entre las características que asumen el moderno derecho penal económico y los fundamentos

teóricos de la disciplina se manifiesta de múltiples formas. Así, por ejemplo, la premisa de

que solo es legítimo castigar conductas que dañen a terceros, el postulado que reconoce a las

personas físicas como las únicas capaces de ser responsables penalmente o el principio que

garantiza al imputado la posibilidad de no colaborar con el procedimiento —nemo tenetur—

se hallan en conflicto con normas e instituciones propias del derecho penal económico.

Precisamente, las consecuencias perjudiciales de algunos delitos de cuello blanco, como el

cohecho, el lavado de dinero o el abuso de información privilegiada, son extremadamente

remotas y, en ciertos casos, no resulta del todo claro que, en verdad, sean comportamientos

lesivos. Asimismo, las normas que atribuyen responsabilidad penal a las personas jurídicas

desafían la concepción tradicional del principio de culpabilidad, el cual exige como condición

para la imposición de una pena que el sujeto pueda ser “motivado” por la norma. A su vez,

el instituto de la criminal compliance, en la medida en que obliga a la misma empresa a

realizar investigaciones internas para recabar información sobre la posible comisión de un

delito, involucra el riesgo de imponer a los empleados investigados un verdadero deber de

autoincriminación. De todos modos, estos son tan solo algunos de los problemas que se

presentan en el ámbito del derecho penal económico, a los cuales cabe agregar, entre otros,

el debilitamiento del principio de legalidad que supone la proliferación de normas penales

en blanco y la posible violación del principio ne bis in idem que surge por la aplicación

conjunta de sanciones administrativas y penales a las mismas conductas.

Todo ello obliga a plantearse el interrogante de hasta qué punto los clásicos fundamentos

del derecho penal nuclear pueden sostenerse frente a esta clase de criminalidad; más

específicamente, la pregunta estriba en cómo resolver la tensión entre los principios que

legitiman el castigo, que son un producto de la reflexión racional, y las prácticas punitivas

en el campo del derecho penal económico, que emergen como consecuencia de los nuevos

desafíos y necesidades que enfrentan las sociedades actuales. La respuesta no puede ser

global, sino que exige un análisis de cada uno de los problemas planteados en particular. En

cualquier caso, las alternativas de respuesta son al menos de tres tipos.

Una posibilidad consiste en, simplemente, abandonar los fundamentos y principios

tradicionales del derecho penal nuclear y proponer nuevos esquemas teóricos para justificar

la criminalización de los delitos de cuello blanco y las instituciones del derecho penal

económico. Esta respuesta parece una solución radical al problema, pero, e n ciertos casos,

podría ser la alternativa correcta. Así, por ejemplo, es probable que, a pesar de los ingentes

esfuerzos por identificar su potencial lesividad, el cohecho o el lavado de dinero, en

determinadas circunstancias, sean comportamientos inocuos. No obstante, aun cuando ello

fuera cierto, la despenalización de tales conductas d ifícilmente constituya una propuesta