Introducción

Autor:Esteban M. Usabiaga
Páginas:21-41
 
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Derecho y discurso penal juvenil
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INTRODUCCIÓN
I. El nuevo sistema de la ley 13.634 de la Provincia de
Buenos Aires
Constituye una necesidad para el desarrollo posterior, si
no realizar una descripción extensa de los lineamientos del
cambio legislativo en lo que tradicionalmente se conocía como
el Derecho de menores, al menos supercialmente resaltar al-
gunos de los aspectos de ese cambio. Lo haremos con la mayor
síntesis posible.
El nuevo sistema del Derecho penal del joven de la Provin-
cia de Buenos Aires (ley 13.634) impone un proceso acusato-
rio, creando juzgados de Garantías del Joven y Juzgados de
Responsabilidad Penal Juvenil. La investigación no la hace
ya el juez, sino el Fiscal especializado del fuero, con control
del Juez de Garantías. Como en el sistema procesal de mayo-
res (ley 11.922), se juzga en juicio oral, con tribunal colegiado
para el caso de ciertos ilícitos graves (art. 27). La instancia
revisora no es especializada (Cámara de Apelaciones y Garan-
tías en lo Penal de cada Departamento Judicial). En cuanto
a la ejecución penal, será competente el órgano judicial que
dispuso la medida (art. 30).
Según el art. 98 de la ley 13.634, la misma es complemen-
taria de la ley 13.298; por lo que no ha de ser interpretada en
forma escindida del resto del sistema, principalmente de los
principios generales del Título I (especialmente, art. 1) de la
ley 13.298, presididos por los principios generales de la Con-
vención sobre los Derechos del Niño (Observación General
Nro. 5 del Comité de los Derechos del Niño: arts. 2 -no discri-
minación-, 3 -interés superior del niño- , 6 -derecho a la vida,
a la supervivencia y al desarrollo- y 12 -respeto por la opinión
del niño-, todos de la C.I.D.N.) y los especícos de la Justicia
penal juvenil del mismo Tratado (Observación General Nro.
10 del Comité de los Derechos del Niño: C.I.D.N., arts. 37, 39
y 40).
Esteban M. Usabiaga
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La ley 13.298 (art. 10) da entrada al marco interpretati-
vo que constituye también las “condiciones de vigencia” de la
Convención Internacional de los Derechos del Niño (Conven-
ción que integra el plexo de instrumentos internacionales in-
corporados con jerarquía superior a las leyes por el art. 75,
inc. 22 de la C.N. reformada en 1994). En él, las Directrices de
Riad dan pautas claras de interpretación, que se reejan tam-
bién en la O.G. nro. 10 del Comité de los Derechos del Niño y
así se expresan en la jurisprudencia de la C.S.J.N., dejando
expuesto que la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
valida la misma visión en su Opinión Consultiva nro. 17.
A lo anterior, debe agregarse su consecuencia normativa en
cuanto a la prisionización o institucionalización: así, el Art. 37
inc. “b” de la C.I.D.N.: “La detención, el encarcelamiento o la
prisión de un niño se llevará a cabo de conformidad con la ley y
se utilizará tan sólo como medida de último recurso y durante
el período más breve que proceda”. También el Art. 19 de las
Reglas de Beijing “(...) 19.1 El connamiento de menores en
establecimientos penitenciarios se utilizará en todo momento
como último recurso y por el más breve plazo posible”. Asimis-
mo, las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de lo
Menores Privados de Libertad: “2. (...) La privación de libertad
de un menor deberá decidirse como último recurso y por el
período mínimo necesario y limitarse a casos excepcionales”.
Ahora bien, la ley 22.278, tributaria de la derogada “Ley
Agote” (10.903, de 1919), contempla un sistema de una am-
plitud discrecional enorme. Es evidente que desde el punto de
vista de los derechos del niño, entendida la inicial igualdad
de derechos como aplicación de los criterios de debido proce-
so modernamente considerados, la distancia con el sistema
instaurado por la ley 13.634 es muy amplia. Aquélla simple-
mente toma la imputación de un delito (léase la denuncia o
prevención policial) y con ello el juez dispone (en forma obliga-
toria) provisionalmente del menor y procede él a someterlo a
proceso (art. 2). No hay defensa técnica ni garantía de derecho
a ser oído, nombrar abogado o interponer recursos (hecho que
ya la Casación Nacional y la Cámara Nacional de Apelaciones

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