Introducción
| Autor | Roberto Dromi |
| Páginas | 9-19 |
La contratación pública es aquella que involucra directamente al Estado, a la Administración Pública o a las entidades que siendo privadas han recibido prerrogativas o potestades de poder público. Sigue siendo una herramienta de alta significación jurídica y política en la vuelta al Derecho Administrativo, luego del intento de fuga comercialista que provocaron las privatizaciones y el tránsito de la economía pública de Estado, prevalecientemente intervencionista, muchas veces centralizada y casi siempre monopólica, a la economía social de mercado, predominantemente descentralizada, casi siempre con ecuación social de uso y consumo y muchas veces en competencia.
Esta oscilación entre el Derecho Administrativo y el Derecho Privado ha obligado a reconstruir el tejido jurídico del contrato público, como instrumento negocial de la justicia distributiva ínsito en todo el quehacer público estatal o no estatal. Por ello, pensamos que bien podríamos alterar el título del libro dando otro orden a sus elementos, y hablar ya directamente de la ecuación "pública" de los contratos, por la inserción de contenidos de derecho, finalidad e interés públicos, incorporados a toda la contratación, tanto pública como privada, tanto estatal como no estatal.
Así, la justicia distributiva como la conmutativa no son ajenas a las ecuaciones públicas que reequilibran en equidad las obligaciones de las partes.
Luego de la frustrada huida hacia el Derecho Privado, las cosas no son absolutamente iguales y cabe "instalar" un nuevo modelo de equilibrio ecuacional en la figura del contrato administrativo, definida por sus "propios", que le dan identidad y por sus "categorías", que le confieren especificidad en razón de sus cometidos. Situada la "figura", debemos abordar los componentes de la justicia contractual; debemos asumir el reparto de las prestaciones recíprocas que compensan las cargas y los derechos, que equilibran deberes y atribuciones en el marco ecuacional o de reciprocidad prestacional que presupone todo contrato. La estructura ecuacional se constituye en razón de la ponderación de la incidencia que sus diversos términos o elementos poseen o adquieren en cada caso, como un "tema" central de la nueva contratación pública.
La ecuación contractual no siempre está visible, escrita, o explícitamente enunciada. Por lo común no está identificada, no está patentada, no tiene un registro, no tiene un dominio de la propiedad. Pero para interpretar y juzgar la eficacia del contrato público y/o privado, el secreto está en hallar su ecuación. ¿Cómo empiezo a mirar el contrato? El nuestro es un método teórico, general, pero pensado para la realidad práctica, estructurado para "comprender" todos los contratos públicos y "decir" cómo voy a analizar un contrato en particular de concesión de agua, correo, aeropuertos, luz, gas o teléfono.
¿Con qué metodología se analizan?
El contrato público de tercera generación -más allá de las hipótesis de los de colaboración e integración administrativa- cumple un rol jurídico como instrumento y como protagonista de la transformación económica de la sociedad, donde no están ausentes elementos privatistas que también son alcanzados por la revisión ecuacional de exigencia continua de la equidad.
El siglo XX fue el tiempo de las certezas. Al simple sufragio se lo sustituyó con participación. La soberanía dio paso a la integración y la ley fue superada en la jerarquía normativa por los tratados (ley consenso o...
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