Introducción

AutorEduardo Mertehikian; Roberto Dromi
Páginas7-13

El ordenamiento jurídico está destinado a regir una determinada normalidad, que se basa necesariamente en la realidad de un tiempo dado, cuya modificación se estima paulatina.

Cuando este estado de cosas es modificado de manera traumática el derecho previsto queda parcialmente desquiciado. Las soluciones para la legalidad de la permanencia se tornan injustas e inseguras al enfrentarse con la imperiosidad de la crisis y la emergencia. La seguridad jurídica, que en situaciones ordinarias descansa en la estabilidad del derecho y en el acogimiento estricto a normas y pactos, debe ceder en parte, precisamente para poder subsistir.

Una vez rotos los parámetros que permitían considerar lógica a una norma, su vigencia ya no puede identificarse con la permanencia de la normalidad; los problemas planteados son distintos, y también deben serlo las soluciones.

La emergencia constituye una excepción disvaliosa e indeseada respecto de lo normalmente esperado, y la legislación de la emergencia aparece en resguardo de la normalidad subsistente, para evitar su desmoronamiento.

Si bien la emergencia se caracteriza en principio como una circunstancia transitoria, lo que emana de su misma concepción como una situación distinta de lo normal, apartada de lo que acontece regular y habitualmente, a poco que se indague en la historia jurídica argentina resulta evidente la reiteración de las situaciones que, a juicio del legislador, han merecido tal calificación y justificado el dictado de normas en su consecuencia. La supervivencia y la imprevista estabilidad de la legislación de emergencia ha conducido a que un sinnúmero de acontecimientos no puedan ser vistos a la luz de los parámetros de la normalidad, al tiempo que las soluciones extraordinarias han adquirido carácter de permanentes.

La emergencia ha sido, y continúa siendo, uno de los principales justificativos de la validez del ejercicio del poder de policía, lo que ha dado origen a una policía de emergencia que consiste en el ejercicio razonable de la atribución de limitar las garantías y derechos constitucionales ante la ocurrencia de una crisis que lo exige de modo urgente.

Los límites al ejercicio del poder de policía en materia contractual han avanzado de la mano de los pronunciamientos judiciales dictados en su consecuencia, desde que las normas restrictivas de los derechos han sido objeto de impugnación judicial por los afectados en la medida de su progresiva aparición. Es así que la Corte Suprema ha establecido, con el transcurso de los años, una sólida jurisprudencia que fijó ciertas pautas fundamentales.

La evolución histórica del poder de policía contractual tanto a nivel legislativo como jurisprudencial permite concluir que, para que su ejercicio sea legítimo, debe existir un interés público relevante de orden económico-social y debe adecuarse a la axiología jurídica de nuestro tiempo, aspirando al logro de una igualdad proporcional que sin desentenderse de la necesaria...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR