Un intento de librarse de un Poder Judicial independiente

Alberto Fernández

El juicio político a los ministros de la Corte Suprema solo puede estar motivado en tres causas: mal desempeño, delito cometido en el ejercicio de sus funciones o la comisión de crímenes comunes. Como esta enumeración anuncia, se trata de un recurso extremo que debe emplearse ocasionalmente, ante situaciones que sean indiscutibles. Si no se está en presencia de un caso claro y, pese a ello, se avanza, se daña el sistema en su integridad.

El pedido de juicio a los miembros de la Corte formulado por un grupo de legisladores del oficialismo, instigados por el Presidente de la Nación, solo revela que los peticionantes discrepan en cómo deberían haber sido resueltas esas causas y buscan desembarazarse de un tribunal que no responde favorablemente a sus intereses . Estos motivos tornan la petición en inaceptable. Veamos el tema un poco más en detalle.

En dos de los casos invocados, el Gobierno era demandado y le tocó perder. El caso restante era de carácter penal. Se discutía si un condenado por delitos de lesa humanidad tenía derecho a que los días en que el imputado había permanecido con prisión preventiva (sin condena) se computaran doble por cada día de encierro, como disponía la ley vigente en el momento de los hechos recriminados. La Corte, por mayoría, resolvió que debía acatarse la ley. Seguidamente, el Congreso dictó una nueva ley, alegando que la norma que establecía el llamado 2x1 no era aplicable en los casos de delitos de lesa humanidad. Luego de ello, en otro caso, la Corte (2018), por mayoría, rectificó el criterio anterior y adoptó el expresado en la nueva ley.

¿Esas sentencias justifican la promoción de este juicio? Es claro que no, estemos o no de acuerdo con las sentencias, porque de su lectura no surge mal desempeño alguno .

La Constitución confiere a la Corte Suprema y a los demás tribunales federales la potestad de juzgar los casos que se sometan a su decisión de acuerdo con lo que en su leal saber y entender disponen la Constitución y las leyes, con independencia de las interpretaciones que al respecto tengan los otros poderes del Estado, grupos de presión o de interés. Esta idea de un Poder Judicial independiente no solo es la que manda nuestra Constitución, sino que es la noción más difundida en muchos países de Occidente (queda para otra oportunidad definir qué es Occidente y qué países involucra).

Es cierto que a veces los temas constitucionales y legales dan lugar a interpretaciones distintas y hasta...

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