Sentencia Definitiva de SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA, 10 de Abril de 2019, expediente B 74705

PresidenteSoria-Genoud-Negri-de Lázzari-Kogan
Fecha de Resolución10 de Abril de 2019
EmisorSUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA

A C U E R D O

En la ciudad de La Plata, a 10 de abril de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctoresS.,G.,N.,de L.,K., se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa B. 74.705, "Intendente municipal de V.G. c/ Concejo Deliberante de V.G. s/ conflicto art. 196, C.. prov.; 261, LOM".

A N T E C E D E N T E S

I.1. El señor I. municipal de V.G. promovió el conflicto previsto en el art. 196 de la Constitución provincial, reglado por el art. 261 siguientes y concordantes del decreto ley 6.769/58 (LOM). Por esa vía, pretende que esta Suprema Corte declare la nulidad de la ordenanza 2.556/17, como así también, de su insistencia plasmada en la ordenanza 2.559/17, por las cuales se modificó el art. 109 de la ordenanza tributaria 2.156/08.

Denuncia que la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes -primero- y el Concejo Deliberante -después- realizaron alteraciones que desnaturalizaron el presupuesto proyectado por el Departamento Ejecutivo, aprobado para el ejercicio correspondiente al año 2017. Ello, al establecer valores máximos anuales para la tasa que grava las superficies superiores a los 7.500 m2, medida cuya consecuencia sería la detracción de recursos con los que se contaba para la administración del gobierno local.

Advierte que la situación es de análoga configuración a la que fuere materia de conocimiento por parte de este Tribunal en los autos B. 74.539, "Intendente Municipal de V.G. c/ Concejo Deliberante de V.G. s/ Confl. art. 196, C.. prov. y art. 261, LOM", solo que allí se habría modificado el mencionado art. 109 de la ordenanza fiscal de modo tal de beneficiar a las parcelas superiores a 2.500 m2 y, con ello, a un mayor número de propietarios.

I.2. El accionante considera que la ordenanza 2.156/08 priva al municipio de ingresos que se hallaban contemplados en el presupuesto aprobado y en ejecución, afectando de ese modo atribuciones privativas del Intendente municipal. Sostiene que el art. 34 de la Ley Orgánica de las Municipalidades -de consuno con las previsiones del art. 109 de ese mismo plexo y 192 inc. 5 de la Constitución provincial-, determina que una vez promulgado el presupuesto, no podrá ser modificado sino a iniciativa del Departamento Ejecutivo. Cita, en respaldo de su posición, jurisprudencia de este Tribunal.

Además, puntualiza que no se observó lo normado en los arts. 193 inc. 2 del texto fundamental y 93 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, puesto que si bien la ordenanza 2.556/17 fue dictada por la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes como manda el ordenamiento aplicable cuando de creación o aumento de tributos se trata, no habría acontecido lo mismo con su insistencia, la que fue sancionada por el Concejo Deliberante y no por la Asamblea.

  1. El Tribunal ordenó suspender los efectos de la ordenanza 2.556/17, en lo que fuere materia de observación por el art. 1 del decreto 555/17 (v. fs. 15/19 y 24).

  2. A fs. 37/44, el presidente del Concejo Deliberante de V.G., acreditando la representación del cuerpo, contestó la demanda.

    Manifiesta que el accionante interpreta promiscuamente el régimen jurídico del presupuesto municipal con el de las ordenanzas tributarias. Si bien reconoce que de acuerdo al primero el titular del Departamento Ejecutivo goza de poder de iniciativa y que existe una interdicción para su modificación hallándose el presupuesto en ejecución, entiende que no cabe predicar lo mismo en relación con el segundo. Aduce que en esta parcela la Ley Orgánica de las Municipalidades, en su art. 29 inc. 1, confiere a los concejales la facultad de presentar proyectos de ordenanzas impositivas, consecuencia natural de sus poderes normativos previstos en el art. 24.

    Alega que las atribuciones del órgano deliberativo no se encuentran limitadas a "aprobar" o "autorizar" lo propuesto por el señor I.. En tal sentido, puntualiza que dicho cuerpo no recibe un acto concluido, sino un proyecto a ser considerado, que puede rechazar o modificar. Ello significa, a su criterio, que la ordenanza 2.556/17 pudo modificar el "derecho objetivo" -para el caso, reformando el art. 109 de la ordenanza 2.156/08-, dado que no existían limitaciones legales para actuar de ese modo.

    Dice pues que no ha habido avasallamiento de las competencias del órgano ejecutivo. Junto con lo cual afirma que el veto instrumentado por el decreto 555/17 revela una motivación insuficiente, basada en la disconformidad del señor Intendente con la decisión de la Asamblea de beneficiar a quienes el primero considera un sector de la población con mayor capacidad contributiva. Esa discrepancia, según interpreta, no debería suscitar un caso judicial, máxime cuando el Concejo Deliberante, a través de la ordenanza 2.559/17, ha insistido sobre el veto. En la misma línea, estima que al Ejecutivo no lo mueve la supuesta disminución de recursos, en tanto que la ordenanza 2.556/17 realizó otras reducciones que no fueron materia de veto.

    Finalmente, en lo que atañe al cuestionamiento a la validez de...

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