La intendenta de La Rioja demandó ante la Corte a la provincia para que libere fondos para pagar salarios
La intendenta de la ciudad de La Rioja, Inés Brizuela y Doria, en el operativo de emergencia de recolección.
La intendenta radical Inés Brizuela y Doria demandó ante la Corte Suprema de Justicia a la provincia de La Rioja para conseguir que el gobernador peronista Ricardo Quintela le envíe fondos coparticipables para hacer frente al pago de sueldo de los estatales. Los trabajadores mantienen desde hace un mes en vilo a la ciudad, con un intento de toma del palacio municipal , el copamiento de las oficinas públicas, basura sin recoger, forcejeos, heridos y denuncias de inacción policial y judicial.
El conflicto creció al punto que intervinieron los máximos dirigentes de Juntos por el Cambio, por un lado, y la intendenta, que pidió la intervención del presidente Alberto Fernández en el caso. El gobierno provincial asegura que no tiene fondos para pagar sueldos porque la intendenta pasa planta permanente a 2500 empleados. Pero Brizuela y Doria acusó al gobernador Ricardo Quintela de gestar "un plan sistemático de acciones violentas".
El gobernador se reunió días atrás con el jefe de gabinete Juan Manzur, el ministro del Interior Wado de Pedro y hasta con el presidente Alberto Fernández, pero tras esos encuentros voceros oficiales dijeron que no le iban a transferir fondos especiales por el conflicto. Ayer, en tanto, estuvo con Silvina Batakis para gestionar fondos.
La intendenta, representada por el abogado cordobés Antonio María Hernández, acudió a la Corte con un recuso de amparo amparo en el que solicitó "restablecer los órdenes constitucionales federal y provincial, que aseguran la autonomía municipal" que dijo fue "vulnerada por las autoridades de las Provincia de La Rioja en sus aspectos institucionales, políticos, financieros y administrativos".
La intendenta se quejó de que "el accionar ilegítimo y arbitrario" de la provincia provocó "asfixia financiera" a la comuna "con el objetivo de detraer fondos de la coparticipación impositiva que le corresponden" y creó un "estado de abandono y de exposición al peligro del Municipio, sus dependencias y establecimientos, sus bienes y su personal". Dice la demandada que la actuación del gobernador creó "una verdadera zona liberada para la comisión de delitos" porque la policía provincial y la justicia provincial demuestran "pasividad e inacción frente a los graves hechos de violencia y las múltiples agresiones y amenazas producidas por grupos de personas que han tomado por la fuerza y ocupado...
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