Inquietud entre los empresarios que fueron citados otra vez por Bonadio

El mundo de la construcción quedó inquieto después de las citaciones a indagatoria que emitió hace dos días el juez federal por un desprendimiento de la causa de los .A partir del 20 del mes actual comenzará la indagatoria de 101 imputados, entre los que se encuentran empresarios como -primo del presidente -, Eduardo Eurnekian y Aldo Roggio, e incluso la expresidenta y exfuncionarios del Ministerio de Planificación, como Julio De Vido y José López. Aunque Bonadio decidió citar a los exfuncionarios para el final, a Cristina Kirchner la citó para el 25 de febrero, un día antes del inicio de su juicio en la causa conocida como "Vialidad", y el mismo día en que cumpliría años el expresidente Néstor Kirchner.La causa tiene su origen en los datos revelados por el chofer de Roberto Baratta, Oscar Centeno, en sus anotaciones cuasi obsesivas, en las que registró durante casi una década los movimientos de los exfuncionarios del Ministerio de Planificación, que cobraban dinero ilícito por parte de las empresas contratistas más grandes del país. A raíz de la orden masiva de detenciones que libró Bonadio el 31 de julio pasado, muchos directivos que nunca habían enfrentado siquiera la idea de quedar detenidos se enfrentaron a esa realidad, y entonces se activó el uso de la ley del arrepentido como recurso para que la causa avanzara y ellos recuperaran su libertad. Varios de esos directivos de empresas aportaron información bajo el régimen de imputados colaboradores. Algunos confesaron ser parte de lo que se llamó "el club de la obra pública" y otros confesaron haber hecho pagos de dinero negro como aporte al proyecto político, pero dijeron haberlo hecho bajo presión del anterior gobierno.Para quienes fueron citados, el golpe no fue tan fuerte como el que recibieron el 1º de agosto, cuando una decena de directivos quedó tras las rejas sin saber de qué causa se trataba ni de qué hechos se los acusaba. Este llamado era inminente: se trata, en su mayoría, de directivos cuyas empresas fueron allanadas el 17 de enero pasado, de manera simultánea, en 14 provincias del país, en busca de documentación. Esas empresas habían sido investigadas sobre la base del listado aportado por el financista arrepentido Ernesto Clarens y de la información aportada por dependencias estatales sobre contratos de obras públicas y viales.Según supo LA NACION a través de fuentes judiciales, se los cita por hechos nuevos, y no por hechos sobre...