Infracapitalización

Autor:Carlos A. Toselli
RESUMEN

Desde la sanción de la originaria ley de contrato de trabajo, la preocupación por el fraude en materia de contratación laboral y su forma de abordarlo y reprimirlo se constituyó en un tema central

 
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1. Introducción:

Desde la sanción de la originaria ley de contrato de trabajo, la preocupación por el fraude en materia de contratación laboral y su forma de abordarlo y reprimirlo se constituyó en un tema central.- Tanto es así que el régimen general en materia laboral utiliza un mecanismo sancionatorio de vasto alcance y de gran importancia para la resolución favorable de los conflictos, cual es el método de conversión.-

A diferencia de que acontece en el proceso civil donde el acto que nace viciado por la conducta de una de las parte carece de virtualidad futura una vez declarada su nulidad, en materia laboral, el acto fraudulento que se pretende encubrir bajo una figura simulada, pasa a ser un acto regido por la ley de contrato de trabajo con los alcances e implicancias que el accionar fraudulento ha tratado justamente de evitar.-

Así señala el art. 14: “Será nulo todo contrato por el cual las partes hayan procedido con simulación o fraude a la ley laboral, sea aparentando normas contractuales no laborales, interposición de personas o de cualquier otro medio.- En tal caso la relación quedará regida por esta ley”.-

Ello es complementado con el art. 13 al disponer: “Las cláusulas del contrato de trabajo que modifiquen en perjuicio del trabajador normas imperativas consagradas por leyes o convenciones colectivas de trabajo serán nulas y se considerarán substituidas de pleno derecho por éstas”.-

Estas disposiciones tienen su sentido desde el punto de vista normativo en que el legislador expresamente afirma que el trabajador es el vínculo débil de la relación laboral, el hiposuficiente contractual, que requiere de la activación de la fuente heterónoma para lograr su igualación en la vida real, ante las dificultades que emanan de su diferente poder negocial.-

La batería antifraude se va a completar en el esquema general de la Ley de Contrato de Trabajo con el mecanismo de la solidaridad que es el modo ideado, utilizando un instituto del derecho civil de las obligaciones, para generar mayores vínculos responsables tendientes a lograr la satisfacción del crédito de quien únicamente posee su fuerza laboral como modo de subsistencia.-

Desde ese punto de vista deben considerarse los arts. 29 (supuesto de intermediación en la contratación, típico caso del testaferro u hombre de paja); del 29 bis (utilización de empresas de servicios eventuales); 30 (cesión y subcontratación de actividad normal, propia y específica del establecimiento principal); 31 (grupo económico en función de la existencia de empresas subordinadas o relacionadas); 136 (exigencia de retención al empleador principal de deudas de los contratistas o intermediarios), arts. 225 a 228 (cesión de establecimiento) y art. 229 (cesión de personal sin transferencia de establecimiento).-

Este conjunto normativo sin embargo probó ser insuficiente ante contrataciones instrumentadas por medio de personas jurídicas que conforme art. 2 de la Ley de Sociedades Comerciales revisten el carácter de sujetos de derecho, independientemente del patrimonio de sus integrantes, según el tipo societario adoptado y que como tales podían repeler los intentos de los trabajadores de percibir sus créditos exhibiendo justamente la limitación del capital social, en el fenómeno que se ha dado en llamar la “infracapitalización societaria”, avalado por una legislación comercial que permite el funcionamiento de entes de derecho con importante volúmen de giro comercial, pero con escaso o nulo capital de solvencia a la hora de responder por las obligaciones asumidas.-

Es por ello que el legislador de la ley 22.903 modificatoria de la ley 19.550 intenta imponer un cierto grado de moralidad en aquellas relaciones contractuales en la que el sujeto pasivo era un ente societario con capacidad de respuesta económica limitada, para que se diera lo que el jurista francés Alain Supiot reclamara de manera insistente, en cuanto a la existencia de “relaciones civilizadas”.- Así se expresa: “Vale decir que el texto proyectado, a partir de una variante ética, se adecua jurídicamente a la razón misma del reconocimiento de la personalidad, que no puede servir para violentar lo que constituye el objeto genérico y abstracto de las sociedades comerciales a la luz de lo expuesto en el art. 1 de la ley 19.550”.-

Es asi que se agrega un párrafo final al art. 54 estableciendo: “La actuación de la sociedad que encubra la consecución de fines extrasocietarios, constituya un mero recurso para violar la ley, el orden público o la buena fe o para frustrar derechos de terceros, se imputará directamente a los socios o controlantes que la hicieron posible, quienes responderán solidaria e ilimitadamente por los perjuicios causados”.-

Los diversos modos de utilización fraudulenta de la persona jurídica

La posibilidad de avanzar por sobre la persona jurídica nos remite a pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en dos casos que técnicamente no tenían vinculación con lo laboral, pero que son los precedentes más importantes al respecto, ya que en ambos casos se deja de lado la figura diferenciada de dos entes jurídicos con personería propia para considerar que en realidad estábamos en presencia de un único sujeto. Así fue que en la causa: “Compañía Swift de la Plata S.A.” se extendió la declaración de quiebra y por ende la condena falencial a “Deltec International Limited” como titular real y verdadera responsable del cumplimiento de las obligaciones de quien se consideró como fallida aparente, en razón de detentar el verdadero control y propiedad de sus bienes y del manejo de su operatoria.- En ese sentido se destacó que: “La apariencia de formas jurídicas que asumen distintas fracciones del mismo grupo de sociedades, estructuralmente unificadas, con predominio de una de ellas, no debe producir el efecto de que una parte sólo formalmente diferenciada sea la única afectada con la decisión judicial de la declaración de quiebra”1.

El segundo caso tuvo su origen en una determinación de oficio de deuda practicada por la Dirección General Impositiva en contra de la firma Parke Davis S.A., que remitía a su casa matriz en Detroit, Michigan, el importe correspondiente a regalías por servicio y uso de fórmulas, deduciendo el total remitido como gasto en su balance comercial e impositivo.- Determinado por la investigación fiscal que la empresa receptora era la titular del 99,95% de las acciones de la subsidiaria local, se sostuvo y así fue confirmado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación que las sumas acreditadas debían ser consideradas como utilidades y que en definitiva el uso de la fórmula por parte de la subsidiaria local debía ser entendida como aporte de capital, en atención a la inexistencia de dos partes contratantes, sino a una contratación aparente en atención al grado de control de la casa matriz sobre la subsidiaria, lo que se traducía en la titularidad absoluta del capital accionario2.-

Como sostiene Tosto, en función de dichos precedentes, se “abre el camino de soslayar las apariencias de formas jurídicas, en consideración de la primacía de la realidad económica y social y del derecho objetivo”3.-

La Corte Nacional concluye su trilogía sobre el avance respecto de la persona jurídica reconocida en la legislación local especificando que “los tribunales pueden descorrer el velo societario en el interés de los mismos que lo han creado... ya que de lo que se trata es de la necesaria prevalencia de la razón del derecho”4.-

En materia laboral, antes de la reforma de la ley 22.903 existen algunos importantes precedentes, destacándose el emanado de la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo integrada por los prestigiosos juristas Dres. Justo López, Humberto A. Podetti y Juan Carlos Goyena que en lo central sostiene que: “corresponde responsabilizar por las obligaciones laborales a la SRL que explotaba el negocio donde se desempeñaron los actores, y también, solidariamente, a los socios individualmente demandados, si aquélla funcionó irregularmente sin hacer aportes jubilatorios referidos a sus dependientes, a los que burló dejándolos sin trabajo, desapareciendo con la venta de las instalaciones, que constituían sus únicos bienes”. CNAT, Sala II, 9/5/73, “Aybar, Rubén E. Y otro c/ Pizzería Viturro, SRL y otros”, DT 1974-67).-

Como se puede apreciar en dicho precedente entran en juego la patología de la contratación, refiriéndonos al trabajo “no registrado”, pero también la cuestión de la insolvencia, a través de la descapitalización o licuación patrimonial, por venta de sus activos, con lo que se torna imposible la prosecución del giro comercial, sumado a la cuestión de la desaparición “física” de la sociedad, más allá de su persistencia jurídica.-

Esta línea de cuestionamiento al accionar societario se va a profundizar a partir de 1.997 con la decidida...

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