La inflación y el intervencionismo, golpes al derecho de propiedad

Los economistas suelen comparar el funcionamiento del sistema económico con el presupuesto de una familia para resaltar que no se puede gastar más allá del ingreso disponible y el crédito que se obtenga. Pero esto es verdad sólo cuando se respetan los derechos de propiedad y dos instrumentos de política económica muy utilizados en la coyuntura actual no lo hacen: el impuesto inflacionario y las intervenciones en los mercados.

A diferencia de otros impuestos que necesitan una ley para ser aprobados, el impuesto inflacionario puede ser establecido por el gobierno unilateralmente al decidir cuánto déficit fiscal se generará y cuánto de ese déficit será financiado con dinero, alimentando la inflación. De paso, las aceleraciones de la inflación son funcionales para licuar salarios y jubilaciones en el corto plazo y esa licuación no deja de constituir una forma de violación de los contratos. La aceleración inflacionaria que estamos viviendo está en línea con este cuadro.

Las intervenciones actuales en los mercados -desde el cepo cambiario a los controles de precios y la prohibición de exportar carne-, que complementan la política antiinflacionaria de devaluar por debajo de la inflación son, también, una forma de violación de la propiedad. Implican que un agente puede decidir sobre los recursos que son propiedad de otro y, como consecuencia, se transfieren ingresos y riqueza de uno a otro sector. No es que las regulaciones de mercado no deberían existir. Se justifican cuando existen fallas de mercado. Pero, justamente, como limitan derechos y redistribuyen ingresos, deben contar con consensos políticos amplios que, en democracia, se expresan a través del Congreso.

Llegados a este punto podríamos recomendar reducir el déficit, echarles la culpa a los gobiernos de gastar y emitir demasiado y dejar al resto de la ciudadanía libre de culpa y cargo. Pero parece apresurado en un país donde el gobierno se elige en comicios libres desde 1983. Parece más atinado extender la metáfora citada más arriba y decir que la Argentina, hasta cierto punto, se comporta como una familia algo disfuncional que no logra ponerse de acuerdo sobre cuánto gasto público tener y cómo asignarlo, y sobre cuántos impuestos cobrar y a quién debido a que ha sido incapaz de lograr consensos mínimos sobre qué distribución de recursos resulta aceptable para satisfacer al mismo tiempo la equidad y las necesidades de la inversión y el crecimiento.

¿Implica la metáfora de la...