El ineludible control sobre los fondos universitarios

 
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Todo indica que este año escalará el conflicto entre la Sindicatura General de la Nación (Sigen) y las universidades nacionales.A principios de 2018 el presidente , al reglamentar la ley que pauta las funciones de la Sigen, otorgó al síndico general, Alberto Gowland (h.), atribuciones para participar, con los distintos sectores del Estado nacional, en la formación de los equipos de auditorías internas. Las opiniones de la Sigen en materia de control, según el decreto 72/2018, pasaron a ser de cumplimiento obligatorio para todo el Estado. El propósito perseguido por la norma era fortalecer los controles internos como mecanismo para alertar sobre el uso inadecuado de los fondos públicos, sobre prácticas poco transparentes y sobre la ausencia de la debida rendición de cuentas. En otras palabras, realizar una actividad preventiva en materia de corrupción y ayudar a administrar mejor la burocracia estatal. El decreto, que resulta aplicable a toda la administración, sin exclusiones, estableció un sistema de consulta con cada sector de la administración para la designación de las auditorías internas, con el objetivo de lograr una mejor coordinación en el uso de la información.Las universidades nacionales, hace unas semanas, desafiaron la reglamentación de la ley dispuesta por el Poder Ejecutivo bajo el falaz dogma de una autonomía ilimitada y absolutizada. Unas diez universidades dictaron resoluciones oponiéndose a los nombramientos de auditores por la Sigen y, aunque resulte difícil de entender, la Universidad de La Rioja presentó una demanda a pesar de que la resolución de la Sigen ratificó precisamente al mismo auditor que ella había designado. El juez federal de La Rioja, Daniel Herrera Piedrabuena, adoptó una tan sorprendente como inapropiada decisión al ordenar a la Sigen que se abstuviera de intervenir en la designación del auditor de la universidad. A fines de diciembre del año pasado, la Cámara Federal de Córdoba, con la firma de Graciela Montesi, Ignacio María Vélez Funes y Eduardo Ávalos, puso fin a esa anómala situación y revocó la medida cautelar del juez federal riojano. Para hacerlo sostuvo que este había violado la ley aplicable en materia de medidas cautelares contra el Estado, entre otros errores notorios que la Cámara Federal destacó como fundamento de su resolución. En consecuencia, el auditor tiene vigentes su nombramiento y su ratificación posterior.Se debe tener presente que la ha sostenido en dos recordados precedentes...

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