Indec, cuatro años de fraude

La publicación del índice oficial de precios minoristas de enero de 2007 puso por primera vez en obvia evidencia la manipulación realizada en su elaboración. El incremento mensual del 1,1 por ciento informado por el Indec era sustancialmente menor que cualquier percepción de la realidad para ese mismo mes. La apertura más detallada de la información puso de manifiesto que se habían utilizado algunos precios que respondían a listas oficiales, que el Gobierno había intentado imponer pero que no se acataban, y que además se había introducido algún caprichoso cambio metodológico. La maniobra no le fue fácil al secretario de Comercio, Guillermo Moreno, su impulsor obediente y mano ejecutora.Las presiones sobre el Indec se venían produciendo desde mediados de 2006, cuando Moreno emplazó y amenazó fuertemente a la entonces directora nacional de Condiciones de Vida del organismo, Clyde Trabuchi, y comenzó a requerir información a Graciela Bevacqua, responsable de los índices de precios. Después de enero de 2007, ambas funcionarias fueron desplazadas al resistirse a manipular las estadísticas y a entregar información amparada por el secreto estadístico y requerida por el Gobierno para verificar el cumplimiento de los controles de precios. Muchos otros profesionales del organismo también reaccionaron, resistiendo la maniobra y denunciándola públicamente. De la misma forma pagaron las consecuencias al ser trasladados a funciones menores o forzados a renunciar y ser reemplazados por personas leales al secretario Moreno.Desde entonces, la medición del índice de precios minoristas sistemáticamente ha mostrado un evidente alejamiento de la realidad. Este falseamiento contaminó otras mediciones del Indec, como las de pobreza e indigencia y las de crecimiento de la actividad económica.Las denuncias se multiplicaron y varias de ellas ingresaron en la Justicia. La causa fue tomada por el juez Rodolfo Canicoba Corral e impulsada por el entonces fiscal Carlos Stornelli. La Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, conducida entonces por Manuel Garrido, inició una investigación. Esta avanzó recogiendo pruebas importantes, llegando a solicitar que el Indec fuera intervenido. También actuó la Defensoría del Pueblo, entonces a cargo de Eduardo Mondino, reclamando la normalización del organismo. Sin embargo, nada de esto fue efectivo. Garrido renunció en marzo de 2009 agraviado por las limitaciones de todo tipo que le impusieron desde el Poder Ejecutivo. El fiscal...