Indagación del trabajo infantil en Corrientes según la Convención Internacional Derechos del Niño

• Autor: María Alejandra Silva

A Medidas generales de aplicación

El propósito de este informe es conocer cual es el lugar que ocupa el tema de la niñez en situación de trabajo en la agenda del gobierno, la oposición política, las organizaciones sociales y la sociedad en general se hizo una primera consulta a los responsables de las mismas. Esto se ha hecho con el fin de saber si la niñez es una “cuestión socialmente problematizada”, que es aquella que por su importancia ha sido incluida en la agenda de problemas sociales que requieren una necesaria toma de posición de múltiples actores sociales”. Esto implica que el Estado es solo una parte – relevante- de un proceso social más abarcativo que incluye a una multiplicidad de actores sociales como clases o fracciones de clase, movimientos sociales, organizaciones e individuos estratégicamente ubicados respecto a una cuestión.

El mismo se realiza en el marco de una investigación mas amplia denominada “Trabajo infantil y salud: del derecho a la compensación del daño al derecho a la salud” basada en una concepción del derecho a la salud.

El derecho a la salud no solo es un derecho a ser atendido en la “enfermedad”, es ganar en más y en mejor salud; y por eso tenemos derecho a participar y exigir el control de los factores que ponen en riesgo la salud, “nuestra salud” y de “nuestra posteridad”. Por ejemplo, control de factores de contaminación ambiental, de riesgos laborales o de accidentes en los espacios públicos”.i Que para el caso del trabajo infantil en sus diversas formas implicaría el control de los factores sociales (pobreza, desempleo de los adultos, empleo en negro), económicos (distribución del ingreso y la riqueza, redes delictivas con alto poder económico que se asientan en la corrupción policial con anuencia de algunos jueces, empresarios y empleadores que utilizan a niñ@s para ahorrar costos fijos) y políticos (viabilizar el plan nacional de erradicación del trabajo infantil acompañado de un efectivo cambio institucional que promueva acciones interministeriales e intersectoriales de sensibilización social, investigación y penalización del delito, control migratorio y políticas publicas de mediano y largo plazo) que afectan la salud de niñ@s que son l@s víctimas del trabajo infantil urbano, rural y esclavo/trata.

Se realiza el análisis de documentos (leyes, programas de trabajo, salud, minoridad y familia) y notas periodísticas. Se consulta a informantes calificados que pertenecen a Ongs y organismos gubernamentales (SENAF, Programa Social Agropecuario, Ministerio de Trabajo de la Nación- Delegación Regional Corrientes, Dirección de Migraciones, Secretaria de trabajo de la Provincia de Santa Fe y Corrientes, Dirección de Minoridad y Familia de Corrientes, Sec. de Acción Social de Corrientes, Secr. de DDHH de Corrientes, Centro del Adolescente de Corrientes, Dirección de Programación y Acción Social de la Secretaria de Desarrollo Humano de Corrientes y la Comisión de DDHH de Diputados de Corrientes. Dentro del municipio de la ciudad de Corrientes se consulta a funcionarios responsables de: la Dirección de Políticas Sociales y la Dirección General de Fortalecimiento y Desarrollo de la Familia, Niñez y Adolescencia.

Se toma como marco normativo la siguiente legislación: Convenios 132 y 182 de la OIT, Constitución nacional (art.75. Inc.22), Ley Contrato de Trabajo Nº 20.744, Ley Trabajo Agrario Nº 22.248, Ley 23.849 (D.N.), Ley 25.255 (peores formas), Ley 25877 del trabajo decente, Ley. 26061 Protec. Niño y Adolescente, Ley de trata 26.364/08, Ley 26.390 (edad mínima).

Para comprender las medidas de protección especial respecto a la explotación laboral y sexual de niñ@s, es preciso conocer primero cuales son las medidas generales y en que contexto político y social se encuentra la niñez en la provincia.

Durante el año en curso, se crea un Consejo Provincial de niñez, Adolescencia y Familia, integrado solo por el poder ejecutivo y sin ninguna participación de ONGs dedicadas al tema (Decr. Nº 257/08). Su accionar se encuentra liderado por la Dirección de Minoridad y Familia, que mantiene su propia denominación desde un paradigma tradicional.

Desde el legislativo la Dip. María Inés Fagetti (FPV) promueve el debate para adherir a la Ley 26.061 creando un verdadero sistema integral de protección de este grupo vulnerable durante el año 2007. Su proyecto es relegado a un segundo plano, pero en la Comisión de Derechos Humanos encuentra eco. De esa forma se realiza una Jornada de Reflexión sobre la ley durante el mes de junio de 2008, organizado junto a la Dip. Cecilia Gortari del bloque radical oficialista donde participa el SENAF nacional y también se habla del trabajo infantil en Corrientes².

En dicha jornada se forman grupos de trabajo que se conforman con entidades sociales y publico en general, sumado a representantes de municipios y comunas de diverso corte partidario. Al final de la misma se informa que seguirán realizando actividades similares durante el año en distintas zonas. Lamentablemente las mismas no se ponen en práctica porque se adelanta la campaña electoral en la provincia y los legisladores de todos los grupos políticos se sumergen en viajes a Bs. As. Y el interior e impidiendo el quórum para sesionar desde el mes de setiembre.

No obstante, el mayor problema no proviene de todo devenir político de la contienda preelectoral, sino de la misma naturaleza del Estado en lo que hace a su “agenda publica”, régimen político que la pone en marcha y presupuesto que la hace viable.

El primer aspecto distintivo es el régimen político o tipo de reclutamiento y ascenso de las elites dirigentes de la clase política en general, tanto en el poder ejecutivo como en el legislativo y judicial. Esto es un freno a la hora de diseñar proyecto técnicos para erradicar y prevenir el trabajo infantil o a cargo de direcciones de niñez en general.

Cabe indicar que si bien el actual gobierno surge de una alianza entre un grupo de radicales y otro del FPV, en la practica los dos se encuentran enfrentados entre si y al mismo tiempo divididos al interior en mas de dos facciones. Por tal motivo, hay espacios de decisión que no se ocupan cuando uno de los responsables renuncia (como la Subsecretaria de DDHH), o se cambian con frecuencia (como el caso de la Comisión de Erradicación del Trabajo Infantil y la Dirección de Acción Social) donde he entrevistado a dos funcionarios en el plazo menor a 1(un) año.

Esto demuestra la falta de continuidad en las políticas, así como la falta de unidad en el mismo Estado que podría favorecer la situación de protección de los niños y las niñas en general y de los que trabajan en especial.

Algo similar sucede entre el gobierno de la provincia y el municipio, según declaraciones de funcionarios del mismo señalando que no son invitados a jornadas de capacitación de temas de interés publico como la violencia contra la mujer.

Por ultimo se observa que el Estado carece de capacidad para llevar adelante políticas de protección a la niñez y de prevención y erradicación del trabajo infantil. Se denomina capacidad del Estado a la dotación de procesos administrativos a cargo de personal capacitado, sumado a la existencia de personal técnico idóneo, voluntad política y poder de decisión, así como presupuesto disponible para realizarlo.

En el caso de Corrientes puede afirmarse que hasta el momento los diferentes organismos...