Incumplidores seriales

A muy pocas semanas de rechazar la sentencia de la justicia estadounidense que condenó al Estado argentino y favoreció a bonistas que no aceptaron el canje de deuda, el gobierno nacional ha sumado otro duro revés internacional, en esta ocasión mediante un fallo de la Organización Mundial de Comercio (OMC) que determina que las herramientas empleadas para limitar las importaciones a nuestro país resultan abusivas e incompatibles con la normativa de ese organismo internacional.Este dictamen contrario a la Argentina es otra lamentable consecuencia de la irresponsabilidad de la administración nacional, que había recibido reiteradas advertencias por parte de instituciones, especialistas y gobiernos extranjeros acerca de los probables efectos de la violación de normas del comercio internacional.Durante varios años el entonces secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, ordenó decisiones sin base legal con la anuencia de la presidenta de la Nación, que afectaron intereses de numerosos e importantes miembros del concierto mundial. A sabiendas, se desconocieron las facultades de la OMC y así fue como Estados Unidos, la Unión Europea y Japón pidieron consultas, paso inicial para la solución de diferencias en el citado organismo internacional. Esa etapa, que permite llegar a acuerdos, inexplicablemente no fue tomada en cuenta seriamente por las autoridades argentinas. Se dejaron fluir los acontecimientos, que dieron lugar a la formación de un grupo de expertos, del cual nacería el informe desfavorable para nuestro país. Mientras esto ocurría, pidieron intervención en el caso, en condición de "terceros afectados", otros países, como Australia, Canadá, China, India, Suiza, Israel, Noruega y Ecuador.Transcurrido al menos un año y cumplida la etapa del informe del grupo de expertos y de su correspondiente apelación, desfavorables para la Argentina, se pasó a una etapa de recomendaciones y resoluciones y, tras varias acciones, a la sentencia final, también contraria para nuestro país.El fallo se basa en la inconsistencia legal del uso de las licencias no automáticas de importación y de la Declaración Jurada Anticipada de Importación (DJAI), mecanismos que abarcan casi todos los bienes y utilizados para cerrar nuestra economía y, presuntamente, cuidar las reservas en dólares del Banco Central. Ambos...