Incorporación de ATE paritaria CABA

RESUMEN

“ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES DEL ESTADO CONTRA GCBA SOBRE AMPARO (ART. 14 CCABA)”, EXPTE: EXP 25437/0

 
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Buenos Aires, de agosto de 2009.- Y VISTOS: Estos autos, para resolver sobre el recurso de apelación interpuesto y fundado por la parte demandada —a fs. 310/316, memorial cuyo traslado fue contestado a fs. 322/335 vta.— contra la sentencia obrante a fs. 304/308. I. A fs. 1/11 vta. se presentó la Asociación de Trabajadores del Estado (A.T.E.) mediante su representante legal e interpuso acción de amparo contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con el fin de que se ordene al demandado a incorporarla de modo permanente a la Comisión Negociadora Central de la Ciudad de Buenos Aires y que cesen las prácticas obstructivas a su actuación en el ámbito de la negociación colectiva sectorial. A fs. 304/308, el Sr. Juez de primera instancia hizo lugar a la demanda respecto de la pretensión relativa a la afectación del derecho de A.T.E. a intervenir en las negociaciones colectivas generales y ordenó, en consecuencia, que en lo sucesivo el Gobierno de la Ciudad la incorpore a la Comisión Negociadora Central. Por otro lado, el sentenciante de grado rechazó la demanda en relación con la pretensión dirigida al cese de las restricciones que A.T.E. alega sufrir en el ámbito de la negociación colectiva sectorial. Para así decidir, el magistrado señaló que, habiéndose cuestionado la conducta del Gobierno de la Ciudad, éste no ha contestado la demanda, razón por la cual podría valorarse dicha actitud como un reconocimiento de los hechos alegados por la actora como fundamento de su pretensión. Agregó que, sin perjuicio de ello, la prueba ofrecida y producida por la parte actora y la medida para mejor proveer ordenada por el Tribunal, permiten tener por acreditado que el GCBA no ha permitido la participación de A.T.E. en la Comisión Negociadora Central. Asimismo, el a quo expresó que una distinta consideración merecen las alegadas restricciones a la participación de A.T.E. en el ámbito de la negociación colectiva sectorial. Ello así por cuanto, en su opinión, la propia actora reconoció que se ha admitido su participación en diferentes Comisiones Negociadoras Sectoriales, ––tales como la de Salud, del Teatro Colón, de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires y del Centro Cultural Recoleta––. En consecuencia, en opinión del juez de grado se ha acreditado fehacientemente en autos que A.T.E. tiene participación en la negociación colectiva sectorial y que, asimismo, ésta es reconocida por la demandada, sin que existan elementos de convicción que, a su vez, permitan tener por acreditadas las restricciones que dice sufrir en el ejercicio de su derecho. Por otro lado, el magistrado expresó que cualquier asociación gremial que pretenda participar de una negociación general en el ámbito de la Ciudad, debe acreditar que tiene personería gremial y que su ámbito de actuación comprende al conjunto de la administración pública de la Ciudad. El juez consideró que se encuentran debidamente acreditados en el sub lite ambos extremos con respecto a A.T.E. Así, luego de analizar la documentación agregada, concluyó que el Gobierno de la Ciudad ha incurrido en un comportamiento manifiestamente ilegítimo al negar la participación de A.T.E. en las negociaciones colectivas generales en el ámbito de la Ciudad. En tal sentido el juez de grado destacó que, tanto en el sector público local como en el nacional se encuentra consagrado el principio de la representatividad colectiva plural de los trabajadores, que garantiza a los sindicatos que actúan en el ámbito de la Ciudad su derecho a participar de las negociaciones colectivas tanto sectoriales como generales, en representación de los afiliados cotizantes. A todo ello el magistrado agregó que la conducta desarrollada por la demandada importó un reconocimiento del derecho de la actora, ya que ha conferido participación a A.T.E. en el ámbito paritario a nivel sectorial. Por todo ello, el sentenciante concluyó que, en este aspecto, correspondía hacer lugar a la acción de amparo intentada. La Ciudad apeló la sentencia, recurso que motiva la intervención de esta Alzada. El Ministerio Público Fiscal dictaminó a fs. 338/9, propiciando que se confirme el pronunciamiento apelado. II. Cuestiones previas II.A.- El progreso sólo parcial de la pretensión —en los términos de la sentencia de primera instancia— ha resultado consentido por la accionante. Por tanto, en este estado procesal sólo cabe examinar los cuestionamientos vertidos por el gobierno apelante con respecto a la condena a incorporar en lo sucesivo a la entidad gremial actora a la Comisión Negociadora Central. II.B.- Con carácter previo a ingresar al tratamiento del thema decidendum propuesto a conocimiento del tribunal, cabe referirse a un aspecto del trámite de la causa que se relaciona con el examen de la admisibilidad formal de la apelación, que ha sido expresamente destacado por la parte actora y por el Ministerio Público Fiscal. Del expediente surge que el juez de primer grado confirió traslado de la demanda a fs. 185. Encontrándose debidamente notificada la parte demandada (cfr. cédula de fs. 252), no presentó su contestación en tiempo oportuno. Ahora bien, las circunstancias procesales descriptas no impiden que esta Cámara se aboque a conocer sobre los agravios contenidos en el memorial, en tanto ello no suponga retrogradar la causa a etapas precluídas. Ello así, en primer lugar, por cuanto la doctrina ha sostenido que si el informe resulta equivalente a la contestación de la demanda en el marco procesal del amparo y, por tanto, cabe concluir que la omisión de presentarlo constituye el incumplimiento de una carga procesal que debe aparejar consecuencias semejantes a la falta de contestación. Y esta situación no conlleva, necesariamente y por sí misma, el progreso de la pretensión, toda vez que la sentencia debe pronunciarse de acuerdo a las constancias de la causa y el derecho aplicable (Sagués, Néstor Pedro, Derecho Procesal Constitucional, Acción de Amparo, 3, 4ta. edición ampliada, Astrea, Buenos Aires, 1995, p. 421; Morello, Augusto M. y Vallefin, Carlos A., El amparo. Régimen procesal, Librería Editora Platense, 4ta. Edición, Buenos Aires, 2000, p. 118). En este sentido, cabe poner de resalto que en el supuesto de rebeldía del demandado —situación aún más grave que la suscitada en este caso, toda vez que en la especie la accionada compareció y constituyó domicilio—, la sentencia es pronunciada “...según el mérito de la causa y lo establecido en el art. 145”, CCAyT (cfr. art. 54, segundo párrafo, del mismo cuerpo legal), lo cual implica, entre otras cosas, “la decisión expresa, positiva y precisa, de conformidad con las pretensiones deducidas en el juicio, calificadas según correspondiere por ley” (art. 145, inc. 6, CCAyT —énfasis agregado—, requisito igualmente aplicable a las sentencias de segunda instancia, cfr. art. 147, CCAyT). Ello no es más que una aplicación específica del deber de fundar toda sentencia “respetando la jerarquía de las normas vigentes” (cfr. art. 27, inc. 4, CCAyT), inclusive si los preceptos jurídicos no han sido invocados por las partes. En igual sentido, la legislación procesal permite al litigante rebelde apelar la sentencia, e inclusive solicitar que se produzca prueba ante la Cámara en los términos del art. 231, CCAyT (cfr. art. 60, CCAyT; Loutayf Ranea, Alberto G., El recurso ordinario de apelación en el proceso civil, tº 1, Astrea, Buenos Aires, 1989, p. 215, ‘d’). En tal hipótesis —y en el supuesto de hallarse reunidos los recaudos pertinentes—, la alzada se halla legalmente autorizada a examinar aspectos fácticos a pesar de no haber sido contestada la demanda en la oportunidad procesal correspondiente. Este bloque normativo —aplicable al caso en función de la supletoriedad establecida por el art. 28, ley 2145, con las peculiaridades del amparo— lleva a concluir que, en las circunstancias de la causa, la parte demandada no se hallaba impedida de apelar la sentencia. Más aún cuando se trata de una cuestión de puro derecho —esto es, un debate circunscripto a aspectos jurídicos— el criterio aquí propiciado no resulta contrario a la sumariedad propia de esta acción (arts. 43, CN, y 14, CCBA) en la medida en que no supone una prolongación indebida del proceso ante esta instancia. Realizada esta aclaración corresponde ingresar en el tratamiento de la segunda cuestión preliminar sometida a conocimiento de este tribunal. II.C.- En su memorial, el accionado cuestionó la procedencia de la vía elegida por el actor para ejercer su pretensión. Sin perjuicio de poner de relieve que en esta etapa no cabe cuestionar aspectos del trámite que han quedado consolidados por cuanto la parte demandada no los cuestionó oportunamente, no es posible ignorar que —tal como este Tribunal ha señalado anteriormente— la acción de amparo procede contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares que, en forma actual o inminente, lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos o garantías reconocidos por la Constitución Nacional, los tratados internacionales, las leyes de la Nación, la Constitución de la Ciudad, las leyes dictadas en su consecuencia y los tratados interjurisdiccionales en que la Ciudad sea parte, de conformidad con lo establecido por los artículos 43 C.N. y 14 C.C.B.A. Como lo ha declarado la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la arbitrariedad o ilegalidad manifiesta requiere que la lesión de los derechos o garantías resulte del acto u omisión de la autoridad pública en forma clara e inequívoca, sin necesidad de un largo y profundo estudio de los hechos o de un amplio debate y prueba (Fallos, 306:1253; 307:747). Sin embargo, no por ello puede calificarse al amparo como una acción excepcional. Por el contrario, toda vez que ésta constituye una garantía constitucional, para tutelar de modo rápido y eficaz los derechos y las garantías establecidas para protegerlos, la procedencia de aquél debe ser analizada con criterio razonablemente amplio...

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