Los inconvenientes del congelamiento tarifario

La recientemente promulgada ley de solidaridad social y reactivación productiva faculta al Poder Ejecutivo a suspender aumentos en las tarifas de electricidad y gas por 180 días, plazo durante el cual se realizará una revisión de estas y se iniciará un proceso de renegociación con las concesionarias, dentro de los términos de las leyes de electricidad y de gas.Anticipa la nueva ley un resultado de esa revisión cuando señala que se propenderá "a una reducción de la carga tarifaria real sobre los hogares y las empresas para el año 2020". La utilización de la palabra "real" hace entender que el valor de las tarifas, luego del período de congelamiento, deberá nivelarse por debajo de la inflación ocurrida. La nueva norma modifica lo dispuesto por la ley 27.467, que había ordenado que Edenor y Edesur pasaran a la jurisdicción de la provincia y de la ciudad de Buenos Aires, respectivamente. Será ahora nuevamente el gobierno nacional quien las regule.Las nuevas disposiciones tienen la intención de favorecer a los más necesitados, pero no hablan de tarifa social ni de mecanismos de subsidio orientados a quienes demandan la energía, sino a quienes la producen. Tal vez la forma más sana de subsidiar la demanda y no la oferta surja después. Pero lo cierto es que vuelven a utilizarse las tarifas de los servicios públicos como ancla antiinflacionaria. Se reitera así la política aplicada entre 2003 y 2015, cuyos efectos destructivos sobre la producción energética son conocidos.En ese período, la Argentina pasó de ser exportadora de energía a tener que importar cantidades crecientes de gas licuado (GNC) y a aumentar los cortes de luz. La compensación con subsidios a las compañías...