La retribución en los incidentes concursales. La doctrina 'Sanfilippo' ¿se encuentra derogada?

Autor:Pesaresi, Guillermo M. - Passarón, Julio F.
 
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La retribución en los incidentes concursales. La doctrina "Sanfilippo"

¿se encuentra derogada?

Por Guillermo M. Pesaresi y Julio F. Passarón

1. El artículo 287 de la ley 24.522

Aunque los sucesivos ordenamientos concursales contemplaron tanto las oportunidades como las bases regulatorias y porcentuales aplicables para la justipreciación de la labor profesional en el marco del proceso universal principal, curiosamente, hasta principios de 1995 no establecieron previsión alguna de cómo debía proceder el juez para estimar los honorarios devengados por tareas prestadas en los incidentes surgidos durante aquel trámite.

En efecto, ni las Ordenanzas de Bilbao, ni los Códigos de Comercio de 1862 y de 1889 (leyes 15 y 2637, respectivamente), ni las leyes 4156, 11.719 y 19.551, dieron una respuesta concreta a este interrogante arancelario. Recién se erigió el primer precepto en la materia cuando, mediante el art. 7° de la ley 24.432, se incorporó el art. 309 bis a la ley 19.551 y cuyo texto ­sin modificación­ se adoptaría pocos meses después para el art. 287 de la ley 24.522 ­LCQ­. En definitiva, la norma quedó redactada de la siguiente manera: "En los procesos de revisión de verificaciones de créditos y en los de verificación tardía, se regularán honorarios de acuerdo a lo previsto para los incidentes en las leyes arancelarias locales, tomándose como monto del proceso principal el del propio crédito insinuado y verificado".

Es claro que hasta ese momento la legislación resultaba claramente insuficiente[1]. Tanto es así que la doctrina clamaba por la inclusión de un precepto que reglamentara el particular[2], pero frente al actual contenido de la regla lo cierto es que las críticas esbozadas todavía mantienen virtualidad. Y es que el artículo no sólo no agota el debate en torno a las distintas facetas que tiene la fijación de la retribución profesional en estos casos, sino que, por lo demás, introduce una solución que puede tildarse de contradictoria. Ello no impide reconocer que el intento preceptivo pone en evidencia el afán del legislador por encontrar una salida normativa; circunstancia que implica ­de por sí­ un saludable avance y que significa ­cuanto menos­ un aporte, una pequeña luz sobre un tema totalmente a oscuras.

2. Descripción de los temas controvertidos

Un estudio pormenorizado que abarque tanto la problemática como las aristas conflictivas que conlleva la fijación de honorarios por trabajos en los incidentes concursales, no sólo excede la extensión de este trabajo sino que, indudablemente, de-

1 Fernández Moores, La regulación de honorarios en el incidente de revisión, LL, 1989-B-377.

2 CCivCom Rosario, en pleno, 12/6/89, ED, 136-441, voto del doctor Rouillon, con nota de Truffat, Otros enfoques sobre regulación de honorarios concursales, ED, 136-438; Etcheverry, Reflexiones acerca de un plenario sobre honorarios de síndicos en los concursos, ED, 95-842.

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be inscribirse en un análisis a fondo de la totalidad del sistema arancelario concursal[3]. Es por ello que, en esta oportunidad, nos limitamos a enunciar ciertas pregun-

tas fundamentales y a intentar acercar algunas respuestas.

a) Base regulatoria. ¿Cuál es el monto a considerar? ¿Se toma como pie arancelario la suma verificada o declarada admisible, aunque ésta sea una parte de la acreencia que pretendió insinuarse? A poco que se avance se advierte que la norma encierra en sí misma una contradicción, pues se refiere indistintamente al crédito "insinuado y verificado", utilizando la conjunción copulativa "y"[4] que genera una discordancia entre dos factores a considerar, dado que ­eventualmente­ éstos no serán coincidentes en las hipótesis de rechazo o admisión parcial de la pretensión revisoria o verificatoria tardía.

A este respecto, la Sala D de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial se inclinó por considerar que "la conjunción aplicada a la frase supone prima facie que sólo los créditos insinuados, en cuanto hayan sido verificados, constituirán la base de la remuneración de los profesionales que actuaron en el expediente", por lo que "parece fatal escoger como base pecuniaria de los honorarios el crédito finalmente verificado"[5]. A pesar de ello, la mayoría de las salas del fuero puntualizaron ­a nuestro entender, en modo más acertado­ que si la demanda fue rechazada, corresponde calcular los honorarios sobre el monto del crédito que pretendió verificarse[6] o revisarse[7], o sea, la totalidad de la acreencia por la que se inició la revisión; en otras palabras, el objeto de reclamo[8] o la suma pretendida al promoverse la acción[9]. Algo similar ocurre cuando el crédito es receptado parcialmente, pues en estos supuestos no sólo cabe considerar exclusivamente el monto de la condena, sino también la cantidad cuya procedencia se desestima[10]. Esta posición no hace sino corroborar el

3 Ver Pesaresi - Passarón, Honorarios en concursos y quiebras, Bs. As., Astrea, 2002.

4 Rouillon, Sindicatura concursal y honorarios en los concursos, Bs. As., Panamericana, 1995, p. 63; CCivCom Rosario, en pleno, 27/12/99, "Dirección Provincial de Rentas c/Auto Sprint s/quiebra s/verif. créd.", ED, 188-223, voto del doctor Rouillon. En igual sentido, CSJN, 6/3/01, LL, 22/8/01, p. 11, y ED, 26/9/01, p. 4, voto en disidencia de los doctores Nazareno y Fayt. Vale la pena mencionar que tanto el Proyecto del PEN (mensaje 346/98, Propuestas Legislativas del Ministerio de Justicia, julio 1997 - julio 1999, p. 103), como las iniciativas de los senadores Altuna (DAE, 27/6/01, 1288 y 1289, n° 59, expte. 924-S-01) y Branda (DAE, 9/5/00, 1065, n° 42, expte. 800-S-00) prevén la utilización de la conjunción disyuntiva "o".

5 CNCom, Sala D, 5/9/95, "Falestchi, Jorge s/quiebra s/inc. verif." por adm. de la finca Av. Estado de Israel 4753/55; íd., íd., 27/10/95, "Carballo y SACIF s/quiebra s/inc. rev. por Banco de Crédito Rural Argentino SA".

6 CNCom, Sala A, 5/7/00, "Pittsburgh Química SA s/quiebra s/inc. verif. por Estrella Cía. de Seguros".

7 CNCom, Sala A, 12/11/99, "Tex Ben SA s/conc. prev. s/inc. rev. por Banco de Crédito Argentino SA".

8 CNCom, Sala A, 8/11/99, "Milonga SA s/quiebra s/inc. rev. por DGI".

9 CNCom, Sala B, 18/5/00, "Carpine SA s/quiebra s/inc. rev. por Borre, Daniel A.". Criterio que también supo seguir la Sala D de la CNCom (ver, p.ej., 28/2/91, "Cuello, Oscar y otros c/Ramallo SA s/inc. verif. de crédito"; íd., íd., 17/12/93, "Nuevo Banco Santurce SA s/quiebra s/inc. verif. por Refriser").

10 CNCom, Sala A, 26/10/95, "Filgar SA s/conc. prev. s/inc. rev. por Fiscalía de Estado de la Prov. de Buenos Aires". Sin embargo, recientemente, en un recurso ordinario de apelación rechazado, cuatro ministros de la Corte ­en disidencia­ consideraron adecuado tomar como base regulatoria el monto del crédito verificado (CSJN, 6/3/01, LL, 22/8/01, p. 11, 102.501, y ED, 26/9/01, p. 4, 51.037).

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temperamento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, expresado en la regla de que no existe "diferencia alguna en los valores en juego según que la pretensión deducida en la demanda prospere o sea rechazada, ya que, a esos efectos, la misma trascendencia tiene el reconocimiento de un derecho incorporado al patrimonio del interesado, como la admisión de que el supuesto derecho no existe"[11].

Por su parte, la Cámara Civil y Comercial de Rosario adoptó una postura intermedia, estableciendo que "el monto a tener en cuenta, como base, para regular estos honorarios, si hay divergencia entre el crédito insinuado y el importe verificado, ha de ser este último, salvo cuando éste fuese inferior a la mitad del monto insinuado, en cuyo caso ha de tomarse como quantum para aplicación de la escala arancelaria a dicha mitad"[12].

b) Alcance y extensión. El art. 287 de la LCQ, que sólo se refiere a los incidentes de verificación tardía y de revisión, ¿es extensible a otros incidentes concursales? Puesto que los honorarios "deben ser resueltos sobre la base de las reglas locales"[13], nos adherimos a quienes entienden que la norma "sería aplicable por analogía"[14] a todo tipo de incidentes (p.ej., incidente de escrituración de la parte indivisa de un inmueble comprado por la fallida y el incidentista[15]).

Además, como en el ámbito nacional las leyes arancelarias de peritos no contienen previsión para los incidentes (v.gr., decr. ley 16.638/57 y ley 20.243), cabe inquirir si el arancel para abogados y procuradores, que sí los contempla, resulta operativo a la hora de cuantificar la labor del síndico y otros auxiliares. Dado que en jurisprudencia prima el criterio subjetivo de la "prudencialidad" y la "proporcionalidad"[16] entre todas las retribuciones, entendemos que también por vía analógica es posible utilizar las pautas de la ley 21.839 para todos los intervinientes[17], especialmente para remunerar al funcionario sindical.

c) Doble reducción. Si se produce una articulación dentro del proceso de verificación o de revisión (p.ej., caducidad de la instancia), ¿corresponde efectuar una doble reducción? En varias oportunidades los tribunales han calculado los estipen-

11 CSJN, 4/11/86, Fallos, 308:2123; JA, 1988-I-361, y LL, 1987-A-401.

12 CCivCom Rosario, en pleno, 27/12/99, "Auto Sprint", ED, 188-223.

13 Fassi - Gebhardt, Concursos y quiebras, 6ª ed., Bs. As., Astrea, 1997, p. 534.

14 Rouillon, Régimen de concursos y quiebras, 10ª ed., Bs. As., Astrea, 2001, p. 357.

15 García Martínez, Derecho concursal, Bs. As., Abeledo-Perrot, 1997, p. 653; CNCom, Sala E, 10/3/98, "El Hogar Obrero s/conc. prev. s/inc. escrituración por Fantaguzzi", BCNCom, ficha 22.305.

16 CSJN, 10/11/83, Fallos, 305:1897, y LL, 1984-B-12; íd., Fallos, 23:127; 236:129; 239:123; 245:139; 246:293; 253:96; 300:70; 303:1569; 320:2353 y 2354; CNCom, Sala A, 23/12/93, "Pirillo, José s/quiebra s/inc. rev. por dolo por Adot, Oscar G. y otro"; íd., Sala B, 10/11/86, "Lago, Celsa c/Alfa Cía. de Seguros s/ord."; íd., Sala C, 20/8/99, "Canessa SRL s/quiebra s/inc. por...

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