Incidente de regulación de honorarios. Régimen procesal

• Páginas: 145-181
• Autor: Manuel E. Rodríguez Juárez

Capítulo X

INCIDENTE DE REGULACIÓN DE HONORARIOS.

RÉGIMEN PROCESAL

El régimen para la regulación de honorarios se halla

en los arts. 103 a 121 del Código Arancelario de la Provin-

cia de Córdoba (ley provincial 8226 y modificatorias).

Este Código establece, entre otras, una serie de dispo-

siciones procesales referidas a la determinación y cobro de

honorarios profesionales por actividades técnicas desple-

gadas antes o durante un proceso judicial determinado.

Para ello, los arts. 103 a 121 de dicha normativa prevén

lo que se denomina, en el Título III, “Régimen procesal de

la regulación” —arts. 103 a 118, Capítulos I y II—; y bajo

el Título IV —arts. 119 a 121—, las “Disposiciones genera-

les y complementarias”.

Nos proponemos ensayar aquí una breve reseña de los

aspectos salientes del tema en cuestión, pretendiendo con

ello un aporte más a los tantos y valiosos que ya existen en

la materia, sobre cuya base elaboramos el presente trabajo.

1. OBJETO DEL INCIDENTE O PROCESO

REGULATORIO

Bajo este título, el art. 103 de la ley 8226 establece:

“En el caso de honorarios diferidos por no haber base o por

168 MANUEL E. RODRÍGUEZ JUÁREZ

4. TRÁMITE DEL PROCESO O INCIDENTE

REGULATORIO

4.1.Medidas previas y preparatorias.

Prueba anticipada

El art. 108 de la ley 8226, en su redacción actual, dis-

pone: “En cualquier estado del proceso que dé lugar a una

eventual regulación de honorarios o antes de iniciarse éste,

cuando se tratare de cuestiones extrajudiciales o adminis-

trativas, el profesional actuante, debidamente acreditada

esta circunstancia, puede solicitar las medidas previas y

preparatorias que establece el Código de Procedimiento Civil

y Comercial en sus artículos 382 y siguientes.”

Vigente la ley 8465 (nuevo CPC), la remisión que esta-

blece el precepto citado debe entenderse al art. 485 del or-

denamiento adjetivo civil y comercial.

Tanto el art. 382 de la ley 1419, cuanto el actual 485 de

la ley 8465, limitan el despacho de diligencias preparato-

rias al juicio ordinario.

Actualmente, el proceso o incidente regulatorio debe

tramitar por el carril procesal establecido para el juicio

abreviado (cfr. el art. 890, inc. 2, CPC), salvo que, y en tanto

el monto reclamado lo habilite, el profesional pueda optar,

hoy, por el juicio ordinario.

Tanto el juicio ordinario como el abreviado son declara-

tivos; no obstante, el art. 485 del CPC parece solamente ha-

bilitar el despacho de medidas previas al juicio ordinario.

Sin embargo, pese a esta aparente limitación, aquéllas

son igualmente procedentes “en cualquier estado del pro-

ceso que dé lugar a una eventual regulación de honorarios

o antes de iniciarse éste” (ergo, juicio abreviado), pues, al

margen de que en el caso debe primar la prescripción con-

tenida en la norma especial del art. 108 de la ley 8226, el

actual art. 415 del CPC extiende las diligencias preliminares

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haberlo pedido expresamente el profesional, así como en el

supuesto de retribución por trabajos extrajudiciales o ante

la Administración, el incidente o proceso regulatorio tiene

por objeto:

1) Pronunciarse sobre la procedencia de la regulación;

2) Regular los honorarios en su caso;

3) Determinar el cargo de su pago y la participación que

les corresponde a los obligados al pago;

4) Establecer el cargo de los costos.

Estos puntos son materia de decisión expresa siempre

que no estuvieran resueltos.”

Como primera cuestión, entendemos que, tal como lo

han sostenido doctrinas y jurisprudencias prestigiosas, el

incidente o proceso regulatorio es un verdadero juicio de

conocimiento, en el que se procura no sólo la liquidación

efectiva del crédito, sino también el ejercicio de la acción des-

tinada a su cobro44.

En rigor de verdad, se trata de un juicio de conocimien-

to en el que se pretende la resolución de todos los puntos

que son materia del mismo, salvo que ya estuvieran resuel-

tos (art. 103, ley 8226).

Por tanto, desde esta perspectiva ha quedado superada

la concepción según la cual el incidente regulatorio tradu-

cía sólo el ejercicio de una acción meramente declarativa

(propia de las leyes 4776 y 6052, ya derogadas), y se afir-

44 Cfr. TSJ, Sala Civil y Comercial, in re “Gómez, Miguel o Miguel Gómez Asen-

cio - declaratoria de herederos - recurso de revisión”, A.I. Nº 447, 30/12/97,

Foro de Córdoba, 43-227; Ferrer, Adán Luis, Nuevo Código Arancelario para

Abogados y Procuradores de la Provincia de Córdoba - Ley 8226, Córdoba,

Advocatus, 1993, ps. 134 ss.; del mismo autor, “¿Quiénes son parte en el pro-

ceso regulatorio?”, nota a fallo, LL Córdoba, 1991-201 ss.; TSJ, Sala Civil, Co-

mercial y Contencioso-administrativa, A.I. Nº 61, 23/03/87, in re “Costa Feliz

D. c/ Jauscovsky Pablo y otro - ordinario - recurso de revisión”, Cuaderno de

Jurisprudencia, t. V; TSJ, Sala Civil y Comercial, Foro de Córdoba, p. 165;

TSJ, Sala Civil, Comercial y Contencioso-administrativa, in re “Argüello,

Américo c/ Superior Gobierno de la Pcia. de Córdoba - contencioso-adminis-

EL JUICIO ABREVIADO EN EL CPC 167

concluir que el vencido (art. 130, CPC) debe soportar los cos-

tos de la incidencia tramitada en el incidente del art. 103

(incluidos los honorarios de los letrados intervinientes), es

lo que nos lleva a sostener que, en el propio proceso regula-

torio, ésa debe ser la solución para los casos en que, fuera de

la plus petición inexcusable o del exceso en los límites razo-

nables de la defensa, la discusión gire sobre postulaciones

no relacionadas con la composición de la base regulatoria

o el quantum de los honorarios pretendidos, por ejemplo,

el derecho a la regulación, la prescripción, etcétera.

En esos supuestos ya no juega ningún principio de so-

lidaridad profesional (o estamental) que habilite no impo-

ner costas al vencido.

Si el debate reconoce límites en los citados ejemplos del

derecho a la regulación, la prescripción, etc., aun descartada

la plus petición inexcusable o el ejercicio abusivo del dere-

cho de oposición, no advertimos el motivo por el que deba

prescindirse del principio objetivo del vencimiento, y con-

denar en costas al perdidoso.

El propio CPC brinda la posibilidad de eximir de costas

al vencido, en cuyo caso el juez debe fundar la resolución al

respecto (art. 130), sin perjuicio de las prescripciones atinen-

tes al allanamiento y a los vencimientos mutuos (arts. 131

y 132).

Repetimos: en las hipótesis en las que no se verifica ni

plus petición inexcusable ni exceso en los límites razona-

bles de la defensa, ni la controversia reside ni en la compo-

sición y valoración de la base económica, ni en el quantum

de los honorarios pretendidos, sino que el debate reco-

rre otros senderos que prescinden de estas cuestiones en

las que sí prima aquel criterio de solidaridad profesional,

como las apuntadas supra, entendemos que debe imperar

el criterio de imponer las costas al vencido (incluidos, ob-

viamente, los honorarios de los letrados intervinientes en

la incidencia).

EL JUICIO ABREVIADO EN EL CPC 147

ma hoy que la sentencia que lo resuelve contiene una ver-

dadera condena susceptible de ejecución forzada45.

A juicio nuestro, esto es así ya se trate de una regula-

ción provisoria o definitiva (que, huelga decirlo, en cual-

quier caso deberá estar lógica y legalmente fundada; cfr. los

arts. 155, C. Cba., y 27, ley 8226).

Dicho de otro modo, es posible que en el marco de un

proceso regulatorio (en el que pueden plantearse a su vez

incidentes) se dicte una resolución sobre honorarios que

—con los contornos y alcances reseñados supra— bien pue-

de ser definitiva, pero también provisoria, pues la calidad de

la regulación dependerá de que la valoración económica de la

tarea profesional lo sea en relación con el monto definitivo

del juicio.

Si el monto del juicio es definitivo, la regulación deven-

drá definitiva; de lo contrario, será provisoria, salvo que

las partes acuerden o consientan conferirle definitividad.

En ambos casos, el pronunciamiento regulatorio será exi-

gible y ejecutable en los términos del art. 119 de la ley 8226.

Respecto de la calidad de la regulación (definitiva/pro-

visoria), se ha apuntado con agudeza que las omisiones o

errores jurisdiccionales deben subsanarse por las vías re-

cursivas pertinentes, sin que quepa, a posteriori de practi-

cada una regulación —con base económica determinada y

sin que el pronunciamiento expresara provisoriedad algu-

na—, pretender luego una adicional o complementaria, si

no se recurrió la ya realizada, pues los principios de pre-

clusión y de cosa juzgada obstan a una ampliación juris-

diccional de lo resuelto, y su revisión o corrección afectaría

trativo”, A.I. Nº 202, del 16/05/86, citado por Ferrer, Adán L., en “¿Quiénes

son parte en el proceso regulatorio”; en el mismo sentido, TSJ, Sala Civil y

Comercial, in re “Rehace expediente en: Mansilla, Simón Tadeo c/ Herederos

de Francisco Vega y Gregorio Vega - división de condominio - recurso de revi-

sión”, A.I. Nº 55, del 15/03/94.

45 Cfr. TSJ, Sala Civil y Comercial, A.I. Nº 447, del 30/12/97.

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letrado del demandado no pueda percibir honorarios del

peticionante vencido?

En sentido inverso, ¿es justo que el propio solicitante

de los honorarios, o su abogado (en el caso de asistencia le-

trada), no pudiera percibir honorarios de su contraparte

vencida si aquellas defensas fueran rechazadas?

Matilde Zavala de González señala que en el precepto

del art. 107 de la ley 8226 subyace un motivo de solidaridad

profesional en cuya virtud el pretensor de honorarios que

los reclama en mayor medida de la que le corresponde

(con tal que su plus petición no sea inexcusable), no debe

soportar costas por el exceso, pues éstas vendrían a bene-

ficiar al profesional del adversario y éste, a su vez, llegaría

a encontrarse en el futuro en un trance similar y de senti-

do inverso a la hora de promover un incidente regulatorio

por honorarios propios57.

La misma autora, con cita de un fallo del tribunal que

integra, sostiene que en los incidentes que se plantean

dentro del propio proceso regulatorio, la imposición de cos-

tas debe seguir el viejo principio general de su imposición

al vencido.

En el caso de incidentes dentro del incidente de regula-

ción, “la motivación expuesta que justifica que en el proce-

so regulatorio no se devenguen honorarios, no se extiende

al esfuerzo adicional de la determinación misma de los ho-

norarios, como el que implica el debate de incidentes en el

curso de ese juicio”58.

Compartimos, pues, el temperamento expuesto por Za-

vala de González en cuanto a la carga de las costas en los

incidentes que se susciten dentro del proceso regulatorio, y

precisamente el fundamento expuesto por la autora para

57 Zavala de González, Matilde, op. cit., p. 171.

58 Cám. 8ª Civ. Com. Córdoba, 16/08/91, Semanario Jurídico, Nº 886, 25/08/92.