Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - Sala A, 15 de Octubre de 2020, expediente FMZ 007556/2020/9/CA007

Fecha de Resolución15 de Octubre de 2020
EmisorCAMARA FEDERAL DE MENDOZA - Sala A

Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - SALA A

FMZ 7556/2020/9/CA7

Mendoza, de octubre de 2020.

AUTOS Y VISTOS:

Los presentes Nº FMZ 7556/2020/7/CA5, FMZ

7556/2020/8/CA6 y FMZ 7556/2020/9/CA7, caratulados: “INCIDENTE DE

PRISION DOMICILIARIA DE AVILA FLORES MARIA NATALIA

POR INFRACCION LEY 23.737 (ART.5 INC.C, ART. 11 INC. A Y

C)”, venidos del Juzgado Federal Nº1 de Mendoza, a esta S. “A” en virtud

de los recursos de apelación interpuestos con fecha 27/7/2020, 11/08/20 y

04/09/20, por la defensa técnica de la encartada, contra las resoluciones de

fecha 24/07/2020, 10/08/20 y 03/09/20 respectivamente, por las que se

deniegan los pedidos de prisión domiciliaria formulados por María Natalia

ÁVILA.

Y CONSIDERANDO:

  1. Que contra las resoluciones mencionadas interpone

    recursos de apelación la defensa técnica de la encartada María Natalia

    ÁVILA.

    Expresa como motivos de agravio que el aquo incurre en un

    vicio in iudicando, ya que establece que la prisión domiciliaria es sólo para los

    supuestos previstos en el Código Penal y la ley 24.660, desconociendo que

    esos límites no rigen para el nuevo C.P.P.F., en parte, vigente.

    Asimismo, señala que la resolución atacada deslegitima el

    pedido de su pupila por la edad de sus hijos sin atender a la cantidad de niños,

    niñas y adolescentes que tiene a su cargo.

    Le produce agravio que el Juez sostenga que el beneficio

    solicitado es excepcional, de interpretación literal y restrictiva, de manera que

    si no hay niños menores de cinco años como establece la ley no corresponde el

    beneficio. Que en el caso concreto hay una nieta de un año, tres hijos de 12, 15

    y 17 todos pero todos a cargo de la hermana mayor también hija de la

    imputada de sólo 19 años, quien no puede sola hacerse cargo de sus hermanos

    amén de que posterga así la adecuada atención de su beba todo a causa del

    encierro de su madre, madre también de sus hermanos y abuela de su hija

    N..

    Que cuando el juez de grado en el presente caso dice que no

    hay vulneración de derechos de los niños, niñas y adolescentes, desconoce y

    se aparta con su resolución de manera manifiesta del informe aportado por la

    defensa de la Lic. L., de la encuesta de Gendarmería ordenada por el

    Fecha de firma: 15/10/2020

    Alta en sistema: 16/10/2020

    Firmado por: M.A.P., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: G.C. DE DIOS, JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: J.I.P.C., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: N.B., SECRETARIO DE JUZGADO

    propio juzgado y del informe de ATAJO a pedido de la misma F., de

    manera que su resolución resulta arbitraria, informes que transcribe en su

    libelo recursivo.

    Expresa que corresponde en el caso, la adopción de medidas

    que se complementen con principios humanitarios, sanitarios y que se tenga en

    cuenta el Interés Superior del Niño. Indica que el encierro preventivo de su

    defendida no solo repercute en su situación individual, sino que se proyecta

    sobre su núcleo familiar, concretamente en los niños, niñas y adolescentes a su

    cargo (incluyendo a su nieta).

    Es por ello que solicito se interpreten y apliquen los Arts. 32F

    de la ley 24.660 y 10F del Código Penal a la luz de las particulares

    circunstancias y jurisprudencia invocadas y acreditadas, y propicio la

    interpretación como aplicación aquí expuesta, solicitando se otorgue prisión

    preventiva domiciliara a mi defendida en atención a los intereses de los niños

    en juego.

    Solicita se revoquen las resoluciones y se ordene en carácter

    urgente la prisión domiciliaria de su defendida.

  2. Que las partes en ocasión de celebrarse la respectiva

    audiencia que prevé el art. 454 del C.P.P.N. (texto según ley 26.374), fueron

    notificadas de la providencia por la cual ésta Cámara, mediante Resolución N°

    14.189, dictada en virtud de la pandemia provocada por el virus COVID19,

    suspendió la audiencia oral y en su lugar se dispuso que las partes

    comparezcan mediante apuntes sustitutivos, los que lucen respectivamente el

    del apelante ampliando sus fundamentos y, el del Sr. F. General,

    oportunidad en que dictamina propiciando la concesión de los recursos y el

    otorgamiento del beneficio, cuyos argumentos damos por reproducidos en

    honor a la brevedad procedimental, quedando la causa en condiciones de ser

    resuelta.

  3. Cabe referir que esta S. viene sosteniendo con relación a

    los pedidos de prisión domiciliaria en los cuales se invoca el inciso f) del art.

    32, ley 24660 y el interés superior del niño, que el análisis circunscripto al

    caso concreto, debe contemplar el tipo de delito y las circunstancias de tiempo

    modo y lugar en que se desarrollaron los hechos.

    Ello en razón de que la petición del beneficio en favor de los

    menores, su desarrollo, del acercamiento y contención familiar reviste un

    análisis global que permita pronosticar la conveniencia de su concesión.

    Fecha de firma: 15/10/2020

    Alta en sistema: 16/10/2020

    Firmado por: M.A.P., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: G.C. DE DIOS, JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: J.I.P.C., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: N.B., SECRETARIO DE JUZGADO

    Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - SALA A

    FMZ 7556/2020/9/CA7

    Es así que recientemente en autos FMZ 23273/2019/8/CA4,

    caratulados: “INCIDENTE DE PRISION DOMICILIARIA DE ESQUICE

    BASTOS, Y.J. P/ A

  4. INF. LEY 23.737 de fecha

    22/04/2020, se consideró: “…Que, en forma previa a todo trámite, habrá de

    decirse que el instituto de la prisión domiciliaria es una modalidad de

    cumplimiento de la pena privativa de la libertad regulado por la Ley 24660

    (B.O. 16.07.96) reformada por Ley 26472 (modifica arts. 32, 33 y 35), cuyo

    art. 32 establece: “… El Juez de ejecución, o juez competente, podrá disponer

    el cumplimiento de la pena impuesta en detención domiciliaria: (…) f) A la

    madre de un niño menor de cinco años o de una persona con discapacidad, a

    su cargo”.

    En consecuencia, como el propio legislador lo ha previsto,

    deberá determinarse si procede conceder el beneficio de la prisión domiciliaria

    solicitada a favor de la imputada, siempre que en ejercicio de la facultad

    discrecional otorgada a quienes compete la administración de la justicia, se

    advierta la existencia de una causal legalmente válida y atendible,

    expresamente contemplada por la Ley 24660 y su modificatoria, Ley 26.472.

    En tal sentido, para la concesión del beneficio debe estarse a los

    supuestos contemplados por el art. 32 de la norma en cuestión, sin perjuicio de

    que la decisión de otorgar el beneficio del arresto domiciliario, es una facultad

    discrecional exclusiva delegada por el legislador al Juez, mas no una

    obligación imperativa y automática dispuesta por la ley, en tanto exterioriza

    esa competencia legal con el tiempo de verbo facultativo “podrá” y no con el

    verbo imperativo “deberá”.

    Asimismo, no debemos olvidar que la incidencia de autos debe

    ser subsumida legalmente con las reglas contenidas en la Convención sobre

    los Derechos del Niño. Este instrumento internacional establece en los

    artículos 3.1 y 4 dos pautas en base a las cuales se deben analizar las

    obligaciones del Estado, a saber: el interés superior del niño y la efectividad

    de los derechos de la Convención.

    Dicha norma, impone el principio de prioridad respecto del

    interés superior del niño, que es una garantía constitucionalmente tutelada que

    establece un ámbito de protección de los derechos del menor, así en el art. 3 la

    Convención obliga a los tribunales y demás poderes del Estado. Esta

    consideración rectora, lejos de erigirse en una habilitación para prescindir de

    Fecha de firma: 15/10/2020

    Alta en sistema: 16/10/2020

    Firmado por: M.A.P., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: G.C. DE DIOS, JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: J.I.P.C., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: N.B., SECRETARIO DE JUZGADO

    toda norma jurídica superior, constituye una pauta cierta que orienta y

    condiciona la decisión de los tribunales de todas las instancias (arts. 27 y 29).

    En consonancia con lo expuesto, la Cámara Nacional de

    Casación en lo Criminal y Correccional, S. 2. “GAG”. R.. Nº 370/2017.

    Causa Nº 78309/2017. 13/4/2018 ha expresado que: “Aunque las formas

    alternativas –de encarcelamiento– no constituyen una regla general para

    todos los casos, la consideración del mejor interés de los niños obliga a un

    examen caso por caso, de modo que incumbe al Estado justificar por qué en

    un supuesto dado no corresponde ofrecer y aplicar esa alternativa, para lo

    que no son suficientes fórmulas genéricas…” (voto del juez S. al

    que adhirió el juez Días).

    Cabe agregar que, el criterio adoptado, no implica un trato

    preferencial respecto a demás personas que se encuentran privadas de su

    libertad, es decir, no existe vulneración al principio de igualdad pues no se

    trata de una recompensa o un beneficio para quienes son padres, ni de una

    situación donde la reinserción no tenga sentido práctico, sino de asegurar el

    respeto por el principio de personalidad de la pena y los derechos del menor,

    los que a su vez se ensamblan con las pautas contenidas en la Convención

    sobre los Derechos del Niño.

  5. Ahora bien, bajo estas pautas directrices esta Alzada

    ingresara al estudio concreto de los recursos interpuestos.

    Las incidencias fueron planteadas invocando el beneficio de la

    prisión domiciliaria, inciso f) del art. 32 de la Ley 24660 y 10 inc. f) del

    Código Penal, porque la imputada tiene a cargo a sus tres hijos menores de

    edad y en base al principio rector del interés superior del niño.

    El Juez de grado fundo su rechazo indicando que la situación de

    la nombrada no encuadra en lo normado por el art. 32 –inc. f), de la Ley

    24.660 y del art. 10 –inc. f), del Código Penal, conforme los cuales, el

    Magistrado puede disponer la prisión domiciliaria “a la madre de un niño

    menor de cinco (5) años o de una persona con discapacidad, a su cargo”.

    Indicó que los informes acompañados lo llevan a estimar que

    los niños se encuentran al cuidado de su hermana mayor que es también mayor

    de edad, quien asiste debidamente a sus hermanos, no obstante las dificultades

    que conlleva...

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