Sentencia de CAMARA FEDERAL DE RESISTENCIA - SECRETARIA PENAL 1, 5 de Junio de 2020, expediente FRO 028789/2015/9/CA006

Fecha de Resolución: 5 de Junio de 2020
Emisor:CAMARA FEDERAL DE RESISTENCIA - SECRETARIA PENAL 1
 
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Poder Judicial de la Nación Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia Chaco Secretaría Penal N° 1

Resistencia, a los cinco días del mes de junio del año dos mil veinte.

VISTO:

El presente expediente registro N° FRE 28789/2015/9/CA6 y acumulado N°

FRE 28789/2015/14/CA7, caratulados: “INCIDENTE DE EXCARCELACIÓN DE

ZAPATA, C.S. POR INFRACCIÓN LEY 23.737”, proveniente

del Juzgado Federal de Reconquista, del que;

RESULTA:

  1. Que vienen los autos a conocimiento del Tribunal en virtud de los recursos

    de apelación deducidos por el Defensor Público Oficial –en representación de Cristian

    Sebastián Z., contra las resoluciones por las que se denegaron las excarcelaciones

    solicitadas oportunamente en favor del nombrado.

    Para así decidir el J. a quo tuvo en cuenta que las medidas cautelares de

    coerción personal del imputado en el proceso deben ser consideradas como excepción a la

    regla que surge de la conjugación entre el derecho general a la libertad ambulatoria y el

    principio de inocencia (arts. 14 y 18 C.N., arts. 9.1 y 14.2 Pacto Internacional de Derechos

    Civiles y Políticos, arts. 7.1 y 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos).

    Remarcó que C.S.Z. fue detenido en el marco de una

    investigación previa que demandó más de tres años de tareas de inteligencia (tareas de

    campo, observación directa, informes, escuchas telefónicas, entre otras) sobre una supuesta

    organización criminal que se dedicaría a la venta de estupefacientes en la localidad de Villa

    Ocampo (Santa Fe) y zonas aledañas, resultando el jefe de la misma, hallándose procesado

    en los autos principales en calidad de autor por el delito de tenencia de estupefacientes con

    fines de comercialización agravada por la intervención de tres o más personas (arts. 5 inc.

    c

    y 11 inc. “c” de la Ley 23.737).

    En cuanto a las circunstancias previstas en el art. 221 inc. “c” del CPPF,

    destacó que el imputado –durante la investigación desplegada en autos se encontraba

    cumpliendo una condena impuesta por la justicia ordinaria y fue desde su lugar de

    detención donde operaba y comandaba al presunto grupo delictivo. En tal contexto, sostuvo

    que desde la Unidad Penitenciaria de Santa Felicia se valía de “soldaditos” y personas de

    confianza que incluían a su hija menor de edad para llevar a cabo la conducta

    provisoriamente imputada, haciéndolo en ocasiones de manera personal, aprovechando sus

    salidas transitorias.

    Señaló que durante el allanamiento realizado en el domicilio del nombrado se

    secuestraron 26,10 gramos de marihuana, un picador y papeles engomados para el armado

    de cigarrillos, entre otros elementos de interés para la causa.

    Fecha de firma: 05/06/2020

    Firmado por: M.D.D., JUEZA DE CAMARA

    Firmado por: R.A., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: J.M.D., SECRETARIO DE CAMARA

    Poder Judicial de la Nación Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia Chaco Secretaría Penal N° 1

    Destacó que, estando Z. en libertad, podría evitar que se desarrollen

    medidas en relación a la participación de otras personas que pudieran estar involucradas en

    la cadena de tráfico ilícito de estupefacientes, o bien ser contactado o contactarse con

    eslabones más altos de dicha cadena con la finalidad de procurar su impunidad y/o la de

    aquellos.

    A mayor abundamiento destacó que la causa principal está próxima a elevarse a

    juicio oral, lo cual también podría influir en el ánimo del justiciable para darse a la fuga,

    dada la proximidad de la realización del debate.

    Por último, en lo atinente a la situación de emergencia sanitaria por el virus

    COVID19, se remitió a distintos pronunciamientos de la Cámara Federal de Casación

    Penal en la materia.

  2. A la citada resolución se enfrenta la Defensa técnica del encausado e

    interpone recursos de apelación, con argumentos que en lo esencial resultan similares.

    Disiente el apelante con lo sostenido por el J. a quo en relación a la existencia de

    peligros procesales.

    Alude que la prisión preventiva de su asistido desde su inicio ha sido contraria

    a los principios de idoneidad, razonabilidad, motivación, proporcionalidad y necesidad.

    Sostiene que las resoluciones recurridas, a través de una fundamentación

    aparente, mantienen arbitrariamente la prisión preventiva de su defendido sin brindar

    ningún fundamento auténtico acerca de su necesidad, afirmando que tampoco se analizó la

    proporcionalidad de la medida que pesa sobre éste, teniendo en cuenta que la instrucción

    tuvo un plazo de duración irrazonable.

    Asegura que existen elementos suficientes para acreditar el arraigo de Z. y

    que se trata de una persona en situación de vulnerabilidad, que carece de recursos

    económicos de los que pueda echar mano para fugarse o mantenerse oculto de la justicia.

    Señala que su asistido no se resistió al procedimiento realizado en su domicilio y que

    brindó sus datos personales.

    ...

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