Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 28 de Febrero de 2019, expediente FCB 002207/2018/9/CA009

Fecha de Resolución28 de Febrero de 2019
EmisorCAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL

Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A

FCB 2207/2018/9/CA9

doba, 28 de febrero de 2019.

Y VISTOS:

Estos autos caratulados: Incidente de prisión domiciliaria de NAGEL, M.E. (FCB

2207/2018/9/CA9)”, venidos a conocimiento de esta S. “A” del Tribunal en virtud del recurso de apelación deducido por el señor Defensor Público Oficial en contra de la resolución dictada con fecha 15 de noviembre de 2018 por el señor Juez Federal Subrogante de San Francisco en el que dispuso: “

  1. No hacer lugar a la solicitud de prisión domiciliaria de M.E.N.,

    de conformidad con lo previsto por los arts. 75 inc. 22

    de la C.N., 10 inc. f) del C.P.; 32, siguientes y concordantes de la ley 24.660, y art. 314 del C.P.P.N.”.

    Y CONSIDERANDO:

  2. Se presenta a esta S. el recurso de apelación interpuesto por el señor Defensor Público Oficial en contra del decisorio de fecha 15 de noviembre de 2018, cuyo fragmento resolutivo se lee transcripto en el párrafo precedente.

  3. Para así resolver, el Juez de Instrucción sostuvo que la señora D.P. –madre de la encartada- no se encuentra desamparada de modo tal que justifique la concesión de la prisión domiciliaria de M.N..

    Sostuvo ello en razón a que la señora D.P. se encuentra rodeada de un entorno familiar, en relación al cual, si bien cada uno de sus integrantes posee sus ocupaciones habituales, no obstante, a ello,

    habita en la vivienda de D.S., residiendo junto a Fecha de firma: 28/02/2019

    Alta en sistema: 06/03/2019

    Firmado por: E.Á., JUEZ DE CÁMARA

    Firmado por: I.M.V.F., JUEZ DE CÁMARA

    Firmado(ante mi) por: CAROLINA PRADO, Secretaria de Cámara #31781825#226946305#20190301091202808

    sus nietos, concurriendo al hogar una persona para el cuidado de ellos.

    Asimismo, afirmó que la madre de P. –

    Victoria Bruno- si bien tiene un problema de salud en una de sus manos, este no poseería la entidad tal como para deducir sin más que D.P. se encuentra en un estado de vulnerabilidad que amerite la prisión domiciliaria de la imputada N..

  4. Conforme a lo enunciado, el señor Defensor Público Oficial interpuso recurso de apelación en contra de dicha resolución.

    Sostuvo que con apoyatura en las manifestaciones de E.N. –hermano de M.N. e hijo de D.P.- y en el informe socio ambiental elaborado por la Lic. M.S.C. surgen razones por la que debe concederse la prisión domiciliaria a la encartada N..

    Manifestó que la nueva situación vital de D.P. precisa una apoyatura por fuera de la que podría llegar a brindar D.S. y sus hijos y que solo podría otorgar la encartada M.N., no siendo correctamente valorada esta circunstancia por la resolución cuestionada.

    Asimismo, refirió que en virtud del certificado de fecha 14.11.2018, se puede sostener que la situación de D. encuadra en el marco de una incapacidad, lo que agiganta el contenido de la última parte del inc. “f” del art. 32 de la Ley 24.660.

    Por otro costado, sostuvo que el argumento esgrimido por el magistrado para mantener la prisión preventiva de la encartada por razones de peligrosidad procesal, resultan argumentos vacíos de contenido.

    Fecha de firma: 28/02/2019

    Alta en sistema: 06/03/2019

    Firmado por: E.Á., JUEZ DE CÁMARA

    Firmado por: I.M.V.F., JUEZ DE CÁMARA

    Firmado(ante mi) por: CAROLINA PRADO, Secretaria de Cámara #31781825#226946305#20190301091202808

    Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A

    FCB 2207/2018/9/CA9

    Sostuvo que durante el tiempo que su defendida se encuentra en prisión, no han existido artimañas de ningún tipo a los fines de prevenir a ningún posible involucrado o para afectar el descubrimiento de cualquier elemento probatorio o ilícito relacionado que haya podido ser investigado en actuaciones separadas.

    Asimismo, refirió que su defendida puede recibir visitas en Establecimiento Penitenciario N° 5 de V.M., como también mantener comunicaciones telefónicas. En este sentido relativizó los argumentos dados por el magistrado toda vez que de ser cierto podría comunicarse con cualquier persona y de esta manera continuar ligada al supuesto entramado de conexiones.

    Por último, hizo reserva del caso Federal y en ocurrir en casación.

  5. Ya ante esta instancia, la señora Defensora Pública Oficial informó de conformidad a lo previsto en el art. 454 del C.P.P.N. remitiendose a las consideraciones efectuadas en el escrito recursivo de fs.

    200/202 vta. por constituir técnicamente una expresión de agravios (v.fs. 212/212 vta.).

  6. -Efectuadas las consideraciones precedentes, el Tribunal abordará el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público de Defensa en contra de la resolución de fecha 15.11.2018

    (v.fs.194/198), de acuerdo al orden de votación que surge del certificado de fs. 214: en primer lugar, el doctor I.M.V.F. y en segundo lugar el doctor E.Á..

    El señor Juez de Cámara, doctor I.M.V.F., dijo:

  7. El beneficio de la prisión domiciliaria:

    Fecha de firma: 28/02/2019

    Alta en sistema: 06/03/2019

    Firmado por: E.Á., JUEZ DE CÁMARA

    Firmado por: I.M.V.F., JUEZ DE CÁMARA

    Firmado(ante mi) por: CAROLINA PRADO, Secretaria de Cámara #31781825#226946305#20190301091202808

    El instituto de la prisión domiciliaria no es una modalidad novedosa de cumplimiento de la pena privativa de la libertad en nuestro derecho, según está

    actualmente regulado por la Ley N° 24.660 (B.O.

    16.07.96), modificada no hace mucho por la Ley 26.472,

    dado que antes estaba prevista en el texto original del Código Penal, como reglamentación de lo preceptuado por el artículo 18 de la Constitución Nacional, en cuanto dispone “… las cárceles de la Nación serán … para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ella…”.

    Además, existen al respecto convenciones internacionales que reconocen particulares derechos para las personas privadas de su libertad –que deben ser reconocidos y mantenidos como obligaciones para el Estado encargados de la custodia de esas personas detenidas- que tienen por finalidad resguardar el trato humano y digno que se les debe dar a los reclusos o internos de un establecimiento penitenciario, excluyendo todo tipo de padecimiento físico, psíquico o moral durante todo el tiempo que subsista la privación de la libertad personal.

    Así, corresponde mencionar la “Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre” (Art. 25),

    ...

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