Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 27 de Junio de 2023, expediente CPE 000107/2016/8/CFC004

Fecha de Resolución27 de Junio de 2023
EmisorCAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B

Poder Judicial de la Nación INCIDENTE DE EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN EN LA CAUSA N° CPE 107/2016, CARATULADA:

AGROINDUSTRIAS CIALPIL S.A. Y OTROS POR INFRACCIÓN LEY 22.415

. J.N.P.E. N° 3, SEC.

6. EXPEDIENTE N° CPE 107/2016/8/CA1, ORDEN N° 30.414. SALA “B”.

Buenos Aires, de junio de 2023.

VISTOS:

El recurso de apelación interpuesto por el representante del Ministerio Público Fiscal el 3/5/2021, contra la resolución dictada por el juzgado “a quo” con fecha 27/4/2021, por la cual se resolvió: “I) DECLARAR

EXTINGUIDA por pago la acción penal instada con relación a AGROINDUSTRIAS CIALPIL S.A. y N. G. C., respecto a la situación fáctica descripta por el primer párrafo del considerando 2° de la presente (arts. 10 y 14 de la ley 27.541; II) SOBRESEER por extinción de la acción por pago con relación a AGROINDUSTRIAS CIALPIL S.A. y N. G. C., en lo atinente a la situación fáctica referida por el punto I anterior…” (se prescinde de los resaltados del original).

La resolución de esta Sala “B” mediante la cual, el 2 de mayo de 2022, se dispuso revocar la resolución a la que se hiciera alusión precedentemente.

El pronunciamiento que la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal dictó el 3 de mayo de 2023 en el expediente CPE

107/2016/14/CFC3, mediante el cual, por mayoría, se dispuso: “...HACER

LUGAR al recurso de casación intentado por la defensa particular de N. G. C.

y AGROINDUSTRIAS CIALPIL SA, ANULAR la decisión recurrida y REENVIAR las actuaciones al tribunal a quo a fin de que oportunamente se dicte un nuevo pronunciamiento…” (se omite el destacado del original).

Y CONSIDERANDO:

  1. ) Que, por la resolución dictada el 2 de mayo de 2022, en el contexto del presente incidente, esta Sala “B” revocó la decisión del juzgado “a quo” por la cual se dispuso declarar extinguida, por pago, la acción penal instada respecto de AGROINDUSTRIAS CIALPIL S.A. y de N. G. C., con relación a la presunta comisión del delito de contrabando de importación de la mercadería (máquina seleccionadora de tomates) amparada mediante el Despacho de Importación N° 15001IC04058093S documentado por AGROINDUSTRIAS CIALPIL S.A. y se dispuso el sobreseimiento de aquéllos por el hecho aludido en función de lo regulado por los arts. 8, 10 y 14

    Fecha de firma: 27/06/2023

    Alta en sistema: 28/06/2023

    Firmado por: V.M.D., SECRETARIA DE CAMARA

    Firmado por: R.E.H., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: J.C.B., JUEZ DE CAMARA

    de la ley 27.541, con relación a aquel suceso (CPE 107/2016/8/CA1, res. del 2/5/2022, Reg. Int. N° 176/22). Los fundamentos expuestos por este Tribunal para resolver de la manera aludida se tienen aquí por reproducidos por razones de brevedad de la presente.

    Contra la resolución recordada por el párrafo anterior interpuso recurso de casación la defensa de AGROINDUSTRIAS CIALPIL S.A. y de N.

    G. C., el cual fue denegado por este Tribunal con sustento en lo establecido por el art. 54 del C.P.P.F., implementado por la Resolución N° 2/2019 de la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Nuevo Código Procesal Penal Federal (confr. CPE 107/2016/8, res. del 6/6/2022, Reg. Int. N°

    231/22).

    Cuestionada la decisión aludida precedentemente por la defensa,

    la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, por mayoría, hizo lugar al recurso de queja oportunamente interpuesto, declaró erróneamente denegado el recurso de casación presentado y concedió el mismo (confr. R.. 1642/22.4).

  2. ) Que, en cuanto interesa a la presente, por el voto del señor juez de cámara Dr. J.C. por la resolución de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, de fecha 3/5/2023 (CPE

    107/2016/14/CFC3, Reg. N° 546/2023), al cual adhirió la señora juez de cámara Dra. A.M.F. “…por compartir en lo sustancial sus fundamentos…”, luego de efectuar una reseña de lo actuado en el presente incidente, se expresó que: “…la decisión de primera instancia se ajusta a la normativa aplicable y su descalificación por el tribunal a quo no se encuentra suficientemente fundada.

    Vale señalar que el régimen de regularización previsto por la ley 27.541 y sus modificatorias no prevé una distinción en orden a los delitos aduaneros pasibles de ser alcanzados por las causales de suspensión o extinción, que permita a priori sostener la existencia de categorías excluidas de sus efectos liberatorios.

    En lo que aquí interesa, respecto del régimen legal citado, se ha afirmado que '…si el fundamento de punición del delito de contrabando no se encuentra en la afectación de la recaudación fiscal, sino en la vulneración al adecuado, normal y eficaz ejercicio de la función de control del tráfico internacional de mercaderías asignada a las aduanas, no corresponde encontrar un límite en la aplicación del régimen analizado en la menor o mayor afectación que de dicho control puede presentar la conducta juzgada,

    sino solamente en la existencia o no de la obligación tributaria a regularizar.

    Si esto no fuera así, debería excluirse entonces todos los contrabandos porque como dijo la Corte, se trata de un delito que excede el mero supuesto de defraudación fiscal…' (cfr. V.A., G., Análisis de los Fecha de firma: 27/06/2023

    Alta en sistema: 28/06/2023

    Firmado por: V.M.D., SECRETARIA DE CAMARA

    Firmado por: R.E.H., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: J.C.B., JUEZ DE CAMARA

    Poder Judicial de la Nación principales problemas que se presentan en la aplicación de la llamada 'ley de moratoria' referida a los delitos aduaneros, en REVISTA DEBATES DE

    DERECHO TRIBUTARIO Y FINANCIERO, DERECHO ADUANERO, Centro de Estudios de Derecho Financiero y Derecho Tributario de la Universidad de Buenos Aires, Año 2, N° 3, agosto 2022, p. 90).

    Con esta lógica, como pauta general, no cabe duda de que la aplicación del esquema previsto por la ley 27.541 y sus modificatorias estaría vedada en aquellos casos en los que la operación de importación o exportación no genere obligación aduanera alguna a regularizar, tal como sucede en los supuestos de mercadería prohibida.

    Por el contrario, tal como indiqué en mi voto en CCC

    63390/2013/TO1/6/CFC2, 'GARFUNKEL, M. s/recurso de casación', del 19 de abril de 2021, reg. 455/21 y más recientemente en la causa CPE

    1749/2019/2/CFC1, 'ANSAII SA y otros s/recurso de casación', del 17 de noviembre de 2022, reg. 1569/2022, no se observa que los efectos derivados del acogimiento al régimen de la ley 27.541 únicamente sean operativos en aquellos casos en los que la maniobra imputada tenga exclusivamente un componente tributario.

    Es que esta última distinción, que restringe severamente la aplicación de las consecuencias liberatorias del instituto, no ha sido prevista por la ley ni parece deducirse de los intereses que la informan (obtener una mayor recaudación en una situación de crisis económica, financiera y social y, promover la reactivación de las pequeñas y medianas empresas).

    En ese sentido, una mercadería sujeta a control, aun de otros organismos especializados, tal como indica la defensa en su recurso, en la medida en que exista obligación aduanera a regularizar, no ha de quedar fuera del marco normativo expuesto y del efecto extintivo previsto por el legislador.

    Concretamente, la circunstancia de que la mercadería objeto de la maniobra se encuentre incluida entre aquellas contempladas en la Resolución 909/1994 y sus modificatorias (debiendo apreciarse que al momento de concretarse la destinación aduanera regía la mentada resolución de acuerdo con las reformas introducidas, entre otras, por el decreto PEN

    2646/2012 y 1228/2013) no empece la solución adoptada.

    Estimo que el marco normativo de la Resolución 909/1994

    contempla un esquema diferenciado de importaciones que discrimina mercaderías prohibidas de otras sujetas al cumplimiento de determinadas condiciones y el pago de obligaciones aduaneras específicas.

    En relación con las primeras, no cabe duda de que la expresa prohibición, tal como lo prescribe el art. 4 con remisión a su Anexo II, impide la aplicación de los beneficios considerados en la ley 27.541.

    Fecha de firma: 27/06/2023

    Alta en sistema: 28/06/2023

    Firmado por: V.M.D., SECRETARIA DE CAMARA

    Firmado por: R.E.H., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: J.C.B., JUEZ DE CAMARA

    Sin embargo, para la mercadería aquí en examen (de aceptarse su condición de usada e individualizada en el nomenclador como 8433.60.10)

    resultan aplicables las disposiciones...

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