Sentencia de TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 1, 21 de Agosto de 2018, expediente CPE 000859/2016/TO01/5

Fecha de Resolución21 de Agosto de 2018
EmisorTRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 1

Poder Judicial de la Nación «Tribunal Oral Penal Económico N°1»

CPE 859/2016/TO1/5 Buenos Aires, 21 de agosto de 2018.

AUTOS Y VISTOS:

Para resolver sobre la solicitud de suspensión del juicio a prueba formulada en la causa CPE 859/2016/TO1 (Nro.

int. 2867/17) –legajo de suspensión de juicio a prueba CPE 157/2007/TO1/5- del registro de este Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 1, seguida por el delito de encubrimiento de contrabando respecto de I.M. delC.F., titular del DNI nro. 13.887.485, argentina, nacida el 7 de noviembre de 1959 en esta ciudad, de estado civil casada, separada de hecho, hija de J. y A.P.V., con domicilio en la calle Albarellos 4392, M., PBA, en la que intervienen como letrados Defensores de la imputada los Dres. D.J.S. (T° 84 - F°

963 CPACF) y C.V.C. (T° 104 – F° 946 CPACP). Asimismo interviene en la presente el Dr. M.A.V., F. a cargo de la Fiscalía General Nro. 1 del fuero; y el Dr. F.D. en su calidad letrado patrocinante de la parte Querellante “SAMSUNG ELECTRONICS ARGENTINA S.A.”.

RESULTANDO:

  1. Que conforme surge del requerimiento fiscal de elevación a juicio obrante a fs. 334/339, se imputa la adquisición o recepción por parte de I.M. del Carmen FERNÁNDEZ de 5 cámaras fotográficas con la inscripción “Coolpix”; 1 cámara fotográfica marca “Nikon”; 1 cámara fotográfica marca “Sony”; 1 cámara fotográfica marca “Canon”; 309 protectores de pantalla para celulares; y 21 memorias micro SD mercadería que fuera secuestrada en el procedimiento realizado en el 12 de agosto del año 2016.

    Fecha de firma: 21/08/2018 Firmado por: K.R.P., JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: A.J.L., SECRETARIO DE CAMARA #30916712#213372184#20180821155749453 Poder Judicial de la Nación «Tribunal Oral Penal Económico N°1»

    CPE 859/2016/TO1/5 Dicha conducta fue calificada como constitutiva del delito de encubrimiento de contrabando previsto en el art. 874, apartado 1, inc. d) del C.A. y reprochado a la nombrada en calidad de autora.

  2. Como consecuencia de la solicitud de suspensión de juicio a prueba presentada, fue fijada la audiencia prevista en el art. 293 del CPPN, oportunidad en la que el letrado Defensor, Dr. SZPIGIEL, ratificó los argumentos volcados en la presentación realizada por escrito y resaltó que en el caso se verifican los requisitos necesarios para la aplicación del instituto. Resaltó que se efectuó el ofrecimiento de reparación a la víctima, que su asistida es una persona de avanzada edad, que no percibe jubilación, que vive en casa de uno de sus hijos y a su vez destacó que la nombrada padece fobias que le impiden salir libremente de su casa, todo lo cual solicita sea tenido en cuenta al momento de imponer las reglas para la aplicación del instituto.

    Asimismo, expresó que ofrece el abandono de la mercadería, que no está en las posibilidades económicas de la imputada abonar la multa y que su asistida ofrece cumplir con las auto-inhabilitaciones correspondientes en relación a las actividades previstas en el art. 876 del C.A. Finalmente, expresó que la imputada FERNÁNDEZ no tiene objeciones para que el monto ofrecido en concepto de reparación del daño sea donado a una entidad de bien público en caso de no ser aceptado por la damnificada.

    Concedida que le fue la palabra a la parte Q. expresó que no tiene objeciones que formular para la aplicación del instituto.

    Otorgada que le fue la palabra al Sr. Fiscal General, manifestó que entiende que conforme las características del Fecha de firma: 21/08/2018 Firmado por: K.R.P., JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: A.J.L., SECRETARIO DE CAMARA #30916712#213372184#20180821155749453 Poder Judicial de la Nación «Tribunal Oral Penal Económico N°1»

    CPE 859/2016/TO1/5 hecho y la escala penal del delito resulta aplicable la suspensión de juicio a prueba. Agregó que existía un escollo relacionado con la modificación introducida por la ley 26.735 sancionada en el mes de diciembre de 2011, mediante la cual se estableció que se veda la posibilidad del instituto a los delitos tributarios y aduaneros y que debía hacerse un análisis de la fecha del hecho y la vigencia de la limitación, toda vez que el mismo data del año 2016, razón por la cual se encontraba vigente esta prohibición.

    Expuso que la Fiscalía tuvo inicialmente una postura rígida la que debe ceder ante las circunstancias del hecho, su gravedad y las circunstancias personales de la imputada, razones por las cuales corresponde adoptar una postura que no acuda a la declaración de inconstitucionalidad de la norma aludida, sino que alcanza con un análisis de la razonabilidad de la prohibición en el caso concreto, el hecho y su calificación legal y las circunstancias personales de la imputada, teniendo a su vez en cuenta cuál fue la intención del legislador al introducir dicha modificación. Agregó que en toda la discusión parlamentaria de la ley se establecieron argumentaciones y fundamentos que tienen que ver con los delitos tributarios. Especificó que de las manifestaciones de H., entre otros legisladores, en el debate parlamentario de la ley, surge que el mismo hizo caso omiso de la fundamentación relativa a los delitos aduaneros, centrándose en los delitos tributarios y que del análisis concreto del objeto procesal en trato, se evidencia que la prohibición no resulta la situación más adecuada destacando, que ya se han expedido los tribunales en otros casos, efectuando cita de lo resuelto por el TOPE Nº 3 en las causas Nros. 2237 y 2736, entre otras, es así que el Fecha de firma: 21/08/2018 Firmado por: K.R.P., JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: A.J.L., SECRETARIO DE CAMARA #30916712#213372184#20180821155749453 Poder Judicial de la Nación «Tribunal Oral Penal Económico N°1»

    CPE 859/2016/TO1/5 análisis no es completo si no se tiene en cuenta la fundamentación y génesis de la probation, que debe hacerse una interpretación menos gravosa fundada en las características del hecho y la intención del legislador en la reforma. Al respecto, agregó que no existen en el caso antecedentes penales computables. Expresó que en cuanto el perjuicio fiscal el mismo asciende a la suma $1.112.842,61 teniendo en cuenta la totalidad de la mercadería, sin embargo la mercadería objeto de imputación a FERNANDEZ se circunscribe a un valor de $167.543,25, suma que no guarda proporción con los mil pesos ofrecidos en concepto de reparación del daño, pero deben primar las posibilidades concretas de la imputada. En cuanto a la auto-inhabilitación manifestó que es aceptable el ofrecimiento, sobre las tareas comunitarias se ofrece un comedor infantil, se desconoce los fines del mismo pero debe procurarse un fin social y estima que en el caso corresponde exigir un mínimo de 4 horas semanales. A su vez, destacó que se ofreció el abandono de la mercadería lo cual procede en el caso ya que de recaer condena la misma sería decomisada. A su vez, manifestó que sobre la multa considera que es una pena accesoria, por aplicación del art. 1026 del C.A., por lo que debe imponerlo la autoridad aduanera, que cita el fallo “Tortoriello” de la C.S.J.N., causa 356/15; y por todo ello, da su conformidad para la suspensión del juicio a prueba por el plazo de un año y medio, con la carga horaria de 4 horas semanales, destacándose que las tareas podrían prestarse en un lugar cercano a su domicilio o en su domicilio. Por último, efectuó cita...

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