Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de La Plata - TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL DE LA PLATA NRO. 1 - SECRETARIA, 13 de Marzo de 2017, expediente FLP 091002955/2009/TO01/46

Fecha de Resolución13 de Marzo de 2017
EmisorTRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL DE LA PLATA NRO. 1 - SECRETARIA

Poder Judicial de la Nación TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL DE LA PLATA NRO. 1 FLP 91002955/2009/TO1/46 La Plata, 13 de marzo de 2017.

AUTOS Y VISTO: para resolver en este expediente Nº

91002955/2009/TO1/46 caratulado: “Guallama, H. s/ incidente de

Excarcelación”, originario de este Tribunal Oral en lo Criminal Federal nº 1 de

esta ciudad; y CONSIDERANDO:

  1. Que llegan las presentes actuaciones a conocimiento del Tribunal a

    fin de resolver la solicitud de aplicación del artículo 7 de la Ley 24.390 efectuada

    por la Dra. N., Defensora Pública Coadyuvante de la Unidad de

    Letrados Móviles de esta ciudad, en representación de H.

    (véase fojas 1/9).

    Para fundar su petición, detalló que el encausado fue condenado en

    los autos principales por sentencia de fecha 19 de diciembre de 2012, y

    fundamentos del 22 de marzo de 2013 a la pena de prisión perpetua,

    encontrándose en trámite el recurso de casación interpuesto por esa parte.

    A su vez, explicó que G. se encuentra detenido desde el 19 de

    abril del año 2005, sin que hasta el momento exista sentencia firme. Por lo que su

    asistido a la fecha de su presentación ha estado privado de su libertad durante

    once años (11), diez meses (10) y diez días (10), al día 7 de marzo de 2017 según

    cómputo de fs. 15.

    Indicó que por aplicación de lo normado en el artículo 7º, 8º y 9º de la

    ley 24.390, de ese período total debían sustraerse dos años de prisión y, que a

    partir de esa fecha y hasta el día 2 de marzo de 2017, se debían contar dos días de

    prisión por cada día de detención cautelar, por lo que el tiempo total computable

    de detención, según su cálculo es de veintiún (21) años, ocho (8) meses y veinte

    (20) días.

    Consecuentemente, entendió que el tiempo de encierro preventivo

    cumplido por Guallama, determinaría el cumplimiento cierto de más de los dos

    tercios de la sanciónno firme aplicada, y por ello se encontraría en condiciones

    de obtener su inmediata libertad en los términos del art. 317 inc. 5º de CPPN.

    Para fundar la procedencia del planteo, la defensa pública efectuó

    diversas líneas argumentativas.

    En primer lugar, alegó que no cabía duda respecto de la aplicación de

    la ley 24.390 que expresamente reformó durante su vigencia el artículo 24 del

    Código Penal (ver art. 8), al establecer un cómputo de la prisión preventiva más

    Fecha de firma: 13/03/2017 Firmado por: G.A.C., JUEZ SUBROGANTE Firmado por: A.D.E., JUEZ SUBROGANTE Firmado por: P.D.V., JUEZ SUBROGANTE Firmado(ante mi) por: M.N.G.B., SECRETARIO DE CAMARA #29463088#173132031#20170313140545535 beneficioso para aquellos casos en los cuales la mora jurisdiccional provocaba

    una prolongación de la detención cautelar más allá de los límites allí fijados.

    Respecto de la aplicación del art. 7 de la ley 24.390 en su redacción

    original, mencionó el fallo plenario nº 3 “Molina” de la Cámara Federal de

    Casación Penal, que estableció: “…resulta claro que la ley 24.390 no es una

    reglamentación procesal. Este plano conceptual de la norma constituye “un

    límite para la legitimidad constitucional e internacional del encarcelamiento

    preventivo, desde la óptica que adopta, a partir de aquí, el estado argentino…por

    consiguiente, la institución debe estar regida por la ley de fondo, del mismo

    modo que el cómputo de la prisión preventiva está establecido en el art. 24 del

    código Penal, precepto que justamente se intenta reformar también mediante esta

    iniciativa”(Sancinetti “Computo del encarcelamiento preventivo. Plazo máximo

    razonable (Pacto de San José de Costa Rica)”, Dictamen sobre el proyecto del

    orden del día nº 39, Cámara de Senadores, 1994, pág. 9)…” (Cfr. CNCP

    Acuerdo nº 6/95 en Plenario nº 3, causa de la Sala IV “Molina, R. s/

    recurso de casación –Ley 24.390“).

    Expresó que aun cuando los dos años de prisión preventiva que daban

    lugar a la aplicación del art. 7 de la ley 24.390 se hubieran cumplido antes de su

    entrada en vigencia, correspondía extender su aplicación a todos aquellos casos

    donde hubiera mediado tal requisito legal; criterio extendido aun a personas que

    se encontraban cumpliendo condenas firmes.

    Sostuvo que se estableció su aplicación a situaciones en las que el

    supuesto de hecho que daba lugar a la norma se había cumplido antes de su

    entrada en vigencia por tratarse de derecho de fondo.

    En segundo lugar, remarcó el contenido del art. 2 del Código Penal,

    en tanto corresponde siempre la aplicación de la ley penal más benigna.

    Reflexionó que hasta tanto la sanción penal no sea agotada pueden

    sucederse distintas leyes penales, de las cuales siempre debe escogerse la que más

    contenga la irracionalidad del poder punitivo.

    Adujo que entre la comisión del delito y el cese de todas las

    consecuencias de la sanción, como en este caso, puede darse el dictado de una

    prisión preventiva, que debe computarse según lo dispuesto en los arts. 3 y 24 del

    ordenamiento de fondo.

    Al respecto citó lo dicho por la Corte (fallos 331:472), donde ese

    máximo Tribunal hizo propios los argumentos del Procurador General de la

    Nación.

    Fecha de firma: 13/03/2017 Firmado por: G.A.C., JUEZ SUBROGANTE Firmado por: A.D.E., JUEZ SUBROGANTE Firmado por: P.D.V., JUEZ SUBROGANTE Firmado(ante mi) por: M.N.G.B., SECRETARIO DE CAMARA #29463088#173132031#20170313140545535 Poder Judicial de la Nación TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL DE LA PLATA NRO. 1 FLP 91002955/2009/TO1/46 Señalando que de allí se desprende que la Corte ha considerado que lo

    importante para determinar la aplicación de la norma es el momento del hecho.

    En este caso puntual, tratándose de una ley intermedia entre el hecho y la

    punición, rige idéntico criterio sin importar que la detención preventiva haya

    tenido lugar con posterioridad.

    Indicó que en el caso concreto de Guallama, para la aplicación del

    cómputo previsto en el artículo 7 de la ley 24.390, debe tenerse en cuenta que

    entre la fecha del hecho que motiva la prisión preventiva del nombrado y la

    actualidad, dicha norma estuvo vigente. Por lo que si el Estado no lo privó de su

    libertad antes de su derogación, no puede perjudicarse su situación, ya que a partir

    de su vigencia cualquier persona imputada de un delito previo a ella adquirió el

    derecho a que su prisión preventiva que excediera los dos años sin sentencia firme

    se practique conforme a lo allí dispuesto.

    En tercer término, la defensora oficial expresó que no podrá objetarse

    a lo expuesto la índole del delito atribuido a su defendido en autos sin violar la

    garantía de igualdad ante la ley, de acuerdo al art. 16 de la C.N. y lo dicho por la

    Corte al respecto (cfr. Recurso de hecho deducido por L. en la

    causa V., L. s/causa nº 5640, rta. El 15 de junio de 2010, del voto

    de los Dres. R., E. de N. y Eugenio Raúl

    Zaffaroni).

    Que del criterio planteado por la Corte, se desprende que no puede

    limitarse el acceso al derecho solicitado en función de una valoración judicial

    acerca de la gravedad de los hechos aun cuando medien compromisos del Estado

    Argentino para su persecución y sanción.

    En cuarto término, a favor de su postura citó variada jurisprudencia

    donde se aplicó el art. 7 de la ley 24.390 para casos como el presente, en los

    cuales se consideró aplicable, considerándola “ley intermedia” entre el delito y la

    condena firme.

    Asimismo, indicó que una interpretación restrictiva no solamente

    afectará el modo en que la Corte ha establecido que deben ser interpretadas las

    leyes penales (fallo “A.”), sino que colocará a su asistido en una situación

    desigual con respecto a otras personas que han estado en idéntica situación.

    Así hizo referencia a que la propia Corte Suprema de Justicia de la

    Nación en el caso “S., A.”, rechazó el recurso extraordinario

    del Procurador ante el Alto Tribunal, que pretendió establecer una diferencia entre

    el caso “A.” (donde el imputado había sido detenido durante la vigencia del

    Fecha de firma: 13/03/2017 Firmado por: G.A.C., JUEZ SUBROGANTE Firmado por: A.D.E., JUEZ SUBROGANTE Firmado por: P.D.V., JUEZ SUBROGANTE Firmado(ante mi) por: M.N.G.B., SECRETARIO DE CAMARA #29463088#173132031#20170313140545535 artículo 7º de la ley 24.390) y el de Simón (que había sido detenido luego de su

    derogación).

    Señaló que en la citada causa la Sala II de la Cámara Nacional de

    Apelaciones en lo Criminal Federal había confirmado el cómputo practicado

    respecto de Simón conforme lo establecía el aplicó el art. 7 de la ley 24.390 a

    pesar de que –al igual que ocurre con G. había sido detenido luego de su

    derogación.

    Concluyó que, pese a las diferencias sobre el momento en que fueron

    detenidos, A., S. y Guallama, favorece la postura de esa parte.

    Subrayó que, el apartamiento del Tribunal de tal interpretación

    vulneraría el principio de igualdad ante la ley y la racionalidad de los actos de

    gobierno exigibles en un régimen republicano (art.1º de la C.N.).

    Reseñó lo resuelto en el Legajo de Ejecución Nº

    91002901/2009/TO1/42 –registro interno de este Tribunal caratulado “Ríos,

  2. s/ condena” en cuanto a la aplicación de la norma aplicable según su

    criterio.

    Por otro lado, y en conexión a lo solicitado, refirió que debe tenerse

    en cuenta el tiempo de detención de su asistido en la causa 7884 del registro del

    Juzgado de M..

    Finalmente, planteo reserva de recurrir por ante la Cámara de

    Casación Penal y del caso federal.

  3. En atención a lo solicitado se requirió a las autoridades de las Unidad

    26 de L. O. los informes correspondientes, destacándose de su

    contenido que G. no registra sanciones, su conducta actual al cierre del

    último trimestre es ejemplar (10), con concepto bueno (fs.12/14).

    Por su parte, se practicó por Secretaría cómputo provisorio de los tiempos

    de detención, el cual luce a fs. 15 de las presentes actuaciones.

  4. Que al contestar la vista conferida al Ministerio Público Fiscal, el

    F. ad hoc J. M. N. solicitó que no se haga lugar al pedido

    solicitado por la defensa, toda vez que Guallama, no cumple aún con el requisito

    temporal previsto por el art. 317 inc. 5 del C.P.P.N.

    Luego de reseñar lo planteado por la defensa, expresó que se advertía que

    el...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba