Sentencia de CAMARA FEDERAL DE CORRIENTES, 17 de Abril de 2023, expediente FCT 008949/2019/40/CA033

Fecha de Resolución17 de Abril de 2023
EmisorCAMARA FEDERAL DE CORRIENTES

Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE CORRIENTES

FCT 8949/2019/40/CA33

Corrientes, diecisiete de abril de dos mil veintitrés.

Vistos: los autos caratulados “Incidente de prisión domiciliaria en

autos: G., S.M. p/ infracción ley 23.737” Expte.

8949/2019/40/CA33 del registro de este Tribunal, provenientes del Juzgado

Federal de Goya, Corrientes;

Y considerando:

  1. Que ingresan estos obrados a la Alzada, en virtud del recurso de

    apelación interpuesto por la defensa particular del imputado Sebastián Matías

    González contra la resolución Nº 39 de fecha 14 de febrero del 2023, mediante

    la cual la juez a quo resolvió no hacer lugar al pedido de prisión domiciliaria

    solicitada en favor del nombrado.

    Para así decidir, la magistrada tuvo en cuenta el delito atribuido a

    G. (tenencia de estupefaciente con fines de comercialización agravado

    por el número de intervinientes art. 5 inc. “c” y 11 inc. “c” en concurso con

    lavado de activos de origen delictivo –art. 303 inc. 1 y 2, apartado “a”), su

    pena en expectativa y la consecuente imposibilidad de una eventual

    condenación condicional.

    Asimismo, que la situación de G. no encuadraría en lo

    dispuesto por los arts. 10 del Código Penal y 32 inc. “a” de la ley 24.660, dado

    que aún no se le ha indicado la realización de ninguna cirugía, contando aquél

    con autorización para salidas extramuros y asistencia médica oportuna.

    Por otro lado, dijo que la mera existencia de hijos menores no puede

    ser valorada positivamente para otorgar el beneficio; máxime cuando en el

    lugar en el que el imputado convivía con su hija, se habría desarrollado la

    actividad delictiva investigada. En ese sentido, entendió que no se advierte –en

    el caso que la detención domiciliaria solicitada beneficie de manera evidente

    a la niña en cuestión.

    Luego, sostuvo que, sin desconocer el arraigo domiciliario y familiar

    con el que contaría el imputado, los riesgos procesales oportunamente

    Fecha de firma: 17/04/2023

    Firmado por: R.L.G., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: SELVA A.S., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: N.A.M., SECRETARIA DE CAMARA

    valorados no han variado, existiendo la posibilidad de contacto entre G.

    y los demás partícipes del delito, lo que dificultaría la detención de los otros

    posibles involucrados y facilitaría, a su vez, la coordinación de una posible

    fuga. Finalmente, valoró la falta de acreditación de arraigo laboral del

    nombrado, sosteniendo que ello debe ser contabilizado como índice de riesgo

    procesal.

    En razón de ello, expresó que las medidas de coerción alternativas a la

    prisión preventiva (art. 210 CPPF), tampoco son suficientes para asegurar los

    fines del proceso.

  2. Ante ello, la recurrente planteó la nulidad de la resolución atacada,

    alegando que la misma carece de la motivación exigida por el art. 123 del

    CPPN.

    En ese sentido, le agravió que la juzgadora haga suyo el dictamen

    emitido por el Fiscal, sin brindar argumentos propios. Asimismo, que

    considere como causal de denegatoria la situación de la hija menor del

    imputado basado en un informe del 25 de julio del 2022, siendo que, a la

    fecha, las condiciones por las que aquella atraviesa son diferentes, en tanto

    padece otras dolencias y consecuencias psíquicas.

    Por otro lado, dijo que la severidad de la pena a la que refiere la juez de

    grado no se corresponde con lo peticionado, dado que no se solicita la libertad

    de G., sino, en todo caso, su prisión domiciliaria por razones de índole

    humanitarias, como ser el estado de salud de su hija menor y el suyo propio,

    dado que debe ser intervenido quirúrgicamente. En esa línea argumental,

    sostuvo que la magistrada interviniente cuenta con la potestad de aplicar, de

    manera subsidiaria, alguna de las medidas alternativas a la prisión preventiva

    previstas en el art. 210 del CPPF.

    A su turno, manifestó que los argumentos brindados por la juez en

    cuanto a que G. contaría con autorización para salidas extramuros y con

    asistencia médica especializada, no se corresponden con la complejidad de la

    Fecha de firma: 17/04/2023

    Firmado por: R.L.G., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: SELVA A.S., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: N.A.M., SECRETARIA DE CAMARA

    Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE CORRIENTES

    FCT 8949/2019/40/CA33

    cirugía a la que aquel debe ser sometido, dado que, sencillamente, su dolencia

    no puede ser tratada en prisión.

    Expresó como agraviante que la a quo valore los riesgos de fuga y de

    entorpecimiento de la investigación, alegando que, incluso cuando los mismos

    existieran, no pueden influir en el otorgamiento de la prisión domiciliaria

    requerida, en tanto la misma no supone la estancia del imputado en libertad,

    sino la continuidad de la prisión, aunque de forma morigerada. Sobre ello, dijo

    que G. no tiene pedidos de detenciones previas, ni antecedentes penales

    o declaraciones de rebeldía en su contra, como así tampoco cuenta con

    capacidad económica para mantener una vida encubierta, siendo viable –a su

    criterio la medida coercitiva solicitada.

    Alegó que la posible vinculación de su defendido con los otros

    posibles involucrados no debe ser considerado un obstáculo para la concesión

    del beneficio solicitado, en tanto existen restricciones y reglas de conducta

    para evitar lo referido.

    Finalmente, se agravió de que la juzgadora valore negativamente la

    falta de acreditación de arraigo laboral, alegando que el mismo fue acreditado,

    en virtud del kiosco que G. atiende en su domicilio. Hizo reserva de la

    cuestión federal.

  3. Contestada la vista conferida, el Fiscal General subrogante ante

    esta Alzada, manifestó su no adhesión al recurso oportunamente interpuesto

    por la defensa, por entender que, en el caso, están presentes riesgos procesales,

    conforme a la gravedad del delito atribuido al imputado.

    Respecto de la hija menor de G., dijo que se encuentra en buen

    estado de salud, al cuidado de su madre; y, en cuento a la afección que padece

    el nombrado, manifestó que la misma puede ser tratada intramuros,

    encontrándose, además, autorizado a acudir a los exámenes y/o estudios

    médicos las veces que sea necesario.

    Fecha de firma: 17/04/2023

    Firmado por: R.L.G., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: SELVA A.S., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: N.A.M., SECRETARIA DE CAMARA

    En igual oportunidad, el Asesor de Menores interviniente, expresó que

    el cuadro que surge del informe socioambiental incorporado a la causa,

    amerita una interpretación armoniosa de las disposiciones legales penales en

    consonancia con las normas de jerarquía superior, toda vez que el encierro del

    señor G. no debe desencadenar en una situación angustiante o

    antijurídica para la niña involucrada. Por ello, y en consonancia con lo

    dictaminado en primera instancia, manifestó que no se opone al otorgamiento

    de la medida requerida, a los fines de proteger el Interés Superior del Niño.

  4. La audiencia prevista en el art. 454 CPPN, fue celebrada el 10 de

    abril del 2023, bajo modalidad virtual, mediante el Sistema del Poder Judicial

    de la Nación.

    En primer lugar, la defensa del imputado reiteró el planteo de nulidad

    del auto puesto en crisis por falta de fundamentación, alegando que la juez a

    quo hizo suyos los argumentos del fiscal en cuanto a la existencia de riesgos

    procesales, sin brindar un fundamento propio.

    Insistió también en que la juez de grado valoró un informe psicológico

    en relación la hija menor del imputado que data del mes de julio del 2022,

    siendo que actualmente la situación de la niña es diferente. En ese sentido,

    refirió a otro informe psicológico reciente que fue presentado por el Asesor de

    Menores en el día de la fecha y al informe socioambiental obrante en autos

    que da cuenta de su situación, lo que debe ser considerado atendiendo al

    Interés Superior del Niño.

    Se agravió por la consideración de la pena en abstracto y la eventual

    efectividad de la misma, resaltando que lo que se solicita es una prisión

    morigerada, con las medidas que se estimen corresponder.

    En cuanto a alegada existencia de riesgos procesales, dijo que la

    situación procesal de G. se encuentra resuelta, no contando el

    nombrado con antecedentes penales, ni declaraciones de rebeldía. Asimismo

    y contrariamente a lo manifestado por la juzgadora indicó que el imputado

    Fecha de firma: 17/04/2023

    Firmado por: R.L.G., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: SELVA A.S., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: N.A.M., SECRETARIA DE CAMARA

    Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE CORRIENTES

    FCT 8949/2019/40/CA33

    cuenta con arraigo laboral en su propio domicilio, donde aquél trabaja como

    comerciante.

    Luego, destacó que el imputado tiene un serio problema

    traumatológico por el que fue asistido en varias oportunidades, y por el que

    debe ser intervenido quirúrgicamente. Asimismo, relevó un informe médico

    del que surge que su recuperación debe ser en un lugar especial, aconsejando

    que la misma se lleve a cabo en el domicilio.

    Por todo lo expuesto, solicitó se revoque la denegatoria de la

    magistrada de grado y se otorgue el beneficio requerido en favor de su

    defendido.

    A su turno, el representante del Ministerio Público Pupilar manifestó

    su acompañamiento al pedido efectuado por la defensa, alegando que, en el

    caso, está evidenciado el impacto negativo que la situación generó en la

    menor, vulnerándose con ello el principio de intrascendencia de la pena a

    terceros (art. 5.3 CADH).

    En ese orden de ideas, relató las comunicaciones mantenidas con la

    madre de la menor que representa, con la niña misma y con las licenciadas en

    psicología que asistieron y asisten a la menor, de todo lo cual extrajo que la

    niña está muy deprimida y angustiada, con evidentes retrocesos. Asimismo a

    pedido de la Presidente del Tribunal leyó las conclusiones obrantes en el

    informe presentado el día de la audiencia, elaborado por la Licenciada

    M.L. MP 1261, al cual remitimos a fines de evitar reproducciones

    innecesarias.

    Finalmente, el representante del Ministerio Público Fiscal, ratificó...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR