Sentencia de CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA B - SECRETARIA PENAL, 17 de Noviembre de 2020, expediente FSM 110805/2018/40/CA012

• Fecha de Resolución: 17 de Noviembre de 2020
• Emisor: CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA B - SECRETARIA PENAL

1 Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE ROSARIO – SALA B

P/Int.

Visto, en Acuerdo de la Sala “B” integrada, el expediente nº

FRO 110805/2018/40/CA12 “Incidente de Excarcelación en autos HEREDIA,

R.O. por infracción ley 23.737” (del Juzgado Federal nº 1 de Santa Fe,

Secretaría de Derechos Humanos), del que resulta que:

El Dr. A.P. dijo:

Vienen los autos a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso de apelación deducido por la defensa de R.O.H., contra la Resolución del 09/09/2020 que le denegó la excarcelación.

Concedido dicho recurso, los autos se elevaron a la Alzada.

Recibidos en la Sala “B”, se fijó audiencia, el día programado se recibieron las minutas de las partes, se labró el acta correspondiente y quedaron los USO OFICIAL

presentes en condiciones de resolver.

Y Considerando:

1. - Al apelar la defensa sostuvo que la resolución puesta en crisis es arbitraria por falta de fundamentación.

   Adujo que la pena en expectativa y la gravedad del delito no pueden erigirse como únicos fundamentos para evaluar la peligrosidad procesal y señaló que el encartado compareció espontáneamente a las dependencias del juzgado y carece de antecedentes penales.

   Refirió que no se consideraron las condiciones personales ni se indicó de qué manera podría entorpecer la investigación, a lo que sumó que no se analizó la posibilidad de morigerar su situación de detención por una medida menos gravosa (fianza).

2. - En primer lugar, en cuanto al planteo efectuado por la defensa respecto a la falta de fundamentación de la resolución en crisis, cabe señalar que el art. 123 del CPPN establece que las sentencias y los autos Fecha de firma: 17/11/2020

   Firmado por: J.G.T., JUEZ DE CAMARA

   Firmado por: G.A.P., SECRETARIO

   Firmado por: A.P., JUEZ DE CAMARA

   35001470#273685613#20201113115444523

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   deberán ser motivados, bajo pena de nulidad. Esto es que “…las decisiones judiciales contengan, según el caso, la valoración de la prueba, la explicación de cómo se llegó al juicio de valor y la razón de la aplicación de determinada o determinadas normas del plexo penal” (G.R.N.R.D.,

   Código Procesal Penal de la Nación

   , E.H., año 2004, T. I,

   pág. 361).

   En el caso en estudio, la resolución apelada se encuentra debidamente fundamentada desde que se expresaron los motivos y se señalaron las pruebas que se tuvieron en consideración para arribar a esa conclusión, lo que permitió a la parte conocer los argumentos jurídicos por lo que se resolvió del modo en que se lo hizo, respetándose los principios constitucionales que emanan del art. 18 de la C.N. como son la defensa en juicio y el debido proceso.

   Corresponde entonces rechazar la crítica de la parte apelante a través de la cual pretendió aludir a un supuesto de falta de fundamentación y arbitrariedad en el que se habría incurrido en el dictado de la resolución en perjuicio de su asistido pues, tal como lo tiene dicho nuestro Máximo Tribunal,

   esa tacha es atribuible a las sentencias que aparecen “determinadas por la sola voluntad del juez”, adolecen de “manifiesta irrazonabilidad” o de “desacierto total” o exhiben una “ausencia palmaria de fundamentos” circunstancias que,

   conforme a las constancias incorporadas al expediente y a la valoración que de ellas se ha hecho, no se verifican en el caso (v. Fallos 238:23; 238:566 y 242:179).

   En ese rumbo, se aprecia que el auto recurrido guarda relación con los antecedentes que le sirven de causa y son congruentes con el punto decidido, suficientes para el conocimiento de las partes y para las eventuales impugnaciones que se pudieran receptar, por lo que se encuentra suficientemente motivado en los términos del artículo 123 del C.P.P.N..

   Fecha de firma: 17/11/2020

   Firmado por: J.G.T., JUEZ DE CAMARA

   Firmado por: G.A.P., SECRETARIO

   Firmado por: A.P., JUEZ DE CAMARA

   35001470#273685613#20201113115444523

   3 Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE ROSARIO – SALA B

3. - Entrando al análisis del pedido de excarcelación formulado por la defensa debe indicarse que por resolución Nº 2/2019 dictada por la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal, se dispuso implementar para todos los tribunales con competencia en materia penal de todas las jurisdicciones federales del territorio nacional -en lo que aquí interesa-, los artículos 19, 21, 22, 31, 34, 54, 80, 210, 221 y 222 del Código Procesal Penal Federal, por lo que corresponde resolver el presente bajo esos lineamientos.

   Igualmente creo oportuno señalar que revisadas las alternativas que prevé el artículo 210 de la norma mencionada, fuera de lo normado por su inciso i), que establece como posibilidad “la vigilancia del imputado mediante algún dispositivo electrónico de rastreo o posicionamiento USO OFICIAL

   de su ubicación física”, el resto de la enunciación allí efectuada, no difiere de lo que actualmente se dispone y analiza en cada caso, y respecto de lo normado en el inciso citado, no se encuentra aún implementada en nuestra jurisdicción esa posibilidad, sino únicamente, conforme lo establecido por la Resolución N°

   1379/2015 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, para el control de personas bajo arresto domiciliario.

   Así las cosas, para el tratamiento del caso corresponde aplicar los artículos 221 y 222 del Código Procesal Penal Federal.

   Dichos artículos establecen que para decidir acerca del peligro de fuga se deberán tener en cuenta, entre otras, las siguientes pautas:

   1. Arraigo, determinado por el domicilio, residencia habitual,

      asiento de la familia y de sus negocios o trabajo, y las facilidades para abandonar el país o permanecer oculto;

   2. Las circunstancias y naturaleza del hecho, la pena que se espera como resultado del procedimiento, la imposibilidad de condenación condicional, la constatación de detenciones previas, y la posibilidad de Fecha de firma: 17/11/2020

      Firmado por: J.G.T., JUEZ DE CAMARA

      Firmado por: G.A.P., SECRETARIO

      Firmado por: A.P., JUEZ DE CAMARA

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      declaración de reincidencia por delitos dolosos;

   3. El comportamiento del imputado durante el procedimiento en cuestión, otro anterior o que se encuentre en trámite; en particular, si incurrió

      en rebeldía o si ocultó o proporcionó falsa información sobre su identidad o domicilio, en la medida en que cualquiera de estas circunstancias permitan presumir que no se someterá a la persecución penal.

      Y para decidir acerca del peligro de entorpecimiento para la averiguación de la verdad, se deberá tener en cuenta la existencia de indicios que justifiquen la grave sospecha de que el imputado:

   1. Destruirá, modificará, ocultará, suprimirá o falsificará

      elementos de prueba;

   2. Intentará asegurar el provecho del delito o la continuidad de su ejecución;

      c.H. o amenazará a la víctima o a testigos;

   4. Influirá para que testigos o peritos informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente;

   5. Inducirá o determinará a otros a realizar tales comportamientos, aunque no los realizaren.

      Es dable reseñar que el riesgo procesal no puede examinarse con márgenes de certeza sino de probabilidad pues, obviamente, lo que aquí

      se evalúa es la eventualidad fundada de que la encartada se fugue o entorpezca la investigación.

      A mayor abundamiento, las...