Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de La Plata - TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL DE LA PLATA NRO. 1 - SECRETARIA, 29 de Diciembre de 2016, expediente CFP 010630/2009/TO01/4/CFC010

• Fecha de Resolución: 29 de Diciembre de 2016
• Emisor: TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL DE LA PLATA NRO. 1 - SECRETARIA

Año del B. de la Declaración de la Independencia Nacional Poder Judicial de la Nación TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL DE LA PLATA NRO. 1 10630/2009 Incidente Nº 4 - PROCESADO: B.A.O. s/INCIDENTE DE PRISION DOMICILIARIA La Plata, 29 de diciembre de 2016.

VISTO: El presente incidente N° 10630/2009/TO1/4, caratulado “B., Abel

Oscar s/ Incidente de Prisión Domiciliaria”, en trámite ante este Tribunal Oral en lo Criminal

Federal N° 1 de La Plata; y CONSIDERANDO:

1. Que a fs. 197/253, G. y Y., Defensores

   Públicos Oficial y C., respectivamente, de A. O. B., presentaron un

   escrito solicitando se concediera al nombrado el arresto domiciliario, acompañando copias de

   múltiples informes médicos.

   Fundaron dicho pedido en el entendimiento de que “… sus 78 años, delicada

   situación de salud y estado de vulnerabilidad…” lo colocarían en condiciones de acceder

   nuevamente a dicha modalidad de detención, de conformidad con lo establecido por los incisos

   1. y d) del art. 32 de la ley 24.660, modificada por ley 26.472; sustentando a la vez tal extremo

   en los numerosos informes médicos acompañados a la presentación.

   En tal sentido, destacaron que los supuestos contemplados por la norma de

   mención para la concesión del arresto domiciliario son alternativos y no cumulativos, así como

   que si bien ha quedado establecido jurisprudencialmente que la concesión de tal modalidad de

   arresto se encuentra sujeta a apreciación judicial, no está librada a la discrecionalidad del juez,

   citando al respecto lo dicho por la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal en las causas

   N° 13.493, caratulada “F., R. s/ Recurso de Casación” y N° 13.634, caratulada

   C., E. s/ recurso de casación

   , por la Sala III en el expediente “S., Víctor

   Nicodemo s/ recurso de casación

   , y la opinión doctrinaria de los Dres. Z., Alagia y

   S. en su obra “Derecho Penal, P. General”.

   A la vez, citaron lo dicho por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo

   A., A.

   (T. 331 P. 858), en cuanto a la interpretación que debe darse a las

   normas penales de conformidad con el art. 18 de la Constitución Nacional, en cuanto a la

   obligación de evitar sufrimientos basándose en pretextos de seguridad, advocando

   consecuentemente por la interpretación normativa que restrinja menor cantidad de derechos.

   Por otra parte, refirieron que “resulta a nuestro criterio un argumento falaz

   aquél que pretende escudarse en la responsabilidad internacional asumida por nuestro país de

   perseguir y castigar los delitos de lesa humanidad como los que se imputan a nuestro asistido

   Fecha de firma: 29/12/2016 Firmado por: G.A.C., JUEZ SUBROGANTE Firmado por: P.D.V., JUEZ SUBROGANTE Firmado por: A.D.E., JUEZ SUBROGANTE Firmado(ante mi) por: M.N.G.B., SECRETARIO DE CAMARA #19574506#169990266#20161229143309222 como justificación para denegar cualquier beneficio que la ley le acuerde.”, refiriendo

   nuevamente al respecto lo dicho por la Corte Suprema en el mencionado fallo “A.”.

   Asimismo, pusieron de resalto la jerarquía constitucional del derecho a la salud,

   citando en tal sentido los art. 33 de nuestra Constitución, 11 de la Declaración Americana de

   Derechos y Deberes del Hombre, 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 5, 17 y

   25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

   Por otra parte, señalaron que en relación con lo expuesto deben tenerse presentes

   los lineamientos establecidos por nuestro Máximo Tribunal en los precedentes “O.,

   J. s/ recurso de casación”, del 27 de agosto de 2013, y “G., A. s/

   causa N° 8222” del 8 de febrero del 2011.

   A la vez, hicieron referencia a la “Convención sobre la protección de los derechos

   de las personas mayores”, aprobada por la OEA con la firma de nuestro país, entre otros, la cual

   dada su naturaleza impone a nuestra nación la obligación de salvaguardar los derechos humanos

   y las libertades fundamentales de las personas mayores.

   Con relación a tal instrumento internacional, destacaron las siguientes normas,

   considerándolas aplicables específicamente al caso objeto de análisis: “Artículo 13. Derecho a

   la libertad personal. La persona mayor tiene derecho a la libertad y seguridad personal,

   independientemente del ámbito en el que se desenvuelva. Los Estados Parte asegurarán que la

   persona mayor disfrute del derecho a la libertad y seguridad personal y que la edad en ningún

   caso justifique la privación o restricción arbitrarias de su libertad. Los Estados Parte

   garantizarán que cualquier medida de privación o restricción de libertad será de conformidad

   con la ley y asegurarán que la persona mayor que se vea privada de su libertad en razón de un

   proceso tenga, en igualdad de condiciones con otros sectores de la población, derecho a

   garantías de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos y a ser tratada

   de conformidad con los objetivos y principios de la presente Convención. Los Estados Parte

   garantizarán el acceso de la persona mayor privada de libertad a programas especiales y

   atención integral, incluidos los mecanismos de rehabilitación para su reinserción en la sociedad

   y, según corresponda, promoverán medidas alternativas respecto a la privación de libertad, de

   acuerdo con sus ordenamientos jurídicos internos.”

   Articulo 31. Acceso a la justicia. La persona mayor tiene derecho a ser oída,

   con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente,

   independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de

   cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y

   obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. Los Estados Parte se

   comprometen a asegurar que la persona mayor tenga acceso efectivo a la justicia en igualdad

   Fecha de firma: 29/12/2016 Firmado por: G.A.C., JUEZ SUBROGANTE Firmado por: P.D.V., JUEZ SUBROGANTE Firmado por: A.D.E., JUEZ SUBROGANTE Firmado(ante mi) por: M.N.G.B., SECRETARIO DE CAMARA #19574506#169990266#20161229143309222 Año del B. de la Declaración de la Independencia Nacional Poder Judicial de la Nación TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL DE LA PLATA NRO. 1 de condiciones con las demás, incluso mediante la adopción de ajustes de procedimiento en

   todos los procesos judiciales y administrativos en cualquiera de sus etapas. Los Estados Parte

   se comprometen a garantizar la debida diligencia y el tratamiento preferencial a la persona

   mayor para la tramitación, resolución y ejecución de las decisiones en procesos administrativos

   y judiciales. La actuación judicial deberá ser particularmente expedita en casos en que se

   encuentre en riesgo la salud o la vida de la persona mayor. “

   Asimismo, la Defensa de B. sostuvo que “Por último, en el artículo 36

   párrafo 2° reza que la presente resolución de la O.E.A. deberá ser tenida en cuenta por los

   jueces que intervienen en los llamados juicios de lesa humanidad, especialmente al impartir

   justicia, otorgar el beneficio de la prisión domiciliaria y prestar atención de la salud de los

   ancianos.

   (resaltado en el original).

   Por otro lado, en referencia al caso particular, sostuvieron que “Someter a un

   régimen de encierro carcelario a una persona de 78 años que padece HTA; DBT TIPO II por

   lo cual se le indicó medicación y dieta especial; Dislipemia; HPB; Artrosis por lo cual utiliza

   corset para sostener su columna vertebral; Hipoacusia y Angustia por problemas familiares

   (dolencias médicas de su hija quien se encuentra bajo tratamiento psiquiátrico) por lo cual la

   Dra. F. que lo asiste en la U 31 de Ezeiza le indicó tratamiento terapéutico, todo lo

   cual resultan ser patologías progresivas e irreversibles y que en caso de que sufra una

   emergencia que no es raro que ocurra teniendo en cuenta su avanzada edad, las carencias y

   deficiencias de infraestructura su integridad física podría estar en riesgo, implica un castigo

   que vulnera los derechos humanos.

   (SIC), fundando tal consideración en los informes médicos

   realizados por diversos profesionales de la unidad donde estuvo alojado, acompañados en copia

   al presente.

   En apoyo de la concesión de arresto domiciliario requerida, citaron los fallos de la

   Cámara Federal de Casación Penal en las causas Nros. 11.581, caratulada “R.,

   J. s/ recurso de casación

   , 91003399/2012/TO1/3/CFC1CFC17, caratulada “Wolk,

   J. s/ incidente de prisión domiciliaria

   y 373/2011/58/CFC39, caratulada “Boan,

   R. s/ incidente de prisión domiciliaria

   .

   Asimismo resaltaron, entendiéndolo de público y notorio conocimiento, que el

   lugar de alojamiento de B. no cuenta con las condiciones edilicias y humanas que permitan

   la debida atención de una persona de su edad y con sus patologías, las cuales consideraron

   podrían variar de un momento a otro.

   Fecha de firma: 29/12/2016 Firmado por: G.A.C., JUEZ SUBROGANTE Firmado por: P.D.V., JUEZ SUBROGANTE Firmado por: A.D.E., JUEZ SUBROGANTE Firmado(ante mi) por: M.N.G.B., SECRETARIO DE CAMARA #19574506#169990266#20161229143309222 En tal sentido, dijeron que las falencias en infraestructura y personal aducidas

   habían quedado plasmadas en los fundamentos de la Resolución N° 65/2016 del Ministerio de

   Defensa de la Nación.

   A la vez, sostuvieron que en caso de concedérsele el arresto domiciliario, B.

   podría atender mejor su situación de salud, contando con la contención y el cuidado de su

   familia y el rápido acceso a atención médica de alta complejidad, ya sea ambulatoria o

   presencialmente en algún establecimiento especializado.

   A ello, hicieron referencia al estado de salud de S., hija del

   encausado, quien se encontraría sometida a tratamiento psiquiátrico, psicofarmacológico y

   ...