Sentencia de CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA B - SECRETARIA PENAL, 22 de Mayo de 2017, expediente FRO 041514/2015/32/CA018

Fecha de Resolución22 de Mayo de 2017
EmisorCAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA B - SECRETARIA PENAL

1 Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE ROSARIO – SALA B P/Int. Rosario, 22 de mayo de 2017.

Visto, en Acuerdo de la Sala “B” el expediente Nº FRO 41514/2015/32/CA18 “Incidente de Excarcelación en autos A.M., M.D. s/ Infracción Ley 23.737” (del Juzgado Federal Nº 4, Secretaría Nº 1 de R., del que resulta que:

Vienen los autos a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por el Defensor Público Oficial, Dr. E.C. (fs.

18/22) contra la resolución del 08/03/2017, mediante la cual se dispuso denegar la excarcelación a M.D.A.M. (fs. 15 y vta.).

Concedido dicho recurso (fs. 23), los autos se elevaron a la Alzada (fs. 28). Recibidos en la Sala “B” (fs. 29), se designó audiencia oral para informar y se puso en conocimiento de las partes la opción por la modalidad escrita establecida en la Acordada Nº 161/16 (fs. 31). Agregado el escrito acompañado por el Defensor Oficial (fs. 32) y el memorial presentado por el F. General (fs. 34/36vta.), se labró el acta pertinente (fs. 37), quedando los presentes en estado de ser resueltos.

El Dr. Toledo dijo:

  1. ) El Defensor Público Oficial, al agraviarse refiere a la presunción de inocencia que goza todo imputado hasta tanto no sea declarado culpable por sentencia firme, conforme lo disponen los arts. 18 de la CN, 8.2 CADH. 11.1 DUDH y 14.2 PIDCyP, por lo que afirma que la mantención del encierro cautelar, para resultar legítimo, debe encontrar razón en la necesidad de neutralizar riesgos procesales y debe resultar indispensable para cumplir con tal objetivo (art. 7.3 y 7.5 de la CADH, arts. 9.1 y 9.3 del PIDCyP, art. 25 de la DADDH y art. 9 de la DUDH).

    Agrega que el carácter excepcional del encierro cautelar se ve reforzado en el art. 280 del CPPN, como también en el fallo plenario N° 13 de la Cámara de Casación Penal “D.B.”.

    Fecha de firma: 22/05/2017 Alta en sistema: 23/05/2017 Firmado por: J.G.T., Juez de Cámara Firmado por: EDGARDO BELLO, JUEZ DE CAMARA Firmado por: E.I.V., JUEZ DE CAMARA Firmado(ante mi) por: ANTE MI M.V.V., SECRETARIA DE CAMARA #29481203#179413681#20170522122548536 Asegura que no se encuentra acreditado que su pupila, en caso de recuperar la libertad, intentará eludir el accionar de la justicia o entorpecer la investigación.

    Afirma que la decisión recurrida no puede ser considerada como un acto jurisdiccionalmente válido, atento la ausencia de debida fundamentación, toda vez que no trató las circunstancias actuales de su defendida.

    Sostiene que para rechazar la excarcelación peticionada, el fallo recurrido se remite a la resolución del 13/04/16 que denegó la primera excarcelación y al Acuerdo del 16/08/16 de esta Alzada, que confirmó ese decisorio. Agrega que en aquella resolución se tuvo en cuenta la actividad que la encartada desarrollaba en la organización dedicada al narcotráfico investigada en los autos principales, la complejidad de la causa, cantidad de personas involucradas y elementos secuestrados, la existencia de órdenes de detención, cuestiones que considera fueron adoptadas mucho tiempo atrás, y por tanto no resultan argumentos válidos, ya que a su criterio lo que debe analizarse es si en la actualidad subsiste la necesidad de mantener la prisión preventiva de su defendida, en atención a si su libertad podría perjudicar la tramitación del proceso o si existe peligro de fuga.

    Considera necesario analizar las circunstancias actuales a fin de verificar si resulta pertinente mantener el encierro cautelar, las que a su entender no fueron tenidas en cuenta por el juzgador.

    Refiere que su pupila tiene arraigo suficiente, ya que de recuperar su libertad continuaría residiendo junto a sus tres hijos de 5 meses, 3 y 4 años y su abuela en la vivienda de calle G. 72 bis de esta ciudad, donde cumple detención domiciliaria, cuyas reglas de conducta cumple regularmente.

    Señala las necesidades económicas del grupo familiar, quienes subsisten de una asignación familiar por hijo que cobra la encartada y la remuneración de las tareas realizadas por su abuela, las que resultan insuficientes para el sustento de sus hijos, y de recuperar su libertad, podría realizar trabajos remunerados a fin de procurar lo necesario para el hogar.

    Fecha de firma: 22/05/2017 Alta en sistema: 23/05/2017 Firmado por: J.G.T., Juez de Cámara Firmado por: EDGARDO BELLO, JUEZ DE CAMARA Firmado por: E.I.V., JUEZ DE CAMARA Firmado(ante mi) por: ANTE MI M.V.V., SECRETARIA DE CAMARA #29481203#179413681#20170522122548536 3 Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE ROSARIO – SALA B Asegura que no es la defensa quien tiene la obligación de acreditar la ausencia de riesgo procesal. Cita jurisprudencia que considera en apoyo a su tesitura.

    Expresa que el elemento novedoso a fin de analizar la situación de su asistida que es el transcurso del tiempo. Expresa que hace 11 meses que su pupila se encuentra privada de su libertad en forma cautelar ininterrumpida, por lo que deben enunciarse motivos actuales que permita mantener justificadamente la mencionada medida.

    Entiende que a medida que la causa avanza, los riesgos procesales, tales como el peligro en el ocultamiento o fuga o entorpecimiento de la investigación disminuyen, que el fiscal solicitó diversas medidas de prueba y que aunque resten elementos probatorios pendientes de producir no importa per se que ello represente un riesgo procesal.

    Finalmente menciona que si bien el art. 1 de la ley 24.390 establece un plazo máximo de duración de la medida cautelar, por ello no debe concluirse que la prisión preventiva debe prolongarse indefectiblemente por ese término.

    F. reserva de derechos.

  2. ) En primer término, cabe recordar que para el tratamiento del caso se aplicarán los criterios fijados por la Cámara Nacional de Casación Penal en el Acuerdo Plenario N° 13 del 30 de octubre de 2008 –“D.B.”-, cuyo acatamiento es obligatorio por aplicación del Art. 10 de la Ley 24.050.

    La citada doctrina impone que para decidir una excarcelación no basta la consideración de las previsiones de los Arts. 316 y 317 del CPPN referidas a los márgenes de pena establecidos para cada delito, sino que deben valorarse en forma conjunta los parámetros establecidos en el Art. 319 del ordenamiento ritual, a los fines de determinar la existencia de riesgo procesal.

    Es dable reseñar que el riesgo procesal no puede examinarse con márgenes de certeza sino de probabilidad pues, obviamente, lo que aquí se Fecha de firma: 22/05/2017 Alta en sistema: 23/05/2017 Firmado por: J.G.T., Juez de Cámara Firmado por: EDGARDO BELLO, JUEZ DE CAMARA Firmado por: E.I.V., JUEZ DE CAMARA Firmado(ante mi) por: ANTE MI M.V.V., SECRETARIA DE CAMARA #29481203#179413681#20170522122548536 evalúa es la eventualidad fundada de que el cautelado se fugue o entorpezca la investigación.

    A estos fines no sólo deben evaluarse las condiciones personales del imputado ligadas a su situación social domicilio y trabajo estables, edad, existencia de vínculos familiares sino también los otros extremos objetivos que en cada caso contemplen la gravedad del hecho y la valoración provisional de sus características (Arts. 316 y 319 CPPN.), los que deben ser apreciados en su conjunto.

  3. ) Cabe contemplar que se ha calificado provisoriamente la conducta reprochada a A.M., en el tipo penal del art. 5 inc. c) de la Ley 23.737, agravado por el art. 11 inc. c) de la misma normativa, por la que ha sido procesada (fs. 1543/1544 y 1772/1786 de los autos principales).

    Respecto de la situación de libertad, el a quo se remitió al primer incidente excarcelatorio por el que se rechazó el pedido del beneficio en trato (fs.

    1784 vta. /1785 expte. principal).

    Mediante la misma resolución del 13/04/2016, por la que se denegó la excarcelación (no apelada por la defensa), se le otorgó a la encartada el beneficio de detención domiciliaria, confirmada por Acuerdo del 16/08/2016 de esta Alzada.

    Posteriormente se rechazó el nuevo pedido de excarcelación, aquí cuestionado (fs. 15 y vta. del presente incidente).

    Analizada la cuestión conforme a lo expuesto en los puntos precedentes, y atendiendo a las previsiones de los artículos 316, 317 y 319 del C.P.P.N. corresponde señalar que, de acuerdo a la calificación legal expuesta a la cual corresponderse atenerse (Art. 318 in fine C.P.P.N.) a la imputada le podría corresponder, en su caso, un máximo superior a los ocho (8) años de pena privativa de la libertad.

    Tampoco podría aplicársele, de corresponder, condena de ejecución condicional dado la pena prevista para el delito imputado.

    Fecha de firma: 22/05/2017 Alta en sistema: 23/05/2017 Firmado por: J.G.T., Juez de Cámara Firmado por: EDGARDO BELLO, JUEZ DE CAMARA Firmado por: E.I.V., JUEZ DE CAMARA Firmado(ante mi) por: ANTE MI M.V.V., SECRETARIA DE CAMARA #29481203#179413681#20170522122548536 5 Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE ROSARIO – SALA B Por lo cual, la excarcelación de A.M., de acuerdo a lo previsto por los artículos 316 y 317 del código de rito no resultaría por ello, en principio, tampoco procedente.

    Ante esta fuerte presunción de riesgo procesal cabe analizar el caso a la luz de lo dispuesto por el artículo 319 del C.P.P.N. para determinar, conforme el plenario citado si resulta desvirtuada.

    En tal sentido, debe tenerse en cuenta que la provisional valoración de las características del hecho atribuido al nombrada indica que se trata de la...

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