Incidente Nº 30 - IMPUTADO: PEÑALOZA, JOSÉ RAMÓN s/INCIDENTE DE EXCARCELACION

• Número de expediente: FMZ 039843/2019/30/CA020
• Fecha: 16 Junio 2020
• Número de registro: 260440849

Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - SALA A

FMZ 39843/2019/30/CA20

Mendoza, junio de 2020.

VISTOS:

Los presentes autos FMZ 39.843/2019/30/CA20 caratulados

INCIDENTE DE EXCARCELACIÓN DE P.J.R.

POR INF. LEY 22.415

, venidos a esta S. provenientes del Juzgado

Federal Nro. 1 de Mendoza –S.. Penal Nro. “C”, en virtud del recurso de

apelación interpuesto por parte de la asistencia técnica del imputado P.

(ver fs. sub. 14/18 vta.), contra el rechazo de la excarcelación y prisión

domiciliaria oportunamente solicitadas (ver decisorio de fs. sub. 10/13)

Y CONSIDERANDO:

I.L. a conocimiento de esta Alzada la presente incidencia, a

partir de la actividad recursiva impetrada por parte de la defensa del encartado

P.–.. G.W.N. y M.E.S.,

contra el resolutorio mediante el cual no se hizo lugar a la excarcelación y

prisión domiciliaria articuladas en su favor.

Con tal piso, vale destacar que, si bien en estos actuados se

encuentran acumuladas dos peticiones diferentes –excarcelación y prisión

domiciliaria, FMZ 39843/2019/30 y FMZ 39843/2019/31, respectivamente,

de lo actuado se desprende que lo que se solicita es la revisión de la situación

de detención que actualmente transita el interno en trato, a la luz de la nueva

normativa procesal (Código Procesal Penal Federal).

Además, la única arista que podría dar lugar al trámite de la prisión

domiciliaria –conforme arts. 10 del Código Penal y 32 de la Ley 24.660, sería

la enfermedad respiratoria que padecería el nombrado; circunstancia que no ha

sido debidamente acreditada –sin perjuicio de lo informado por la parte

recurrente en el escrito de inicio (ver fs. 3), por lo que nos ceñiremos a

analizar la morigeración de la prisión preventiva.

2. Además, cabe señalar que las partes intervinientes fueron

   debidamente notificadas de la Resolución Nro. 14.189 de esta Alzada, la cual

   Fecha de firma: 16/06/2020

   Alta en sistema: 17/06/2020

   Firmado por: G.E.C. DE DIOS, JUEZ DE CÁMARA

   Firmado por: J.I.P.C., Juez de Cámara Firmado por: M.A.P., JUEZ DE CAMARA

   Firmado(ante mi) por: NAHUEL A.B., S.retario Federal #34777829#260440849#20200617115515649

   fuera dictada debido a la pandemia provocada por el virus COVID19, y que

   tuvo como objeto la suspensión de las audiencias orales, disponiéndose en su

   lugar la elevación de los correspondientes mediante apuntes sustitutivos.

   En dicha oportunidad, los precitados letrados centraron su agravio,

   en lo medular, en la orfandad probatoria que adolece la imputación dirigida a

   su asistido, sus condiciones personales –en particular el arraigo familiar y

   carencia de antecedentes penales, y la ausencia de riesgos procesales

   vinculados a este último (ver presentación de fs. sub. 24/28 según constancia

   de Lex 100).

   Por su parte, el Sr. F. General Dr. D.M.V., entendió

   que no debía hacerse lugar al remedio procesal interpuesto, en razón a los

   fundamentos que, por honor a la brevedad, se dan aquí por íntegramente

   reproducidos (ver dictamen de fs. sub. 29/30 según constancia e Lex 100).

3. En primer lugar, este Tribunal estima necesario realizar

   algunas consideraciones relacionadas con los institutos de la prisión

   domiciliaria y de las medidas alternativas de coerción; toda vez que fueron

   dispuestos por diferentes normas legales, destinados a atender distintas

   situaciones procesales, se rigen por diferentes trámites procedimentales y

   requieren de la comprobación de distintos requisitos para evaluar su

   procedencia.

   El primero de ellos se circunscribe a la Ley 24.660 de Ejecución de

   la Pena Privativa de la libertad, ley que se encuentra compuesta por

   disposiciones de fondo y de forma, siendo aplicable tanto a las personas que

   están condenadas, como aquellas cuya detención es la consecuencia del

   dictado de una prisión preventiva, en tanto el segundo de ellos, tiene su origen

   y se corresponde a la modificación introducida por la Comisión Bicameral de

   Monitoreo e Implementación del Nuevo Código Procesal Penal Federal al

   introducir los artículos 19, 21, 22, 31, 34, 54, 80, 81, 210, 221 y 222 de dicho

   código y, en consecuencia, en una interpretación armónica con el C.P.P.N.,

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   Alta en sistema: 17/06/2020

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   comprende únicamente a las personas detenidas en el marco de un proceso o

   investigación por delitos cuya escala penal no supere en el máximo y en el

   mínimo los límites impuestos en los arts. 316 y 317 del C.P.P.N.

   Es dable resaltar que la prisión domiciliaria es dispuesta por el juez

   de ejecución o el competente a cuyo cargo se encuentre el detenido, a pedido

   de parte y dentro de sus facultades discrecionales, será procedente siempre que

   concurra alguno de los supuestos contemplados en el art. 32 de la Ley 24.660,

   en los incisos de enunciación taxativa que van desde el a) al f), tramita por vía

   incidental y se rige por sus propias disposiciones procesales y procedimentales

   dispuestas en los art. 33 y 34 de la misma norma.

   En tanto que, el arresto domiciliario se desenvuelve en el marco de

   una investigación por delitos cuya escala penal, pone en juego la libertad de la

   persona imputada (arts. 316 y 317C.P.P.N.), es dispuesta por el Juez a pedido

   del F. o querellante quienes, conforme lo establece el art. 210 del nuevo

   C.P.P.F., disponen de un abanico de medidas morigeradas de coerción para

   asegurar la comparecencia del imputado o evitar el entorpecimiento de la

   investigación. La exposición o numeración de estas medidas progresivas

   dispuestas en los incisos que van desde el a), hasta el j), fijan en última

   instancia aquella que implica el arresto domiciliario, siempre y cuando las

   restantes no fueran suficientes. Será procedente luego de un examen

   exhaustivo de los indicadores de riesgo procesal establecidos en los arts. 221 y

   222 del C.P.P.F. y en un juego armónico con el art. 319 del C.P.P.N., tramita

   por la vía incidental y se rige por las disposiciones procedimentales vigentes

   de ambos digestos procesales adjetivos.

   Tal es la diferencia entre ambos institutos, ya que su concesión

   también es regulada y controlada por órganos específicos, en el caso de la

   prisión domiciliaria, el art. 33 de la ley 24.660, dispone que será supervisada

   en su ejecución por el Patronato de Liberados o un servicio social calificado,

   de no existir aquél. En ningún caso, la persona estará a cargo de organismos

   Fecha de firma: 16/06/2020

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   policiales o de seguridad y en su implementación se exigirá un dispositivo

   electrónico de control, el cual sólo podrá ser dispensado por decisión judicial,

   previo informe favorable de los órganos de control y del equipo

   interdisciplinario del juzgado de ejecución.

   Por el contrario, el arresto domiciliario puede ser cumplimentado

   sin vigilancia o con aquella que el juez disponga, el control sobre su

   cumplimiento estará a cargo de la Oficina de Medidas Alternativas y

   Sustitutivas (cuya creación se encuentra aún pendiente). Es decir, debido al

   carácter enunciativo de las medidas de morigeración, el Juez tiene la potestad

   de aplicarlas de forma individual o combinada, en un marco de apreciación

   amplio y flexible.

   De lo dicho se tiene que, luego de la modificación introducida por la

   Comisión Bicameral, en la práctica procesal los pedidos de prisión

   domiciliaria tramitan mediante los incidentes de prisión domiciliaria, en tanto

   que los pedidos de libertad provisional en...