Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala C, 11 de Octubre de 2023, expediente COM 022980/2021/3/CA007

Fecha de Resolución11 de Octubre de 2023
EmisorCamara Comercial - Sala C

Poder Judicial de la Nación CAMARA COMERCIAL - SALA C

MAGNASCO, M.E. c/ INVERBOL S.A. DE

FINANZAS s/ORDINARIO s/ INCIDENTE DE MEDIDA

CAUTELAR DE VACCA, CECILIA MARIA

Expediente N° 22980/2021/3/CA7

Buenos Aires, 11 de octubre de 2023.

Y VISTOS:

1. Viene apelada por la parte actora la resolución que rechazó su pretensión de que el coadministrador judicial designado en autos llevara a cabo ciertas diligencias tendientes a obtener información y a iniciar acciones judiciales contra los demandados.

Los antecedentes recursivos obran individualizados en la nota de elevación.

Dada la forma en que se decidirá, el traslado del memorial de agravios que solicita la parte demandada no ha de ser conferido 2. La actora pretendió que el referido coadministrador dedujera acción contra La Planchita SA y a sus administradores a fin de obtener el cobro de los fondos necesarios para cumplir con las obligaciones fiscales asumidas y con la elaboración de los estados contables de Inverbol SA.

Alegó que su parte ya agotó infructuosamente todas las instancias necesarias para obtener el cumplimiento de esas obligaciones y que ello derivó en la actual intervención del ente.

Se queja, por ende, que deba ser su parte quien acuda a las vías legales y a las herramientas que la sociedad dispone para obtener aquello que, según entiende, será labor del referido auxiliar de justicia.

Fecha de firma: 11/10/2023 3. El recurso no ha de prosperar.

Alta en sistema: 12/10/2023

Firmado por: J.V., JUEZ DE CAMARA

Firmado por: E.R.M., VOCAL

Firmado por: R.F.B., SECRETARIO DE CÁMARA

Como es sabido, la “intervención” de una compañía es en nuestro derecho una medida cautelar por definición provisoria y conservatoria y esto explica que ningún interventor tenga, en principio,

y salvo autorización expresa conferida por el juez, facultades para alterar el status quo (art. 226 inc. 3° del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

Se trata, además, de una medida que puede tener los más diversos contenidos, pues ese contenido no es unívoco, sino que depende de cuál sea la misión que el juez encomiende al interventor,

según conclusión que surge del texto expreso del art. 225 inc 3° del mismo código, en cuanto establece que “...La providencia que designe al interventor determinará la misión que debe cumplir...” (sic).

Tal conclusión se ratifica, por lo demás, en el art. 115 LGS,

del que resulta que, cuando esa intervención recae sobre el órgano de administración de una sociedad, el mismo magistrado es quien establece “...la misión que [los interventores] deberán cumplir y las atribuciones que les asigne de acuerdo con sus funciones, sin poder ser mayores que las otorgadas a los administradores por esta ley o el contrato social...”.

De esto se deriva que un interventor no tiene siempre las mismas atribuciones que el administrador orgánico, sino que solo tiene las que el juez le haya asignado, lo cual es relevante en el caso porque,

si bien el apelante tiene a su cargo el control de las obligaciones legales y fiscales a cargo de la sociedad, es un coadministrador al que dudosamente le corresponda terciar en el debate...

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