Sentencia de CAMARA FEDERAL DE CORRIENTES, 16 de Agosto de 2023, expediente FCT 001861/2022/3/CA004

Fecha de Resolución16 de Agosto de 2023
EmisorCAMARA FEDERAL DE CORRIENTES

Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE CORRIENTES

FCT 1861/2022/3/CA4

Corrientes, dieciséis de agosto de dos mil veintitrés.

Vistos: los autos caratulados “Incidente de excarcelación en autos: Di

Carlo, J.Á. p/ infracción ley 23.737 (art. 5 inc. c)” Expte. N° FCT

1861/2022/3/CA4 del registro de este Tribunal, provenientes del Juzgado

Federal N° 1 de Corrientes;

Y considerando:

  1. Que ingresan estos obrados a la Alzada, en virtud del recurso de

    apelación interpuesto por la Defensa Oficial en representación del imputado

    J.Á.D.C., contra la resolución N° 460 de fecha 18 de abril del

    2023, mediante la cual el juez a quo resolvió no hacer lugar a los pedidos de

    excarcelación y arresto domiciliario en subsidio solicitados en favor del

    nombrado.

    Para así decidir, el juzgador sostuvo que si bien D.C. contaría con

    arraigo domiciliario en calle Zárate N° 3045, donde viviría con su concubina

    M.E. y sus dos hijos menores, lo cierto es que, al momento de

    realizarse el allanamiento y posterior detención del nombrado, aquél se

    encontraba en el domicilio de mención cumpliendo arresto domiciliario en el

    marco del Expte. N° 2998/2020.

    Asimismo, tuvo en cuenta el delito atribuido al imputado (tenencia de

    estupefacientes con fines de comercialización), la pena prevista para el mismo,

    las previsiones del art. 316 del CPPN y la cantidad de sustancia hallada en su

    domicilio al momento de efectuarse el allanamiento (908 g. de marihuana).

    Por otro lado, tomó en consideración los antecedentes penales con los

    que cuenta D.C.(.condena por robo calificado y procesamiento por

    infracción a la ley 23.737) y la anterior excarcelación con la que aquél habría

    contado, alegando que ello es una pauta objetiva para fundar la denegatoria del

    pedido efectuado.

    A su turno, dijo que conforme su experiencia y el material probatorio

    reunido, el imputado podría ser el engranaje de una organización dedicada a la

    Fecha de firma: 16/08/2023

    Firmado por: M.G.S., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: R.L.G., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: N.A.M., SECRETARIA DE CAMARA

    comercialización de estupefacientes, por lo que no existen razones para

    suponer que, de recuperar su libertad, D.C. no intente ocultarse o retomar

    relaciones con sus socios en el delito para continuar con las actividades ilícitas

    que se le atribuyen.

    Finalmente, relevó que por resolución de fecha 07/06/2022, el Tribunal

    Oral en lo Criminal Federal de Corrientes resolvió revocar una anterior prisión

    domiciliaria que venía cumpliendo el imputado, disponiendo su traslado a una

    unidad penitenciaria federal y concluyó que las mismas razones por las cuales

    considera improcedente el pedido excarcelatorio, aplican a la denegatoria del

    pedido de arresto domiciliario y demás medidas morigeradas previstas en el

    art. 210 del CPPF, siendo la prisión preventiva la única idónea para neutralizar

    el peligro expuesto.

  2. Ante ello, la recurrente planteó la ausencia de riesgos procesales

    concretos, alegando que la resolución puesta en crisis se basa exclusivamente

    en el monto de la pena del delito atribuido, la escala penal aplicable y la

    presunta existencia de una organización criminal, desconociendo los

    principios de razón suficiente, razonabilidad y el requisito de motivación (art.

    123 CPPN).

    En ese sentido, dijo que su asistido fue detenido como consecuencia de

    un allanamiento en condiciones de violencia institucional, producto de lo cual

    se halló una escasa cantidad de droga (908 g.), no obstante afirmar

    dogmáticamente el juez que se trata de una organización criminal en la que Di

    Carlo sería un engranaje.

    Agregó que, afirmar que de recuperar su libertad, su asistido regresaría

    a su domicilio para continuar con la actividad ilícita, vulnera el principio de

    inocencia, se asienta en la idea del derecho penal de autor y no se compadece

    con las Reglas de Mallorca en cuando al carácter de última ratio de la prisión

    preventiva.

    Fecha de firma: 16/08/2023

    Firmado por: M.G.S., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: R.L.G., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: N.A.M., SECRETARIA DE CAMARA

    Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE CORRIENTES

    FCT 1861/2022/3/CA4

    Finalmente, dijo que resulta inconciliable afirmar la existencia del

    riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación, en tanto el imputado

    debería hacerse presente para entorpecer la causa.

    Luego, planteó la errónea aplicación de las normas implementadas,

    circunscribiéndose esencialmente al art. 222 del CPPF, en cuanto refiere a la

    existencia de indicios que justifiquen la grave sospecha. Sobre ello, dijo que

    no hay ningún hecho conocido y comprobado en la causa que permita deducir

    la posibilidad de entorpecimiento de la investigación y que ello coloca al auto

    impugnado en el plano de la arbitrariedad.

    A su turno, se agravió por la ausencia de fundamentación sobre las

    demás medidas de morigeración previstas en el art. 210 del CPPF, resaltando

    que el a quo, para denegar el arresto domiciliario, remitió a los argumentos

    dados para rechazar la excarcelación, confundiendo así ambos institutos.

    Por último, señaló como agraviante que no se haya fijado un plazo de

    duración de la prisión preventiva, conforme lo estipulado en el art. 220 inc. c

    del CPPF. Sobre ello, dijo que, pese a no estar tal artículo vigente, si lo está el

    art. 210 del mismo cuerpo legal, que coloca en cabeza del Ministerio Público

    Fiscal la legitimidad para solicitar medidas de coerción, siendo lógico que

    dicha solicitud esté acompañada de un plazo de duración de la medida. Citó

    precedentes de esta Alzada relativos a la recomendación de fijación de un

    plazo de prisión preventiva y solicitó la fijación de un plazo de tal medida de

    coerción, teniendo presente el previsto en el art. 207 del CPPF. Hizo reserva

    de la cuestión federal.

  3. Contestada la vista conferida, el Fiscal General subrogante ante

    esta Alzada, manifestó su no adhesión al recurso oportunamente interpuesto

    por la defensa.

    Para ello, tuvo en cuenta que el imputado fue detenido en

    circunstancias de estar cumpliendo arresto domiciliario en el marco de otra

    causa (2998/2020). Asimismo, el delito atribuido, la imposibilidad de

    Fecha de firma: 16/08/2023

    Firmado por: M.G.S., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: R.L.G., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: N.A.M., SECRETARIA DE CAMARA

    condenación condicional, los antecedentes penales con los que cuenta y, en

    general, la existencia de elementos concretos que sustentan la denegatoria de

    la excarcelación ante el peligro procesal de entorpecimiento.

    En igual oportunidad, la Defensora de Menores remitió y ratificó en

    todos sus términos el dictamen emitido en primera instancia, en el

    entendimiento que las circunstancias oportunamente ponderadas, perduran al

    día de la fecha. En consecuencia, dijo que resulta acertado preservar el vínculo

    paternofilial, la vida cotidiana y el sostén económico del grupo familiar,

    resguardando los intereses de los menores, conforme lo reconoce la CDN y la

    Ley de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (ley 26.061).

  4. La audiencia prevista en el art. 454 CPPN, fue celebrada el 08 de

    agosto del 2023, bajo modalidad virtual, mediante el Sistema del Poder

    Judicial de la Nación.

    En primer lugar, la defensa del imputado manifestó el sostenimiento y

    ratificación de los agravios esbozados en el recurso de apelación en trato. Sin

    perjuicio de ello, dijo que su asistido se encuentra detenido desde el

    26/05/2022 en la Unidad Nº 6 “San Cayetano” y que, el procesamiento dictado

    en su contra, fue confirmado por esta Alzada en fecha 10/11/2022. A su vez,

    resaltó que ya se han recabado las pruebas testimoniales y realizadas las

    pericias, por lo que no quedan medidas pendientes de producción, siendo un

    imperativo para los jueces la revisión periódica de la prisión preventiva.

    Manifestó que no se ha dado respuesta al pedido de la defensa,

    aludiéndose únicamente al delito imputado, la grave pena con la que se

    conmina el mismo y la presunta pertenencia de Di Carlo a una organización

    criminal, sin que ello surja de ninguna constancia de la causa y sin que haya,

    siquiera, una investigación en ese sentido.

    Dijo que la afirmación de que el imputado volvería a su domicilio a

    comercializar estupefacientes, atenta el principio de inocencia y se

    corresponde con un derecho penal de autor. Además, refirió a las condiciones

    Fecha de firma: 16/08/2023

    Firmado por: M.G.S., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: R.L.G., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: N.A.M., SECRETARIA DE CAMARA

    Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE CORRIENTES

    FCT 1861/2022/3/CA4

    de violencia institucional en las que fue llevado a cabo el allanamiento

    realizado, alegando que ello fue reconocido por este Tribunal, que ordenó

    remitir copia de la resolución dictada al Ministerio de Seguridad de esta

    Provincia.

    Por su parte, dijo que el imputado cuenta con arraigo domiciliario y

    familiar junto a su pareja e hijos menores y se agravió por cuanto –según

    alegó el a quo, lejos de fundar las razones por las cuales también denegó el

    otorgamiento de las demás medidas previstas en el art. 210 del CPPF, remitió

    sin más a los argumentos de la denegatoria de excarcelación. En consecuencia,

    dijo que la resolución recurrida resulta arbitraria, por cuanto el código

    establece un catálogo gradual y progresivo de medidas, sin que haya habido un

    análisis sobre ellas. Citó jurisprudencia (V.R. y González

    Alexander) en donde –según dijo se resolvió otorgando las medidas

    requeridas por la defensa, solicitando dicho criterio sea aplicado al caso de

    autos.

    Por lo expuesto, solicitó se haga lugar al pedido impetrado o, cuando

    menos, al otorgamiento de alguna de las medidas morigeradas previstas en el

    artículo 210 del CPPF.

    A su turno, la defensora de menores manifestó, en primer lugar, que el

    imputado tiene dos hijos de 2 años y 4 meses y de 1 año y 3 meses. Asimismo,

    informó sobre su intervención en el incidente Nº 1861/2022/1/CA1...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR