Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 27 de Diciembre de 2018, expediente CFP 002275/2012/TO01/3/CFC001

Fecha de Resolución27 de Diciembre de 2018
EmisorCAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4

Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4 CFP 2275/2012/TO1/3/CFC1 REGISTRO NRO. 2207/18.4 la ciudad de Buenos Aires, a los 27 días del mes diciembre del año dos mil dieciocho, se reúne la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal integrada por el doctor M.H.B. como P. y los doctores J.C.G. y G.M.H. como vocales, asistidos por la secretaria actuante, a los efectos de resolver el recurso de casación interpuesto a fs. 12/16 vta. por el representante del Ministerio Público Fiscal en la presente causa CFP 2275/2012/TO1/3/CFC1 del Registro de esta Sala, caratulada: “OLIVERA, A.M. s/recurso de casación”; de la que RESULTA:

  1. Que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 6 de esta ciudad, actuando de manera unipersonal, en la causa 2740 de su registro interno, con fecha 8 de agosto de 2018, resolvió: “

    I- DECLARAR EXTINGUIDA LA ACCIÓN PENAL y en consecuencia SOBRESEER a la imputada A.M.O. en la presente causa, por considerar el Suscripto atípica la conducta enrostrada a la nombrada, según hecho ocurrido el día 29 de febrero de 2012 en el Área de Dirección de Información al Público –

    Legalizaciones- del Ministerio del Interior de la Nación, por el cual fuera requerida la elevación de la causa a juicio en orden al delito de falsificación de documento público, en calidad de partícipe necesario (artículos 334 y siguientes, 339 inciso 2do y 361 del Código Procesal Penal de la Nación).

    II- DEJAR SIN EFECTO las medidas cautelares oportunamente dispuestas respecto de la nombrada.

    III- DESTRUIR por Secretaría el título analítico de estudios secundarios apócrifo secuestrado en autos, de conformidad con lo prescripto por los artículos 23 del Código Penal de la Nación y 522 y concordantes del Código Adjetivo” (cfr. fs. 7/10).

  2. Contra dicha resolución, la representante del Ministerio Público Fiscal, doctora Gabriela B.

    Baigún, interpuso a fs. 12/16 vta. recurso de casación, Fecha de firma: 27/12/2018 Alta en sistema: 28/12/2018 Firmado por: M.H.B., JUEZ DE CAMARA DE CASACION Firmado por: G.M.H., JUEZ DE CÁMARA DE CASACION 1 Firmado por: J.C.G., JUEZ CAMARA CASACION Firmado por: M.H.B., JUEZ CAMARA CASACION Firmado(ante mi) por: M.J. GUARDO, PROSECRETARIA DE CAMARA #32351326#225077559#20181228094234773 Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4 CFP 2275/2012/TO1/3/CFC1 el que fue concedido a fs. 17/18 vta. y mantenido en esta instancia a fs. 22.

  3. El recurrente motivó el recurso por la vía de lo dispuesto en los incs. 1 y 2 del art. 456 del C.P.P.N., alegando vicios in iudicando y vicios in procedendo en los que habría incurrido el Tribunal al fallar como lo hizo.

    En primer término, alegó que el a quo realizó

    una errónea interpretación de la figura legal en cuestión al considerar que el cotejo de firmas fue suficiente para descubrir la falacia de la pieza en cuestión.

    Luego, indicó que el magistrado actuante omitió

    considerar la posición jurisprudencial sobre el análisis de idoneidad del documento que fue delineada en ocasión de dictaminar sobre el pedido de sobreseimiento.

    Al respecto, argumentó que la norma que se deduce del art. 296 en función del art. 292 del C.P.

    garantiza los contactos sociales que involucran documentos públicos y que no están a su vez asegurados por la disponibilidad de medios aptos para detectar su eventual falsedad, lo que abarca la existencia de un registro de firmas y sellos en una oficina pública en la que constantemente ingresan trámites como el presente caso, razón por la cual es evidente que estará preparada para repelerlos, sin que tal circunstancia pueda implicar, en modo alguno, que la conducta imputada sea menos disvaliosa.

    Agregó que resulta indiscutible que la posibilidad de producir perjuicio debe ser evaluada antes de la materialización del hecho delictivo en sí (ex ante)

    y por su capacidad para inducir a error a una persona común, en el marco de una relación no profesionalizada.

    Afirmó que no puede ser relevante a los efectos de determinar si hay afectación del bien jurídico la manera en que la conducta se efectiviza, pues ello en todo caso, proporcionará los elementos necesarios para acreditar el carácter idóneo o inidóneo del documento en términos materiales.

    En este sentido, dijo que la prueba producida permitirá concluir sobre su aptitud típica, es decir, su aptitud para engañar a una persona común.

    Fecha de firma: 27/12/2018 Alta en sistema: 28/12/2018 Firmado por: M.H.B., JUEZ DE CAMARA DE CASACION Firmado por: G.M.H., JUEZ DE CÁMARA DE CASACION 2 Firmado por: J.C.G., JUEZ CAMARA CASACION Firmado por: M.H.B., JUEZ CAMARA CASACION Firmado(ante mi) por: M.J. GUARDO, PROSECRETARIA DE CAMARA #32351326#225077559#20181228094234773 Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4 CFP 2275/2012/TO1/3/CFC1 Indicó que “…resulta evidente que no nos encontramos ante una falta de tipo, ni tampoco que el plan concebido por el autor se trató de una ‘pura imaginación’, en tanto el carácter del medio utilizado fue suficientemente idóneo como para que incluso un juez tuviera que requerir un peritaje que estableciera definitivamente su falsedad. Sentado ello, debe señalarse que la falta de concreción del proyecto en un efectivo perjuicio no quita relevancia penal a la conducta. Como se indicó en el párrafo anterior, la valoración del peligro debe efectuarse a través de un examen ‘ex ante’

    de su aptitud lesiva y con remisión al objeto de protección de la norma, ya que –obviamente- es éste último el que se afecta” (cfr. fs. 15).

    Señaló que las características externas del título en cuestión no difieren, en términos materiales, de cualquier otro, con excepción –claro está- de las firmas y sellos; que sin perjuicio de los conocimientos específicos de quien recibió el trámite, a éste le resultó necesario realizar medidas para verificar la falsedad del título secundario (el mentado cotejo de firmas, que no es otra cosa que el recurso más efectivo con que cuenta la Administración para repeler los trámites que involucren documentos apócrifos); que fue necesario efectuar un estudio pericial para establecer con certeza su carácter apócrifo, por lo cual se puede concluir que era suficientemente apto para engañar al magistrado que ordenó la producción de tal medida, y a cualquier persona común (art. 253 del C.P.P.N.).

    Adujo que se encuentra acreditada en el caso la afectación del bien jurídico tutelado y que la intervención de la administración pública es relevante únicamente en el sentido de que constituye el momento en el que el derecho penal toma conocimiento de la existencia del documento falso –el título-, y de la voluntad exteriorizada por el autor de hacerlo valer en una relación jurídica determinada –el trámite de legalización-.

    Agregó que la norma no requiere la producción de un perjuicio concreto en el sentido en que lo entendió

    el Tribunal, sino que, para la configuración del delito, Fecha de firma: 27/12/2018 Alta en sistema: 28/12/2018 Firmado por: M.H.B., JUEZ DE CAMARA DE CASACION Firmado por: G.M.H., JUEZ DE CÁMARA DE CASACION 3 Firmado por: J.C.G., JUEZ CAMARA CASACION Firmado por: M.H.B., JUEZ CAMARA CASACION Firmado(ante mi) por: M.J. GUARDO, PROSECRETARIA DE CAMARA #32351326#225077559#20181228094234773 Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4 CFP 2275/2012/TO1/3/CFC1 sólo se requiere que medie una posibilidad cierta de perjuicio respecto de una persona común.

    Así, expresó que no se advierte qué conducta debería llevar adelante el tercero destinario...

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