Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA - SECRETARIA PENAL, 25 de Abril de 2018, expediente FMP 032004714/2006/3/CA002

Fecha de Resolución25 de Abril de 2018
EmisorCAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA - SECRETARIA PENAL

Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA FMP 32004714/2006/3/CA2 del Plata, 25 de abril de 2018.-

Y VISTO:

La presente causa caratulada “INCIDENTE DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL DE S., R.E.;V., A.; R.M.R., M.P.”, expediente N.. FMP 32004714/2006/3 procedente del Juzgado Federal Nº 3, Secretaría Penal Nº 8:

CONSIDERANDO:

EL DR. J.F. DIJO:

Que arriba el presente incidente a esta Alzada, en virtud de los recursos de apelación interpuestos a fs. 54/59, por el Dr. J.P.P. en su carácter de abogado defensor de R.S. y A.

V. y por la Dra. R.M. en su carácter de defensora de M.P.R.M., ambos contra el resolutorio de fs. 49/53vta., mediante el cual no se hace lugar a la solicitud de cambio de calificación y a la excepción de extinción de la acción penal por prescripción solicitada por el Dr. P., como así tampoco a la excepción de extinción impetrada por la Dra. M..

En primer término se agravia la defensa de S. y

V. por cuanto entiende que es erróneo considerar que no existe prueba que permita un cambio de calificación legal, al entender que en el proceso se incorporan nuevos elementos probatorios que permiten el cambio de calificación, luego de lo resuelto por la Cámara de Casación Penal. Dice que el rechazo del cambio de calificación es sin argumentos, sosteniendo que si el a quo hubiera analizado la prueba que demostró que la Sra. P.R.M. nada tiene que ver en los hechos investigados, hubiera hecho lugar al cambio de calificación legal y dictado el sobreseimiento por extinción de la acción penal.

Fundamenta su postura y concluye que la figura legal que correspondería aplicar sería la del art.

864 inc. d) del Código Aduanero y de ninguna forma podría configurar la figura agravada del art.

865 inc. a) y b) de aquél, por cuanto no existe prueba que sitúe a la agente aduanera R.M. ni acredite su participación en los hechos que, en la hipótesis fiscal, configurarían la maniobra de sustitución de mercadería sujeta a control aduanero.

Como consecuencia de esa nueva calificación legal, solicita el sobreseimiento de sus defendidos conforme el art. 336 inc. 1º del CPPN, porque considera que la acción penal está prescripta por el transcurso del tiempo.

Luego le causa agravio que el a quo concluyera que por ser la Sra. R.M.

funcionaria pública existe suspensión del plazo de prescripción. Considera que no ha influido Fecha de firma: 25/04/2018 Alta en sistema: 26/04/2018 Firmado por: J.F. , JUEZ DE CAMARA Firmado por: A.O.T., JUEZ DE CAMARA Firmado por: E.P.J., JUEZ DE CAMARA Firmado(ante mi) por: R.O.J., #29933975#199519679#20180426103126085 políticamente y que si no es influyente, aunque no esté en el cargo, el efecto del 67 párr. 2º y que mucho menos están comprendidos sus defendidos en tal situación, lo que no justifica la suspensión del instituto de la prescripción. Aduna que extender los efectos de la suspensión de la acción penal a S. y V., por otro lado colisiona con el principio de que la acción penal es personal, agregado por la Ley nº 25.990 (B.O. 11/01/05) y que todos los ciudadanos tienen derecho a un pronunciamiento judicial en un plazo razonable. Mantiene reserva del caso federal.

A su turno, la defensa de M.P.R.M. se agravia de la vigencia de la potestad del Estado para continuar persiguiendo a su defendida luego de que pasaran más de 12 años de la iniciación de las presentes actuaciones, sosteniendo que los argumentos dados por el a quo ─que no hay parámetros estáticos para hablar de razonabilidad en la extensión de la tramitación de las actuaciones y que su defendida reviste el carácter de funcionaria pública─, revelan una motivación aparente insuficiente para desestimar la entidad del reclamo cursado.

Dice que los fundamentos esgrimidos por el a quo rozan la arbitrariedad e insuficiencia, que se vulneran garantías constitucionales como el debido proceso legal (art. 10 DUDH, art. 26 DADyDH, art. 8.1 CADH y art. 14.1 PIDCyP) y de mano de aquél el derecho a ser juzgado en un plazo razonable (art. 9 inc. 3 y 14 inc. 3 PIDCyP y 25 DADyDH), que implica que aún si pese al tiempo transcurrido la acción penal no se encuentra prescripta, rige la obligatoriedad de cumplimiento de un plazo razonable para la sustanciación de los procesos penales.

Asimismo, se agravia por cuanto que el hecho de que su defendida es funcionaria pública contribuye a legitimar la pretendida corrección de lo decidido, pues no es coincidente con la finalidad que tuvo en miras el legislador a la hora de incluir ésta circunstancia en la redacción del art. 67 del C.P., y que se ha buscado despejar el riesgo de una posible influencia del funcionario público en el desarrollo de la investigación. Fundamenta su postura.

Mantiene reserva del caso federal.

Recibidas las actuaciones en esta Alzada a fs. 66/71vta., se presenta el Dr.

P. y funda el recurso impetrado, haciendo lo propio la Dra. M. según constancias de fs.

73/81vta., sustituyendo de tal manera la comparecencia a la audiencia fijada en los términos del art. 454 del C.P.P.N.

A fs. 83/84 luce agregado el escrito presentado por el Sr. Fiscal General respondiendo los agravios expresados por las defensas, solicitando se confirme la resolución apelada, dejando expresa reserva de acudir en casación y del caso federal.

Fecha de firma: 25/04/2018 Alta en sistema: 26/04/2018 Firmado...

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