Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de San Martín - CAMARA FEDERAL DE SAN MARTIN - SALA I - SECRETARIA CIVIL 1, 1 de Febrero de 2023, expediente FSM 069271/2022/3/CA001

Fecha de Resolución 1 de Febrero de 2023
EmisorCAMARA FEDERAL DE SAN MARTIN - SALA I - SECRETARIA CIVIL 1

Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE SAN MARTIN - SALA I

Causa N° FSM 69271/2022/3/CA1, “Incidente Nº 3 - ACTOR: TRENCH, RENE OSCAR (EN

REP DE SU ESP. M.R.M.

DEMANDADO: INSSJP - PAMI s/INC

APELACION” – Juzgado Federal de Campana,

Secretaria Civil Nº 1- CFASM, SALA I, SEC.

CIVIL N° I – INTERLOCUTORIO

Martín, 1 de febrero de 2023.

Y VISTOS: CONSIDERANDO:

  1. Vienen estos autos a conocimiento del Tribunal, en virtud del recurso de apelación interpuesto por la demandada contra la resolución del 03/01/2023, en la cual el Sr. juez “a-quo” hizo lugar a la medida cautelar solicitada por el Sr. R.O.T. y, en consecuencia, ordenó al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJyP) que otorgara, a favor de la Sra.

    M.R.M., la cobertura integral de la medicación Pirfenidona (200 Mg.), hasta tanto se dictara sentencia u operaran cambios en la dinámica de su patología que, según certificado médico, ameritaran un giro en el tratamiento.

  2. La recurrente se agravió, considerando que el “iudex a-quo”, al basar el dictado de la medida cautelar sólo en el relato de la actora y la documentación por ella adjuntada, denotaba cierta parcialidad, atento a que in audita parte, se conminaba al Instituto a que cumpliera un imperativo procesal sin brindarle la posibilidad de ser escuchado.

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    Fecha de firma: 01/02/2023

    Alta en sistema: 02/02/2023

    Firmado por: J.P.S., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: M.D.F., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: MARCOS MORAN, JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: P.A.M., PROSECRETARIA DE CAMARA

    Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE SAN MARTIN - SALA I

    Causa N° FSM 69271/2022/3/CA1, “Incidente Nº 3 - ACTOR: TRENCH, RENE OSCAR (EN

    REP DE SU ESP. M.R.M.

    DEMANDADO: INSSJP - PAMI s/INC

    APELACION” – Juzgado Federal de Campana,

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    CIVIL N° I – INTERLOCUTORIO

    Expuso que, de confirmarse la medida cautelar dispuesta, su instituyente se encontraría cumpliendo una sentencia definitiva, ya que la cuestión de fondo estaría en un todo resuelta, no dando lugar así a la obra social a defensa alguna.

    Puso de relieve que la innovativa era una medida precautoria excepcional la cual alteraba el estado de hecho o de derecho existente al tiempo de su dictado, habida cuenta de que configuraba un anticipo de jurisdicción favorable respecto de fallo final de la causa lo que justificaba una mayor prudencia en la apreciación de los recaudos que hacían a su dictado.

    Refirió que su mandante no había incumplido con las prestaciones de salud a las que se encontraba obligado a brindar, sino que le había informado en todo momento a la afiliada, cuál era la imposibilidad médica para la entrega de la medicación reclamada,

    conforme lo señalado por el Área de Medicamento de Nivel Central, razón por la cual, se le había querido la elección de otras opciones, la cual la actora nunca realizó.

    Asimismo, arguyó que el INSSJyP no había incurrido en arbitrariedad manifiesta, ni producido daño alguno o puesto en riesgo la salud de la 2

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    beneficiaria, de modo que no sólo correspondía revocar la resolución apelada sino también rechazar la acción de amparo, por no advertirse conductas ilegales, actos u omisiones ilegítimos.

    Postuló que no se había configurado el presupuesto del peligro en la demora, ya que su representada, por motivos justificados, le solicitó a la afiliada la elección de otras opciones, lo cual no había accedido a efectuar.

    Afirmó que, de las constancias de autos, no se desprendían elementos de juicio suficientes para demostrar las razones que justificara la medida cautelar aquí cuestionada, quedando demostrado que el pronunciamiento en crisis resultaba arbitrario, debido a que sólo había considerado lo narrado por la actora,

    produciendo al Instituto un serio perjuicio patrimonial.

    Por último, citó jurisprudencia e hizo reserva del caso federal.

  3. Ante todo, cabe señalar que no es obligación examinar todos y cada uno de los argumentos propuestos a consideración de la Alzada, sino sólo aquéllos que sean conducentes para fundar sus conclusiones y resulten decisivos para la solución del 3

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    CIVIL N° I – INTERLOCUTORIO

    caso (Fallos: 310:1835, 311:1191, 320:2289, entre otros; este Tribunal, sala II, causa 1077/2013/CA3,

    Rta. el 23/08/2016).

  4. Ello aclarado, es menester recordar que la acción de amparo, regulada en el Art. 43 de la Constitución Nacional y en la ley 16.986, constituye un remedio de excepción, cuya utilización está

    reservada a aquellos casos en que la carencia de otras vías legales aptas para resolverlas pudiera afectar los derechos constitucionales. Máxime, que su apertura requiere circunstancias de muy definida singularidad,

    caracterizadas por la existencia de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta y la demostración de que el daño concreto y grave, ocasionado, sólo puede ser reparado acudiendo a la acción urgente y expedita del amparo (Fallos: 301:1061; 306:1253; 307:2271, entre otros).

    En tales casos, corresponde que lo jueces restablezcan de inmediato el derecho restringido, sin remitir el estudio del asunto a los procedimientos administrativos y ordinarios.

    Ello así, en atención a las particularidades de la pretensión esgrimida en la presente, que gira en torno a la entrega de un fármaco que una persona -con discapacidad- requiere para la debida atención de sus 4

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    CIVIL N° I – INTERLOCUTORIO

    patologías, no surge en forma palmaria –por lo menos en esta etapa inicial de la causa- que resulte improcedente la vía elegida en los términos del Art.

    43 de la Constitución Nacional. En consecuencia,

    corresponde rechazar los agravios vertidos en este sentido.

  5. Ahora bien, es dable recordar que es principio general que la finalidad del proceso cautelar, consiste en asegurar la eficacia práctica de la sentencia que debe recaer en una causa; la fundabilidad de la pretensión que configura su objeto,

    no depende de un conocimiento exhaustivo y profundo de la materia controvertida en el juicio principal, sino de un análisis de mera probabilidad acerca de la existencia del derecho discutido. De tal manera que el magistrado se pronuncie sin tener que efectuar un análisis pormenorizado de todas y cada una de las circunstancias que rodean a la relación jurídica. De lo contrario, si estuviese obligado a extenderse en consideraciones al respecto, peligraría la obligación de no prejuzgar que pesa sobre él, es decir, de no emitir opinión o decisión anticipada a favor de cualquiera de las partes (Fallos: 306:2062 y 314:711;

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    CIVIL N° I – INTERLOCUTORIO

    esta Sala, causas 35897/2016/1 y 18958/2016/1, R..

    el 20/10/2016, entre otras).

    El deslinde entre tales perspectivas de estudio debe ser celosamente guardado, pues de él depende la supervivencia misma de las vías de cautela.

    Ello requiere un ejercicio puntual de la prudencia a fin de evitar la fractura de los límites que separan una investigación de otra.

    Para la procedencia genérica de las medidas precautorias son presupuestos de rigor, la verosimilitud del derecho invocado -“fumus bonis iuris”- y el peligro de un daño irreparable -“periculum in mora”-, ambos previstos en el Art. 230

    del ritual, a los que debe unirse un tercero,

    establecido, de modo genérico, para toda clase de medidas cautelares en el Art. 199 del mencionado Código (esta Sala causas 35897/2016/1, 18958/2016/1 y 62683/2016/1 ya Cit., entre otras). Estos recaudos se hallan de tal modo relacionados que, a mayor verosimilitud del derecho cabe no ser tan exigentes en la gravedad e inminencia del daño y viceversa, cuando existe el riesgo de un daño de extrema gravedad e irreparable, el rigor acerca del “fumus” se puede atenuar.

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