Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 24 de Octubre de 2022, expediente FCB 008982/2021/25/CA012

Fecha de Resolución24 de Octubre de 2022
EmisorCAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL

Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B

FCB 8982/2021/25/CA12

doba, 24 de octubre de 2022.

Y VISTOS:

Estos autos caratulados “Incidente de prisión domiciliaria en autos C., C.R. s/ infracción ley 23.737” Expte. FCB 8982/2021/25/CA12 venidos a conocimiento de esta Sala B en virtud del recurso de apelación interpuesto con fecha 16.6.2022 por la Defensora Público Coadyuvante, doctora E.P.M., en representación de la hija menor del imputado C.R.C., en contra de la resolución dictada con fecha 13.6.2022 por el Juez Federal N° 2 de Córdoba en cuanto dispuso: “

  1. NO HACER LUGAR AL BENEFICIO DE PRISIÓN

    DOMICILIRIA, solicitado a favor de C.R.C.

    (cfme. art. 10 inc. “f” del C.P y 32 inc. “f” de la Ley 24.660 –texto según ley 26.472- -a contrario sensu-, y art.

    210, inc. K, 221 y 222 del C.P.P.FLey 27.063 con la actualización de la Ley 27.482-…”.

    Y CONSIDERANDO:

  2. Se presenta ante esta Alzada el recurso de apelación deducido por la Defensora Público Coadyuvante,

    como Defensora Pública de Menores e Incapaces, en contra de la resolución dictada con fecha 13.6.2022 por el Juez Federal N° 2 de Córdoba, en la que se dispuso no hacer lugar al beneficio de prisión domiciliaria solicitado a favor de C.R.C. (fs. 40/43).

  3. Mediante la resolución citada, el señor J. sostuvo que conforme surge del informe socio-ambiental obrante en autos, la menor I.F.C. de 2 años de edad se encuentra a cargo de su madre, M.A.Q., en buen estado de salud y bienestar psicofísico y que el hijo de la concubina de C., R.C.W. de 6 años de edad se encuentra a cargo de su progenitor.

    Fecha de firma: 24/10/2022

    Firmado por: A.G.S. TORRES, JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: L.N., JUEZA DE CÁMARA

    Firmado por: G.M., JUEZ DE CÁMARA

    Firmado(ante mi) por: C.L.A., Secretaria de Cámara #36576088#336733071#20221024115631348

    En segundo lugar, evaluó lo solicitado como una posible medida alternativa de coerción de las previstas en el art. 210 del CPPF, concluyendo, que la escala penal, la naturaleza del bien jurídico lesionado y la gravedad del hecho por el cual el imputado se encuentra detenido, no harían aconsejable la concesión del beneficio.

    A ello agregó que la causa se encuentra en plena instrucción y restan medidas de prueba pendientes de realización, las que podrían ser entorpecidas por el nombrado, en caso de obtener el beneficio peticionado.

    Finalmente, y a los fines de que el imputado C. contribuya con el sustento económico de su familia,

    dispuso en función de los arts. 11, 106 concordantes y correlativos de la ley 24.660, que se le provea trabajo en el establecimiento penitenciario y que se lo autorice a disponer parte de ese producto para destinarlo a las necesidades de la menor y de su madre.

  4. En contra de dicha resolución, la Defensora Pública de Menores e Incapaces, interpuso recurso de apelación, argumentando que el decisorio impugnado adolece de defectos importantes, conteniendo vicio en la motivación, vulnerando lo establecido en el art. 123 del CPPN.

  5. Ante esta Alzada, presentó informe escrito en los términos del art. 454 del CPPN, expresando los fundamentos del recurso de apelación oportunamente interpuesto.

    Sostuvo que el J. realiza una errónea y arbitraria valoración al momento de resolver, dejando de lado el dictamen favorable de esta parte con una motivación aparente, convirtiendo al decisorio en un acto nulo.

    Manifestó que la denegación de la pretensión peticionada, fundada en una aplicación automática y ligera Fecha de firma: 24/10/2022

    Firmado por: A.G.S. TORRES, JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: L.N., JUEZA DE CÁMARA

    Firmado por: G.M., JUEZ DE CÁMARA

    Firmado(ante mi) por: C.L.A., Secretaria de Cámara #36576088#336733071#20221024115631348

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    FCB 8982/2021/25/CA12

    de la norma, impediría a los menores que representa, gozar de la protección especial de su interés superior, que prevalece sobre el interés estatal en materializar el encierro de C. en un establecimiento penitenciario.

    Finalmente, señaló que la muestra más cabal del cuadro de vulnerabilidad en el que se encuentra la señora M.A.Q., se ve reflejado en la situación del menor R.C.W, de 6 años de edad, ya que al no contar con recursos económicos, el mismo vive con su padre bilógico.

    Sostiene que esta situación afecta tanto al menor C.W.R.

    como a la menor I.F.C.

    En definitiva, solicitó la revocación de la resolución dictada con fecha 13.6.2022 y se ordene la concesión de la prisión domiciliaria de C.R.C., en virtud de las conculcaciones a los derechos y garantías de los menores C.W.R y I.F.C.

  6. Efectuadas las consideraciones precedentes,

    el Tribunal abordará el recurso de apelación interpuesto,

    de acuerdo al sorteo realizado para determinar el orden de votación de los señores Jueces de Cámara en autos.

    El señor Juez de Cámara, doctor A.G.S.T.,

    dijo:

    Llegan los autos a estudio del suscripto a los fines de resolver el recurso de apelación interpuesto por la Defensora Pública Coadyuvante, como Defensora Pública de Menores e Incapaces en contra de la resolución dictada por el Juez Federal N° 2 de Córdoba con fecha 13.6.2021.

  7. En primer lugar, corresponde analizar si, tal como alega la apelante, el auto impugnado es nulo por falta de debida fundamentación.

    En este punto es preciso señalar que, conforme establece el art. 123 del CPPN “Las sentencias y autos deberán ser motivados, bajo pena de nulidad. Los decretos Fecha de firma: 24/10/2022

    Firmado por: A.G.S. TORRES, JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: L.N., JUEZA DE CÁMARA

    Firmado por: G.M., JUEZ DE CÁMARA

    Firmado(ante mi) por: C.L.A., Secretaria de Cámara #36576088#336733071#20221024115631348

    deberán serlo, bajo la misma sanción, cuando la ley lo disponga”. En este sentido, la regla general en materia de nulidades en el procedimiento penal resulta de lo estipulado por el art. 166 del CPPN, en cuando dispone:

    Los actos procesales serán nulos sólo cuando no se hubiera observado las disposiciones expresamente prescriptas bajo pena de nulidad

    .

    Esta sanción procesal implica una grave decisión toda vez que elimina un acto del proceso por estar viciado de una irregularidad manifiesta e insalvable, razón por la cual, el Código Procesal Penal de la Nación impone un criterio restrictivo de interpretación al respecto.

    En esta tesitura, las nulidades absolutas quedan reservadas exclusivamente a la violación de normas constitucionales, o cuando la ley así lo establezca expresamente, como resulta ser el caso de la exigencia de motivación del art. 123 del CPPN.

    Tal como lo ha señalado la doctrina, “motivar una sentencia significa la obligación de consignar las causas que determinan el decisorio o exponer los argumentos fácticos y jurídicos que sustentan la resolución, esto es,

    las razones que poseen aptitud para legitimar el dispositivo; se trata de una comprobación lógica para controlar a la luz de la razón la bondad de una decisión surgida del sentimiento – lo cual parece excesivo, pues linda más con la íntima convicción requerible al jurado que con la libre convicción impuesta al tribunal (arts.

    241, 263, inc. 4° y 398)-; sin embargo, es acertado decir que consiste en racionalizar el sentido de justicia”.

    (F.J.D.´Albora; Código Procesal Penal de la Nación,

    Anotado, Comentado, Concordado, Editorial Abeledo-Perrot,

    Octava Edición, Buenos Aires, 2009).

    Fecha de firma: 24/10/2022

    Firmado por: A.G.S. TORRES...

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