Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2, 19 de Octubre de 2023, expediente CFP 017616/2018/25/CA009

Fecha de Resolución19 de Octubre de 2023
EmisorCAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2

Poder Judicial de la Nación Sala

  1. CFP 17616/18/25/CA9

    G. F., Á. A. s/prisión domiciliaria

    Juzgado Federal n° 10. Secretaría n° 20.

    Buenos Aires, 19 de octubre de 2023.

    Y VISTOS

    Y CONSIDERANDO:

    Los Dres. M.I. y E.G.F. dijeron:

  2. Que vienen las presentes actuaciones a conocimiento y decisión del Tribunal en virtud del recurso de apelación deducido por el Dr. O.I. contra la resolución del pasado 28 de septiembre por la que no se hizo lugar a la solicitud de prisión domiciliaria impetrada en favor de su asistido, Á. A. G. F.

    (artículos 210 del Código Procesal Penal Federal, 10 del Código Penal, 314 y USO OFICIAL

    concordantes del Código Procesal Penal de la Nación).

    En dicha ocasión y en la reglada por el artículo 454 del ritual, recordó

    que el nombrado se encontraba cumpliendo en arresto domiciliario con pulsera de geo posicionamiento la pena que le fuera impuesta en el marco de otro proceso,

    siendo que en estas actuaciones y no obstante subsistir -y haberse agravado, según señala-, las condiciones socio ambientales que llevaron a aquél proceder, el a quo mantuvo la aplicación de la medida más gravosa de aquéllas previstas por el art. 210

    del C.P.P.F.

    Así, se agravió por considerar que no se valoró correctamente la situación familiar de su representado y que, habiendo emitido el Ministerio Público Fiscal su opinión favorable en torno a la pretensión bajo examen, lo concluido resulta injusto y arbitrario al haberse incurrido en un exceso de rigor ritual.

    Peticionó en definitiva se conceda la medida cautelar morigerada.

  3. El 7 de septiembre del corriente año esta Sala -con integración parcial- resolvió confirmar el auto de procesamiento con prisión preventiva que le Fecha de firma: 19/10/2023

    Alta en sistema: 20/10/2023

    Firmado por: M.I., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: E.G.F., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: R.J.B., JUEZ DE CAMARA

    Firmado(ante mi) por: P.G.L., PROSECRETARIO DE CAMARA

    fuera impuesta por el a quo el 16 de agosto del corriente año como coautor del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, agravado por haberse cometido con la intervención de más de tres personas (artículos 5°, inciso ‘c’ y 11 inciso ‘c’ de la ley 23.737; 306 y 312 del Código Procesal Penal de la Nación) -CFP17616/2018/24/CA8, reg. n° 51.760-.

    En dicha oportunidad y en lo atinente a su prisión preventiva, se valoraron las pautas regladas por el art. 221 del Código Procesal Penal Federal, la rebeldía que registrara en estas actuaciones, así como la condena a tres años y seis meses de prisión como autor del delito de portación ilegítima de arma de guerra,

    bajo la forma de prisión domiciliaria, que le fuera dictada el 18 de junio de 2021 en la causa 5304/2020-0 del Juzgado en lo Penal, Penal Juvenil Contravencional y de Faltas n° 3, entendiéndose verificado en el caso el riesgo de fuga.

    Asimismo y en virtud de lo solicitado por su asistencia, se encomendó

    …requerir los informes pertinentes y evaluar la viabilidad o no de aplicar en el caso la alternativa peticionada

    .

    III.a. La Oficina de Delegados Judiciales de esta Cámara produjo los informes datados el 23 de agosto y 20 de septiembre del corriente año.

    Ello fue valorado por el Dr. R.G. a cargo de la Fiscalía Federal n° 1. Indicó en su dictamen que “…el escenario que revelan las pruebas del informe, dejan en evidencia en este caso concreto una situación especial, que si bien no torna improcedente la alternativa solicitada, sí nos obliga a hacer una salvedad… atento a los extremos del contexto familiar descriptos; entiendo que para el presente caso es posible aplicar un arresto preventivo en su domicilio con vigilancia suficiente, instituto normado en el inciso ‘j’ del artículo 210 del C.P.P.F …”. Concluyó señalando que “…

    sin perjuicio de que la posibilidad de conceder tal beneficio es meramente potestativo del tribunal… el suscripto es de la opinión de que puede HACERSE LUGAR al beneficio impetrado por la defensa de Á. A.G.F..

    1. Para decidir como lo hizo, el Juez de grado -amén de lo ya reseñado- estimó las previsiones de los artículos 10 del Código Penal, 32 de la ley Fecha de firma: 19/10/2023

    Alta en sistema: 20/10/2023

    Firmado por: M.I., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: E.G.F., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: R.J.B., JUEZ DE CAMARA

    Firmado(ante mi) por: P.G.L., PROSECRETARIO DE CAMARA

    Poder Judicial de la Nación 24.660 y 314 del código de forma y, especialmente y atento lo esgrimido por la defensa al formular la petición, si la medida privativa de libertad afectaba los intereses de su hija menor de edad, arribando por las razones allí expuestas, a la decisión ahora a estudio.

    Cabe señalar que conforme surge del sistema Lex100, el 25 de septiembre del año en curso el Sr. Fiscal solicitó se decrete la clausura de la instrucción y se eleven los autos a juicio con relación a este encausado.

  4. Debe recordarse que la prisión domiciliaria -en los términos en que fue solicitada- no se concede de modo automático, sino que su otorgamiento debe ser evaluado en cada caso concreto para que no se vean frustrados los fines que llevaron a privar preventivamente de la libertad ambulatoria a la persona imputada. En tal sentido, el instituto tiene por objeto humanizar su cumplimiento,

    presentándose como una solución aceptable para aquellos supuestos en que el encierro carcelario implica un desmedro que va más allá de las restricciones USO OFICIAL

    inherentes a la detención.

    Ahora bien, más allá que el Ministerio Público Fiscal no se opuso a la concesión de la prisión domiciliaria en los términos en que se postuló, no obstante lo cual no recurrió la denegatoria dispuesta, en lo que atañe a situaciones en las que,

    como en el caso, se encuentra involucrada la situación de una menor de edad, este Tribunal ya ha sostenido -con una integración parcialmente distinta- que la procedencia del instituto en cuestión es facultativa de los jueces, y que ello no resulta incompatible con las disposiciones de la Convención sobre los Derechos del Niño que, si bien establece que éste debe crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres, también contempla la posibilidad de que los niños puedan ser separados de ellos como consecuencia de su detención (ver artículos 32 de la ley 24.660 y 3° de la citada Convención) -cfr. de esta Sala, CFP 472/18/8/CA5, rta.

    26.10.18, reg. n° 46.358; CFP 4512/19/27/CA9, rta. 30.10.19, reg. 48.276, entre otras-.

    Fecha de firma: 19/10/2023

    Alta en sistema: 20/10/2023

    Firmado por: M.I., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: E.G.F., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: R.J.B., JUEZ DE CAMARA

    Firmado(ante mi) por: P.G.L., PROSECRETARIO DE CAMARA

    Con arreglo a tales parámetros, la información reunida impide receptar favorablemente la solicitud en pugna.

    R. que los informes practicados con base a las entrevistas sostenidas con miembros del núcleo familiar del procesado, no revelan que los derechos y necesidades de la menor, quien se halla al cuidado de su madre, y además con la colaboración de familiares por ambas vías, se encuentren comprometidos.

    Y si bien se resaltan situaciones en que la niña extraña a su padre, las conclusiones arriba señaladas no se ven revertidas por las evaluaciones realizadas por la Defensoría de Menores y la Licenciada en Psicología

  5. S..

    Así, y sin desconocer el impacto afectivo que la detención de G. F.

    conlleva para su hija menor de edad, encontramos que los datos colectados no revelan circunstancias que habiliten, bajo este supuesto, la morigeración del arresto preventivo dispuesto.

    Por lo demás y con relación a G., aspecto sobre el que la asistencia hizo hincapié (ver punto IV “Medidas morigeradoras urgentes” y su memorial ante esta Alzada), lo cierto es que del propio informe de la delegada judicial y lo referido en esa ocasión por aquélla, no se deprende una causal que conduzca a revertir lo decidido en la anterior instancia.

    Finalmente, corresponde remarcar que el escenario que oportunamente llevó a confirmar el mantenimiento de su detención (cfr. lo reseñado en II.) no se ha visto modificado a la fecha. Tal extremo, aunado a lo demás aquí valorado, conduce a homologar la decisión bajo estudio.

    En tal sentido es nuestro voto.

    El Dr. R.J.B. dijo:

    Los extremos fácticos del caso fueron referenciados en el voto que antecede. La particularidad que aquí se presenta es que partes opuestas proponen idéntica solución de morigeración, la que no fue receptada por el tribunal de grado.

    Fecha de firma: 19/10/2023

    Alta en sistema: 20/10/2023

    Firmado por: M.I., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: E.G.F., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: R.J.B., JUEZ DE CAMARA

    Firmado(ante mi) por: P.G.L., PROSECRETARIO DE CAMARA

    Poder Judicial de la Nación Hasta aquí pareciera aplicarse el estándar que enuncié en diversos precedentes de esta Sala (ver CFP8353/2014/15/CA15, rta. 8.6.23, reg. n°

    51589; CFP 6145/2019/18/CA12, rta. 1.7.21, reg. n° 49.894, entre otras).

    Dije entonces que: “Del nuevo Código Procesal Penal Federal,

    fragmentado aún en su vigencia plena, se extraen los principios que lo informan.

    Así, el artículo 2 enumera los que hacen al proceso acusatorio, mientras que el artículo 25 establece que la acción pública es ejercida por el Ministerio Público Fiscal, sin perjuicio de las facultades que este Código le confiere a la víctima, y aquél debe iniciarla de oficio, siempre que no dependa de instancia privada. Por su parte, el artículo 90 sostiene que el Ministerio Público Fiscal tiene a su cargo la investigación de los delitos y la promoción de la acción penal pública contra los autores y partícipes, y en ese mismo dispositivo le impone la obligación de motivar sus requerimientos y resoluciones. Específicamente en lo que a la coerción refiere,

    el artículo 209 establece que tales medidas -y las cautelares- no podrán ser impuestas de oficio. El artículo 210 adjudica al fiscal y a la querella la facultad de solicitar al juez...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR