Incidente Nº 21 - IMPUTADO: RAMIREZ , DAMIAN MARIANO s/INCIDENTE DE EXCARCELACION

• Fecha: 12 Septiembre 2022
• Número de expediente: FCT 008949/2019/21/CA006
• Número de registro: 60

Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE CORRIENTES

FCT 8949/2019/21/CA6

Corrientes, doce de septiembre del dos mil veintidós.

Vistos: los autos caratulados “Incidente de excarcelación en autos:

R., D.M. p/ infracción ley 23.737” Expte. FCT

8949/2019/21/CA6 y su acumulado “Incidente de excarcelación en autos:

R., D.M. p/ infracción ley 23.737” Expte. N° FCT

8949/2019/49/CA21, del registro de este Tribunal, provenientes del Juzgado

Federal de Goya, Corrientes;

Y considerando:

1. Que ingresan estos obrados a la Alzada, en virtud de los recursos

   de apelación interpuestos por la Defensa Oficial, en representación del

   imputado D.M.R., contra las resoluciones Nº 174 de fecha

   02 de junio y Nº 307 del 12 de agosto, ambas del 2022, mediante las cuales la

   juez a quo resolvió, en términos similares, rechazar la excarcelación solicitada

   en favor del nombrado y las demás medidas de morigeración requeridas por la

   defensa (prisión domiciliaria).

   Para rechazar el pedido excarcelatorio en la resolución del 02 de

   junio, la juez a quo tuvo en cuenta que a R. se le atribuyen –prima

   facie los delitos de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización,

   agravado por el número de personas intervinientes (art. 5 inc. “c” y 11 inc. “c”

   de la ley 23.737), evasión tributaria y lavado de activos de origen delictivo

   (ley 37.430 y art. 303, inc. 1 y 2 apartado “a”), excluyéndose así la posibilidad

   de una eventual condenación condicional (art. 221 inc. b del CPPF).

   Asimismo, relevó que se hallan detenidas 15 personas, como

   resultado de los allanamientos realizados en los domicilios investigados, en los

   que se secuestraron gran cantidad de estupefacientes, dinero, armas y

   elementos de fraccionamiento.

   Resaltó la falta de acreditación de una fuente lícita de ingresos por

   parte de R. y la etapa prematura con pruebas pendientes de producción

   en la que se halla la investigación, la que según dijo podría conllevar a que

   Fecha de firma: 12/09/2022

   Firmado por: R.L.G., JUEZ DE CAMARA

   Firmado por: M.G.S., JUEZ DE CAMARA

   Firmado por: SELVA A.S., JUEZ DE CAMARA

   Firmado por: N.A.M., SECRETARIA DE CAMARA

   36644586#341299029#20220912112948783

   de recuperar su libertad el nombrado se ponga en contacto con los demás

   miembros de la organización aun no habidos, a los fines de entorpecer la

   investigación o bien, darse a la fuga.

   Finalmente, sostuvo que el tiempo de detención que viene

   cumpliendo el imputado (desde el 27 de mayo del 2022) no se vislumbra como

   irrazonable, encontrándose dentro de los parámetros establecidos en la ley Nº

   24.390 y destacó que las demás medidas coercitivas contenidas en el art. 210

   del CPPF aparecen como insuficientes para disminuir o eliminar los riesgos

   procesales aludidos.

   De la prisión domiciliaria requerida, sostuvo que tal solicitud

   tampoco puede prosperar, en tanto la situación de R. no encuadra en

   ninguna de las causales legales contenidas por el art. 10 del CP y 32 de la ley

   24.660. Asimismo, por cuanto tampoco se acreditó que el peticionante tuviera

   alguna patología de riesgo en relación al covid19 o que impida su tratamiento

   dentro de la unidad carcelaria. Citó basta doctrina y jurisprudencia.

   Por su parte, en la resolución de fecha 12 de agosto del corriente año,

   señaló que, al estar en iguales condiciones que al momento de resolver el

   anterior pedido de igual tenor, independientemente del “nomen iuris”

   utilizado, no corresponde conceder la excarcelación solicitada en favor de

   R.. Para ello, reprodujo in extenso y en términos similares, los

   argumentos brindados en oportunidad de expedirse en la resolución del 02 de

   junio, con basta cita jurisprudencial, resaltando que, tal como lo dijera esta

   Alzada en expediente FCT 14208/2018/2/CA3, los términos establecidos para

   resolver la situación procesal del imputado, son meramente ordenatorios.

2. Ante ello, la recurrente solicitó se revoquen, o bien, se anulen las

   resoluciones puestas en pugna, sobre la base de los siguientes agravios.

   En relación a la resolución de fecha 02 de junio, manifestó que la

   misma es arbitraria, irrazonada y nula por carencia de fundamentación (arts.

   123, 166, 168 CPPN), en tanto en no indica debidamente la existencia de un

   Fecha de firma: 12/09/2022

   Firmado por: R.L.G., JUEZ DE CAMARA

   Firmado por: M.G.S., JUEZ DE CAMARA

   Firmado por: SELVA A.S., JUEZ DE CAMARA

   Firmado por: N.A.M., SECRETARIA DE CAMARA

   36644586#341299029#20220912112948783

   Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE CORRIENTES

   FCT 8949/2019/21/CA6

   riesgo procesal concreto, así como tampoco valora las restantes medidas de

   morigeración, establecidas en el art. 210 del CPPF.

   Agregó que tanto la resolución puesta en crisis, como el dictamen

   fiscal, se limitaron a hacer referencia a la gravedad del delito investigado, la

   pena en expectativa, y a generalidades respecto a los peligros procesales,

   contradiciendo de esa forma lo establecido en los arts. 210, 220 y 221 del

   CPPF, tomándose a la prisión preventiva como regla, sin valorarse las

   condiciones personales de su representado, aludidas en el pedido liberatorio.

   En ese sentido, destacó que R. es de nacionalidad argentina,

   tiene 27 años y no registra antecedentes penales de ningún tipo; que reside en

   el Barrio 32 viviendas, mzna. 1, casa N° 6 de la ciudad de Esquina

   (Corrientes); que posee arraigo familiar junto a su madre; que tiene un hijo de

   dos años que vive con su progenitora; que es una persona de bajo recursos que

   vive de changas, las que le proporcionarían un ingreso mensual de

   aproximadamente 8/9 mil pesos; y que el país se encuentra paralizado y con

   exhaustivos controles a la movilidad en razón de la pandemia por Covid19.

   Finalmente, adujo que no se ha tratado el expreso pedido de que se

   fije un plazo a la prisión preventiva que viene cumpliendo el imputado,

   reiterando tal solicitud para el caso de que se confirme la resolución

   cuestionada, indicando que el plazo que eventualmente se fije no puede

   superar los 4 meses previstos para la duración de la instrucción (art. 207 del

   CPPN). Citó doctrina, jurisprudencia y normativa constitucional. Hizo reserva

   de la cuestión federal.

   Respecto de la resolución del 12 de agosto, sostuvo que la juez a quo

   recondujo arbitrariamente la presentación efectuada por su parte,

   considerándola un pedido excarcelatorio, cuando en la misma suma del escrito

   presentado, se solicitaba la inmediata libertad de R...