Sentencia de CAMARA FEDERAL DE CORRIENTES, 13 de Marzo de 2023, expediente FCT 007639/2019/20/CA009

Fecha de Resolución13 de Marzo de 2023
EmisorCAMARA FEDERAL DE CORRIENTES

Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE CORRIENTES

FCT 7639/2019/20/CA9

Corrientes, trece de marzo de dos mil veintitrés.

Vistos: los autos caratulados “Incidente de excarcelación en autos:

M., V.A. p/ infracción ley 23.737” Expte. Nº 7639/2019/20/CA9 y

el “Incidente de excarcelación en autos: M., V.A., p/ infracción ley

23.737” Expte. Nº 7639/2019/29/CA13 del registro de este Tribunal,

provenientes del Juzgado Federal de Goya, Corrientes;

Y considerando:

  1. Que ingresan estos obrados a la Alzada, en virtud de los recursos de

    apelación interpuestos por la Defensa Oficial, en representación del imputado

    V.A.M., contra las resoluciones Nº 460 de fecha 23 de noviembre

    y la S/N de fecha 08 de diciembre, ambas del 2022, mediante las cuales la juez

    a quo resolvió rechazar la excarcelación y –en la Resol. Nº 460 también la

    prisión domiciliaria solicitadas en favor del nombrado, los que serán tratados

    conjuntamente.

    Para rechazar el pedido excarcelatorio en la resolución del 23 de

    noviembre, la juzgadora tuvo en cuenta que a M. se le atribuye –prima

    facie el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización,

    agravado por el número de personas intervinientes, en calidad de coautor

    material, excluyéndose así la posibilidad de una eventual condena de

    ejecución condicional (art. 221 inc. b del CPPF y 316 del CPPN). Asimismo,

    manifestó que, por regla general, el delito cometido por varios intervinientes

    revela un ilícito más grave en tanto representa un aumento del poder ofensivo

    y destacó, además, los recursos económicos con los que habitualmente

    cuentan las organizaciones dedicadas al comercio de sustancia ilícita.

    A su turno, dijo que la etapa primigenia en la que se halla la

    investigación, podría conllevar a que de recuperar su libertad el nombrado

    oculte o destruya pruebas aún pendientes de realización (v.gr. pericia

    telefónica), de vital importancia para la pesquisa (art. 222 inc. “a” CPPF) y se

    ponga en contacto con los demás miembros de la organización aún no habidos.

    Fecha de firma: 13/03/2023

    Firmado por: M.G.S., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: SELVA A.S., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: R.L.G., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: N.A.M., SECRETARIA DE CAMARA

    Finalmente, sostuvo que el tiempo de detención que viene cumpliendo

    el imputado (desde el 18 de noviembre del 2022) no se vislumbra como

    irrazonable y se encuentra dentro de los parámetros establecidos en la ley

    24.390.

    En cuanto a la morigeración de la prisión preventiva solicitada,

    entendió que las medidas previstas en el art. 210 del CPPF, aparecen como

    insuficientes para disminuir o eliminar los riesgos procesales –a su criterio

    existentes en el caso. Sobre ello, expresó que el arraigo con el que contaría el

    imputado no elimina el riesgo de fuga en su totalidad y, a su vez, destacó que

    el nombrado posee amplios antecedentes penales computables, que

    demostrarían –según dijo su comportamiento reincidente.

    Finalmente, alegó que no se encuentra acreditado que los hijos

    menores de Monge estén en un estado de abandono o que el nombrado

    presente algún problema de salud que impida su detención, pudiendo –en caso

    de ser necesario ser trasladado al nosocomio más cercano a los fines de

    obtener atención médica.

    A su turno, en la resolución del 08 de diciembre del 2022, la juez a

    quo señaló la falta de eficacia y eficiencia del planteo formulado por la

    defensa, alegando que, en caso de considerar a la detención sufrida por el

    imputado como arbitraria o ilegal, la vía dispuesta para su cuestionamiento es

    la acción de hábeas corpus, y no un planteo sui géneris que no hace más que

    generar una sobrecarga en los actuarios. Por lo demás, reprodujo in extenso y

    en términos similares, los argumentos brindados en oportunidad de expedirse

    en la resolución del 23 de noviembre y detalló los antecedentes penales con

    los que cuenta el imputado.

  2. Ante ello, la recurrente solicitó se revoquen, o bien, se anulen las

    resoluciones puestas en pugna, sobre la base de los siguientes agravios.

    En relación a la resolución del 23 de noviembre, manifestó que la

    misma es arbitraria, irrazonada y nula por carencia de fundamentación (arts.

    Fecha de firma: 13/03/2023

    Firmado por: M.G.S., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: SELVA A.S., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: R.L.G., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: N.A.M., SECRETARIA DE CAMARA

    Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE CORRIENTES

    FCT 7639/2019/20/CA9

    123, 166, 168 CPPN), en tanto no indica debidamente la existencia de un

    riesgo procesal concreto, ni valora las restantes medidas de morigeración

    establecidas en el art. 210 del CPPF.

    Agregó que tanto la resolución puesta en crisis, como el dictamen

    fiscal, se limitaron a hacer referencia a la gravedad del delito investigado, la

    pena en expectativa y a generalidades respecto a los peligros procesales,

    contradiciendo así lo establecido en los arts. 210, 220 y 221 del CPPF,

    tomándose a la prisión preventiva como regla, sin valorarse las condiciones

    personales de su representado, aludidas en el pedido liberatorio.

    En ese sentido, destacó que M. tiene arraigo por su residencia

    habitual y no cuenta con facilidades para abandonar el país, resaltando,

    además, su buen comportamiento durante el procedimiento y la circunstancia

    de que no proporcionó falsa información sobre su identidad o domicilio.

    Finalmente, adujo que no se ha tratado el expreso pedido de que se fije

    un plazo a la prisión preventiva que viene cumpliendo el imputado, reiterando

    tal solicitud para el caso de que se confirme la resolución cuestionada,

    indicando que el plazo que eventualmente se fije no puede superar los 4 meses

    previstos para la duración de la instrucción (art. 207 del CPPN). Citó doctrina,

    jurisprudencia y normativa constitucional. Hizo reserva de la cuestión federal.

    Respecto de la resolución del 08 de diciembre cuya revocación o

    nulidad también solicitó sostuvo que la juez a quo recondujo arbitrariamente

    la presentación efectuada por su parte, considerándola un pedido

    excarcelatorio, cuando en la misma suma del escrito presentado, se solicitaba

    la inmediata libertad de M., aclarándose que no era un pedido de

    excarcelación, por cuanto su situación procesal no se encontraba resuelta.

    Dijo, incluso, que la resolución recurrida no es más que una copia de la

    resolución que rechazó el pedido de excarcelación, dado que en ella se

    menciona una denegatoria de prisión domiciliaria, no solicitada por su parte en

    esa oportunidad.

    Fecha de firma: 13/03/2023

    Firmado por: M.G.S., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: SELVA A.S., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: R.L.G., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: N.A.M., SECRETARIA DE CAMARA

    Por lo demás, agregó que, incluso cuando, al resolverse el planteo

    impugnativo, la situación procesal de su asistido se encontrara resuelta, el

    planteo no puede ser declarado abstracto, debiendo ser objeto de tratamiento

    por parte de este Tribunal.

    Consecuentemente, dijo que la juzgadora, para hacer cesar la detención

    del imputado, debió guiarse por el plazo del art. 309 del CPPN, no pudiendo

    detener provisoria y precariamente a una persona que solo ha sido indagada, lo

    que aquí señaló ha sucedido, como consecuencia de “reconducir” el trámite

    más allá del nomen iuris.

    Por último, expresó que los argumentos utilizados, además de

    corresponderse, en todo caso, con una denegatoria de excarcelación, son tan

    solo aparentes, sin adecuarse al caso concreto, violándose así el art. 123 del

    CPPN. A su vez, agregó que, al no haber resolución de mérito respecto de su

    defendido, la detención del mismo deviene ilegal. Citó basta jurisprudencia y

    normativa internacional en apoyo de sus dichos.

  3. Contestada la vista conferida en el marco de los incidentes Nº 20 y

    N° 29, el Fiscal General subrogante ante esta Alzada, manifestó su no

    adhesión a los recursos interpuestos, sobre la base de la existencia de peligros

    procesales (arts. 221 y 222 CPPF).

    Por su parte, la Defensora de Menores, al contestar la vista conferida

    en el marco del incidente N° 20, manifestó su no oposición a la concesión de

    la medida solicitada, teniendo especialmente en cuenta el informe

    socioambiental agregado que constata la extrema vulnerabilidad del grupo

    familiar. Asimismo, en virtud del principio de intrascendencia de la pena a

    terceros (art. 5.3 CADH), la Convención de los Derechos del Niño y las 100

    Reglas de Brasilia sobre el Acceso a la Justicia de personas en Condición de

    Vulnerabilidad 2, que incluye a los niños, niñas y adolescentes dentro de los

    sujetos vulnerables.

    Fecha de firma: 13/03/2023

    Firmado por: M.G.S., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: SELVA A.S., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: R.L.G., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: N.A.M., SECRETARIA DE CAMARA

    Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE CORRIENTES

    FCT 7639/2019/20/CA9

    No obstante, al contestar la vista conferida en el marco del incidente

    N° 29, manifestó que no corresponde su intervención, atento a que no se

    advierte que se encuentren comprometidos los derechos o intereses de un niño,

    niña y/o adolescente (Cfr. art. 43 de la ley 27.149 y Res. DGN 327/22).

  4. La audiencia prevista en el art. 454 CPPN, fue celebrada el 06 de

    marzo del 2023, bajo modalidad virtual, mediante el Sistema del Poder

    Judicial de la Nación.

    En primer lugar, la defensa del imputado manifestó el sostenimiento y

    ratificación del recurso de apelación oportunamente incoado. Sin perjuicio de

    ello, insistió en la nulidad de la resolución recurrida, con el argumento de falta

    de fundamentación (art. 123 CPPN), por cuanto –según dijo el a quo abordó

    los riesgos procesales y las condiciones personales de M. en forma

    genérica, sin atender a las pautas fijadas por los arts. 221 y 222 del CPPF.

    Relevó, asimismo, el informe socioambiental realizado a su

    requerimiento y las condiciones personales de su asistido que surgen del

    mismo, así como su estado de salud y el de uno de sus hijos menores.

    ...

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