Incidente Nº 20 - IMPUTADO: MONGE, VICTOR ARIEL s/INCIDENTE DE EXCARCELACION

• Fecha: 13 Marzo 2023
• Número de expediente: FCT 007639/2019/20/CA009
• Número de registro: 631

Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE CORRIENTES

FCT 7639/2019/20/CA9

Corrientes, trece de marzo de dos mil veintitrés.

Vistos: los autos caratulados “Incidente de excarcelación en autos:

M., V.A. p/ infracción ley 23.737” Expte. Nº 7639/2019/20/CA9 y

el “Incidente de excarcelación en autos: M., V.A., p/ infracción ley

23.737” Expte. Nº 7639/2019/29/CA13 del registro de este Tribunal,

provenientes del Juzgado Federal de Goya, Corrientes;

Y considerando:

1. Que ingresan estos obrados a la Alzada, en virtud de los recursos de

   apelación interpuestos por la Defensa Oficial, en representación del imputado

   V.A.M., contra las resoluciones Nº 460 de fecha 23 de noviembre

   y la S/N de fecha 08 de diciembre, ambas del 2022, mediante las cuales la juez

   a quo resolvió rechazar la excarcelación y –en la Resol. Nº 460 también la

   prisión domiciliaria solicitadas en favor del nombrado, los que serán tratados

   conjuntamente.

   Para rechazar el pedido excarcelatorio en la resolución del 23 de

   noviembre, la juzgadora tuvo en cuenta que a M. se le atribuye –prima

   facie el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización,

   agravado por el número de personas intervinientes, en calidad de coautor

   material, excluyéndose así la posibilidad de una eventual condena de

   ejecución condicional (art. 221 inc. b del CPPF y 316 del CPPN). Asimismo,

   manifestó que, por regla general, el delito cometido por varios intervinientes

   revela un ilícito más grave en tanto representa un aumento del poder ofensivo

   y destacó, además, los recursos económicos con los que habitualmente

   cuentan las organizaciones dedicadas al comercio de sustancia ilícita.

   A su turno, dijo que la etapa primigenia en la que se halla la

   investigación, podría conllevar a que de recuperar su libertad el nombrado

   oculte o destruya pruebas aún pendientes de realización (v.gr. pericia

   telefónica), de vital importancia para la pesquisa (art. 222 inc. “a” CPPF) y se

   ponga en contacto con los demás miembros de la organización aún no habidos.

   Fecha de firma: 13/03/2023

   Firmado por: M.G.S., JUEZ DE CAMARA

   Firmado por: SELVA A.S., JUEZ DE CAMARA

   Firmado por: R.L.G., JUEZ DE CAMARA

   Firmado por: N.A.M., SECRETARIA DE CAMARA

   37271783#360625315#20230313115810474

   Finalmente, sostuvo que el tiempo de detención que viene cumpliendo

   el imputado (desde el 18 de noviembre del 2022) no se vislumbra como

   irrazonable y se encuentra dentro de los parámetros establecidos en la ley

   24.390.

   En cuanto a la morigeración de la prisión preventiva solicitada,

   entendió que las medidas previstas en el art. 210 del CPPF, aparecen como

   insuficientes para disminuir o eliminar los riesgos procesales –a su criterio

   existentes en el caso. Sobre ello, expresó que el arraigo con el que contaría el

   imputado no elimina el riesgo de fuga en su totalidad y, a su vez, destacó que

   el nombrado posee amplios antecedentes penales computables, que

   demostrarían –según dijo su comportamiento reincidente.

   Finalmente, alegó que no se encuentra acreditado que los hijos

   menores de Monge estén en un estado de abandono o que el nombrado

   presente algún problema de salud que impida su detención, pudiendo –en caso

   de ser necesario ser trasladado al nosocomio más cercano a los fines de

   obtener atención médica.

   A su turno, en la resolución del 08 de diciembre del 2022, la juez a

   quo señaló la falta de eficacia y eficiencia del planteo formulado por la

   defensa, alegando que, en caso de considerar a la detención sufrida por el

   imputado como arbitraria o ilegal, la vía dispuesta para su cuestionamiento es

   la acción de hábeas corpus, y no un planteo sui géneris que no hace más que

   generar una sobrecarga en los actuarios. Por lo demás, reprodujo in extenso y

   en términos similares, los argumentos brindados en oportunidad de expedirse

   en la resolución del 23 de noviembre y detalló los antecedentes penales con

   los que cuenta el imputado.

2. Ante ello, la recurrente solicitó se revoquen, o bien, se anulen las

   resoluciones puestas en pugna, sobre la base de los siguientes agravios.

   En relación a la resolución del 23 de noviembre, manifestó que la

   misma es arbitraria, irrazonada y nula por carencia de fundamentación (arts.

   Fecha de firma: 13/03/2023

   Firmado por: M.G.S., JUEZ DE CAMARA

   Firmado por: SELVA A.S., JUEZ DE CAMARA

   Firmado por: R.L.G., JUEZ DE CAMARA

   Firmado por: N.A.M., SECRETARIA DE CAMARA

   37271783#360625315#20230313115810474

   Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE CORRIENTES

   FCT 7639/2019/20/CA9

   123, 166, 168 CPPN), en tanto no indica debidamente la existencia de un

   riesgo procesal concreto, ni valora las restantes medidas de morigeración

   establecidas en el art. 210 del CPPF.

   Agregó que tanto la resolución puesta en crisis, como el dictamen

   fiscal, se limitaron a hacer referencia a la gravedad del delito investigado, la

   pena en expectativa y a generalidades respecto a los peligros procesales,

   contradiciendo así lo establecido en los arts.210, 220 y 221 del CPPF,

   tomándose a la prisión preventiva como regla, sin valorarse las condiciones

   personales de su representado, aludidas en el pedido liberatorio.

   En ese sentido, destacó que M. tiene arraigo por su residencia

   habitual y no cuenta con facilidades para abandonar el país, resaltando,

   además, su buen comportamiento durante el procedimiento y la circunstancia

   de que no proporcionó falsa información sobre su identidad o domicilio.

   Finalmente, adujo que no se ha tratado el expreso pedido de que se fije

   un plazo a la prisión preventiva que viene cumpliendo el imputado, reiterando

   tal solicitud para el caso de que se confirme la resolución cuestionada,

   indicando que el plazo que eventualmente se fije no puede superar los 4 meses

   previstos para la duración de la instrucción (art. 207 del CPPN). Citó doctrina,

   jurisprudencia y normativa constitucional. Hizo reserva de la cuestión federal.

   Respecto de la resolución del 08 de diciembre cuya revocación o

   nulidad también solicitó sostuvo que la juez a quo recondujo arbitrariamente

   la presentación efectuada por su parte, considerándola un pedido

   excarcelatorio, cuando en la misma suma del escrito presentado, se solicitaba

   la inmediata libertad de M., aclarándose que no era un pedido de

   excarcelación, por cuanto su situación procesal no se encontraba resuelta.

   Dijo, incluso, que la resolución recurrida no es más que una copia de la

   resolución que rechazó el pedido de excarcelación, dado que en ella se

   menciona una denegatoria de prisión domiciliaria, no solicitada por su parte en

   esa oportunidad.

   Fecha de firma: 13/03/2023

   Firmado por: M.G.S., JUEZ DE CAMARA

   Firmado por: SELVA A.S., JUEZ DE CAMARA

   Firmado por: R.L.G., JUEZ DE CAMARA

   Firmado por: N.A.M., SECRETARIA DE CAMARA

   37271783#360625315#20230313115810474

   Por lo demás, agregó que, incluso cuando, al resolverse el planteo

   impugnativo, la situación procesal de su asistido se encontrara resuelta, el

   planteo no puede ser declarado abstracto, debiendo ser objeto de tratamiento

   por parte de este Tribunal.

   Consecuentemente, dijo que la juzgadora, para hacer cesar la detención

   del imputado, debió guiarse por el plazo del art. 309 del CPPN, no pudiendo

   detener provisoria y precariamente a una persona que solo ha sido indagada, lo

   que aquí señaló ha sucedido, como consecuencia de “reconducir” el trámite

   más allá del nomen iuris.

   Por último, expresó que los argumentos utilizados, además de

   corresponderse, en todo caso, con una denegatoria de excarcelación, son tan

   solo aparentes, sin adecuarse al caso concreto, violándose así el art. 123 del

   CPPN. A su vez, agregó que, al no haber resolución de mérito respecto de su

   defendido, la detención del mismo deviene ilegal. Citó basta jurisprudencia y

   normativa internacional en apoyo de sus dichos.

3. Contestada la vista conferida en el marco de los incidentes Nº 20 y

   N° 29, el Fiscal General subrogante ante esta Alzada, manifestó su no

   adhesión a los recursos interpuestos, sobre la base de la existencia de peligros

   procesales (arts. 221 y 222CPPF).

   Por su parte, la Defensora de Menores, al contestar la vista conferida

   en el marco del incidente N° 20, manifestó su no oposición a la concesión de

   la medida solicitada, teniendo especialmente en cuenta el informe

   socioambiental agregado que constata la extrema vulnerabilidad del grupo

   familiar. Asimismo, en virtud del principio de intrascendencia de la pena a

   terceros (art. 5.3CADH), la Convención de los Derechos del Niño y las 100

   Reglas de Brasilia sobre el Acceso a la Justicia de personas en Condición de

   Vulnerabilidad 2, que incluye a los niños, niñas y adolescentes dentro de los

   sujetos vulnerables.

   Fecha de firma: 13/03/2023

   Firmado por: M.G.S., JUEZ DE CAMARA

   Firmado por: SELVA A.S., JUEZ DE CAMARA

   Firmado por: R.L.G., JUEZ DE CAMARA

   Firmado por: N.A.M., SECRETARIA DE CAMARA

   37271783#360625315#20230313115810474

   Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE CORRIENTES

   FCT 7639/2019/20/CA9

   No obstante, al contestar la vista conferida en el marco del incidente

   N° 29, manifestó que no corresponde su intervención, atento a que no se

   advierte que se encuentren comprometidos los derechos o intereses de un niño,

   niña y/o adolescente (Cfr.art. 43 de la ley 27.149 y Res. DGN 327/22).

4. La audiencia prevista en el art. 454CPPN, fue celebrada el 06 de

   marzo del 2023, bajo modalidad virtual, mediante el Sistema del Poder

   Judicial de la Nación.

   En primer lugar, la defensa del imputado manifestó el sostenimiento y

   ratificación del recurso de apelación oportunamente incoado. Sin perjuicio de

   ello, insistió en la nulidad de la resolución recurrida, con el argumento de falta

   de fundamentación (art. 123CPPN), por cuanto –según dijo el a quo abordó

   los riesgos procesales y las condiciones personales de M. en forma

   genérica, sin atender a las pautas fijadas por los arts.221 y 222 del CPPF.

   Relevó, asimismo, el informe socioambiental realizado a su

   requerimiento y las condiciones personales de su asistido que surgen del

   mismo, así como su estado de salud y el de uno de sus hijos menores.

   ...