Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 3, 30 de Noviembre de 2016, expediente CFP 008060/2011/TO01/2

Fecha de Resolución30 de Noviembre de 2016
EmisorTRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 3

Año del B. de la Declaración de la Independencia Nacional Poder Judicial de la Nación TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 3 CFP 8060/2011/TO1/2 Causa n° 1445/12. “M., A.F. s/ inf. arts.

292 y 289, inc. 3°, del CP”.

R.. n° 7040 Buenos Aires, 30 de noviembre de 2016.

VISTOS

Y CONSIDERANDO QUE:

  1. ) A fs. 78/88, la señora defensora de F.A.M. tachó de nula, por diversas razones, la sanción impuesta a aquél el 18 de mayo del año en curso, en el marco del expediente n° 2665, en orden a las infracciones previstas en el art. 18, incs. “b” y “e”, del Reglamento de Disciplina para los Internos (v. fs. 69/70).

    En primer lugar, entendió incumplido el deber de fundamentación de las resoluciones, en tanto no habrían sido objeto de valoración las pruebas y el descargo producidos. Adujo también que no se otorgó la oportunidad de controlar la prueba de cargo, mientras que la debilidad de los testimonios de los agentes penitenciarios suscitaba dudas concretas sobre el real desarrollo de los hechos.

    En segundo término, se refirió a la prohibición de dictar sanciones colectivas, dado que la conducta reprochada a su asistido y a otro interno consistiría en “forzar el tejido metálico perimetral”, sin especificar de manera precisa el accionar de cada uno de ellos y haciendo uso de términos vagos, imprecisos o directamente inexistentes.

    En subsidio, la defensa pública oficial postuló la inconstitucionalidad del decreto 18/97 en que se Fecha de firma: 30/11/2016 Firmado por: F.M.M.P., JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: TOMAS ANDERSON, SECRETARIO DE JUZGADO #28761752#167387278#20161207085927089 basó la sanción, con la correspondiente reserva del caso federal.

    Puntualizó que el Reglamento de Disciplina para los Internos no contemplaba la obligatoriedad de una asistencia letrada oportuna, efectiva y sustancial, en desmedro del debido proceso y la garantía de defensa en juicio.

    Agregó, con cita del art. 30 del Pacto de San José de Costa Rica y la Opinión Consultiva 6/86 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que la normativa resultaba violatoria del principio de legalidad ya que, por sus implicancias sobre el cumplimiento de la pena, el régimen sancionatorio debió ser determinado mediante una ley en sentido estricto.

    Por último, alegó la conculcación de la garantía de imparcialidad, debido a que los procedimientos son instados y decididos por funcionarios del Servicio Penitenciario Federal.

  2. ) Del mismo modo, a fs. 89/100, la representación técnica de M. requirió que se declare nula la sanción fijada al nombrado el 16 de junio pasado, en el sumario n° 3551, en función del tipo disciplinario establecido en el art. 16, inc. “i”, del decreto 18/97 (v.

    fs. 23/4). Primero, argumentó que la decisión no satisfacía, aún mínimamente, la exigencia de motivación, a punto tal que el director del establecimiento no advirtió

    que no surgía una cronología lógica de las probanzas del expediente, al tiempo que sólo se contaba con la declaración de un testigo.

    Fecha de firma: 30/11/2016 Firmado por: F.M.M.P., JUEZ FEDERAL Firmado(ante mi) por: TOMAS ANDERSON, SECRETARIO DE JUZGADO #28761752#167387278#20161207085927089 Año del B. de la Declaración de la Independencia Nacional Poder Judicial de la Nación TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 3 CFP 8060/2011/TO1/2 Luego, puso de resalto que las actas labradas por los agentes penitenciarios no observaban las formalidades exigidas por el art. 138 del Código Procesal Penal de la Nación —ley 23.894—; concretamente, el requisito de ajenidad de los deponentes a la repartición de que se trata.

    Se agravió además por el supuesto incumplimiento del plazo estipulado para la comunicación de las sanciones, en tanto las copias del expediente que culminó en la disposición apelada fueron remitidas el 27 de junio, actuación que no sería eximida por la suspensión de efectos de la medida, ordenada por este Tribunal a instancia de parte.

    Finalmente, reprodujo las críticas a la adecuación constitucional del reglamento aplicable y dejó

    planteada la cuestión federal.

  3. ) Que, a fs. 102/8, el señor fiscal dictaminó que no debía hacerse lugar a las pretensiones.

    Para ello, estimó que no se verificaba defecto alguno que ameritara la anulación pretendida en el trámite disciplinario, habida cuenta de que se ajustó a las previsiones vigentes, fueron acreditados los hechos cometidos por el interno y notificadas la formación del sumario así como su...

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