Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2, 28 de Marzo de 2023, expediente CFP 008074/2018/2/CA002

Fecha de Resolución28 de Marzo de 2023
EmisorCAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2

Poder Judicial de la Nación CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2

CFP 8074/2018/2/CA2

CCCF - Sala 2

CFP 8074/2018/2/CA2

Gulian, J.R. s/

rechazo de prescripción

Jdo. nro. 5 – S.. nro. 10

Buenos Aires, 28 de marzo de 2023.

VISTOS

Y CONSIDERANDO:

  1. Las presentes actuaciones vienen a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por la defensa de J.R.G. contra el auto que rechazó que hubiera operado la prescripción de la acción dirigida en su contra y la declaró vigente.

  2. Ante todo cabe recordar que en esta causa se investiga a una serie de funcionarios de la ANSES que habrían incumplido la ley 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y su decreto reglamentario 1344/07, así como las resoluciones DEA 258 del 27 de marzo de 2008 y DEA 232 del 24 de abril de 2014 y la Circular FINA 05-15, en lo concerniente a las erogaciones de distintos fondos rotatorios correspondientes a diversas obras de construcción, reparación y/o mantenimiento efectuadas en instalaciones pertenecientes al citado organismo, “interesándose en miras de un beneficio respecto de la compañía AlfaPiano [de la que resulta titular el también imputado G.A.B., adjudicataria en dichas contrataciones, en pugna con compañías inexistentes, con la intención de favorecer indebidamente a dicha empresa y defraudar las arcas públicas”.

    Tales sucesos fueron calificados en el auto apelado como constitutivos de los delitos de los artículos 172, 174, inciso 5,

    y 292 del Código Penal.

  3. En la apelación y en su memorial, la recurrente señaló que el fundamento de la imputación de su asistido eran facturas y remitos de julio y septiembre de 2015 y enero de 2016, relativos a los fondos rotatorios 7, 13, 20, 27, 32, 38, 52 y 44, las que no fueron abonadas.

    Fecha de firma: 28/03/2023

    Alta en sistema: 29/03/2023

    Firmado por: M.I., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: E.G.F., JUEZ DE CAMARA

    Firmado(ante mi) por: G.G.M., SECRETARIO DE CÁMARA

    Sostuvo que los hechos se subsumirían en los artículos 42, 54, 172 y 174, inciso 5, del Código Penal, por lo que el plazo de prescripción sería de tres años, el que se había verificado.

    Manifestó además que el llamado a indagatoria del 16 de abril de 2019, que nunca se notificó, no tenía efecto, pues la misma se había realizado el 30 de septiembre de 2022. Si a ello se agregaba que el imputado había cesado en la función pública en diciembre de 2015,

    de hecho había transcurrido el plazo de seis años del delito consumado.

    Por otra parte, dijo que las conductas descriptas no encuadraban en la competencia específica de su asistido y que su unidad actuaba como requirente de compras y contrataciones, pero no participaba en su proceso de elección.

    De otro costado, afirmó que la continuación de otros imputados en cargos públicos no podía ser considerada, porque ello sólo podía tener lugar si se demostrara una posibilidad efectiva de obstaculizar la investigación, además de representar un derecho penal de autor y no de acto.

    En ese sentido, sostuvo que la extensión a particulares del artículo 67, segundo párrafo, del Código Penal, era inconstitucional por violación a los artículos 16 y 18 de la Constitución Nacional.

  4. Ante todo, dejando de lado los argumentos que se refieren a la defensa de fondo, que escapan al acotado tema de discusión de este incidente, y en relación a la tacha de inconstitucionalidad,

    entiende el Tribunal que la parte no ha ofrecido argumento alguno que permita apreciar la supuesta irracionabilidad que exhibiría la norma cuestionada o su interpretación en el caso, los motivos que la enfrentarían a la Constitución Nacional ni la contradicción que existiría entre ella y los principios invocados.

    En este sentido, la regla del artículo 67, segundo párrafo, del Código Penal pretende implicar diferencias en casos donde existen funcionarios públicos involucrados de los que sólo se refieren a simples particulares. Sin embargo, esas discrepancias obedecen a las evidentemente distintas circunstancias en que se encuentra uno y otro, sin que la escogida resulte una categoría sospechosa para realizar distingos (Corte Suprema de Justicia de la Nación, Fallos 16:118, “Criminal c/

    Fecha de firma: 28/03/2023

    Alta en sistema: 29/03/2023

    Firmado por: M.I., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: E.G.F., JUEZ DE CAMARA

    Firmado(ante mi) por: G.G.M., SECRETARIO DE CÁMARA

    Poder Judicial de la Nación CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2

    CFP 8074/2018/2/CA2

    Olivar”, Fallos 153:67, “Caille”, entre muchos otros, y Corte Interamericana de Derechos Humanos, OC-4/84, par. 56 y ss.).

    Ante un cuadro semejante, procede recordar que la misma Corte ha establecido que el interesado en la declaración de inconstitucionalidad de...

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